APDN

(APe).- Lo primero que hay que definir es el tiempo verbal que se va a utilizar. ¿Se escribe, por ejemplo: “Luciano tenía 16 años…”, o se prefiere: “Luciano tiene 17 años”? En la noche del 30 al 31 de enero de 2009, Luciano Nahuel Arruga tenía 16 años. Esa fue la última vez que su mamá lo vio, cuando la saludó porque iba a salir un rato, y ella le dijo como casi universalmente les dicen las madres a sus hijos adolescentes: Ojo, eh? Portate bien…; y Luciano le respondió lo que casi universalmente responden los hijos adolescentes: Sí, má. Quedate tranquila, está todo bien.
Y nunca más lo vi, dice su mamá.
A partir de allí, empiezan las dificultades con los tiempos verbales.
Hace un año y unos días que ni la madre de Luciano, ni su hermana Vanesa, ni el resto de su familia, ni sus amigos del barrio, saben dónde está. Quién quiera puede visitar la página lucianoarrugadesaparecido.blogspot.com Allí se explica con precisión cómo Luciano había sido tentado por la policía para robar; cómo había sido golpeado en el Destacamento de Lomas del Mirador, un lugar con aspecto de casa de barrio, donde lo tuvieron detenido ilegalmente durante horas en una cocina, en setiembre de 2008; cómo se perdieron cuarenta y cinco días preciosos, los primeros después de su desaparición, por la inacción judicial encarnada en la fiscal Roxana Castelli, luego suplantada por la fiscal Celia Cejas, que sí se orientó hacia la pista policial, pero que no encontró elementos para imputar por la desaparición de Luciano a ningún policía. Los que habían sido puestos en disponibilidad, volvieron a sus puestos por orden del ministro de seguridad Carlos Stornelli. Daniel Scioli, tan preocupado por la seguridad de los bonaerenses, jamás recibió a la familia y a los amigos de Luciano, bonaerenses que a los ojos del gobernador, parecen no alcanzar el rango de víctimas aceptables como para que decida atenderlos.

El 29 de febrero de 2009, Luciano cumplió/cumpliría 17 años. En pocos días más, Luciano alcanzará/alcanzaría, su mayoría de edad.
Pero está desaparecido. No es uno de los 30.000 de la dictadura. Es, como Jorge Julio López, un desaparecido en democracia. La desaparición de Luciano, como la de Julio López, debería ser un escándalo cotidiano, pero apenas si consigue algunas notas de aniversario, en las que ni siquiera sabemos cómo hablar de él.

Sólo repetir: Aparición con vida!

(APe).- Desde que tenía apenas unos 6 años los pibes del barrio lo empezaron a llamar “el Ratón”. Pasaron muchos años desde aquel bautismo de prepo. Ahora ya ronda los 18 y ya nadie se acuerda de que alguna vez, cuando todavía estaba en la panza de su mamá, lo soñaron Alejandro. Con un destino magno que nunca llegó. El siempre fue y será “el Ratón” para todos. Cargando con un apodo que le asestaron por esa altura siempre escasa, la melena renegrida y salvaje y la histórica manía de andar corriendo, como queriendo escapar. Todo el tiempo. Fugando quién sabe de qué dolores de ese barrio al que alguien, en la ciudad, llamó “El Progreso” como una ácida ironía de un lugar anclado en la exclusión más honda.

Su mamá, la Rosa, tuvo desde siempre y sin saberlo una pertenencia de fuego. Es parte de ese colectivo de madres que se ubican hoy en el 37 por ciento de mujeres en edad fértil hundidas en la pobreza o la indigencia. Una investigación de la ONG “Observatorio de la Maternidad” reveló que 2.943.371 mujeres, de entre 19 y 49 años de edad, habitan en los principales centros urbanos argentinos. Y de ellas “el 28,6 por ciento es pobre y el 9,1 por ciento es indigente”.

Pero además, el mismo informe resaltó que “la transmisión intergeneracional de la pobreza comienza en el hogar. Las y los hijos de madres y padres pobres tienen una alta probabilidad de ser pobres, y las y los niños que crecen en hogares pobres, incluyendo los hogares encabezados por mujeres, crecerán y replicarán estas condiciones”.

Ni “el Ratón” ni la Rosa saben que llegaron marcados por el estigma de pertenencia a esa estadística que no perdona. Que no deja margen alguno para volar hacia otras tierras menos crueles. Predestinados a la resignación o al odio por ese karma devenido sistémico. Nacidos y empujados a los abismos en geografías que repiten la historia una y otra vez en un círculo que se parece demasiado a un sino feroz.

“Es como llevar una cruz encima, ¿no? La cargó mi mamá y la voy a cargar yo también. Tiene que ser así”, dice resignadamente Romina, con sus 15, mientras ve rondar los dolores de su madre sobre sí misma como un fantasma que la busca y la seduce. Como una araña que va tejiendo su tela en la que espera pacientemente que se pose su enemigo para atraparlo y luego devorarlo impiadosamente.

El informe del Observatorio de la Maternidad desnuda que “las mujeres que son madres en Argentina se encuentran en una condición social de mayor vulnerabilidad” con respecto a las que “están en la misma situación”, son “jefas de hogar o cónyuges pero no tienen hijas o hijos”. Y recordó que en “el período 2003-2006”, el 39,9 por ciento de las madres eran pobres, una cifra que caía al 8,6 frente a las mujeres sin hijos.

Las inequidades de un país que empuja a los acantilados de la nada a millones que juntan desde los márgenes las migajas que deja la brecha del desamparo generan que el grueso de las mujeres en edad fértil padezcan una anemia ya crónica que simboliza la crueldad de la desnutrición.

Es un círculo sanguinario, nacido en la más férrea determinación de un sistema dispuesto a sobrevivir a partir de la expulsión. De la estigmatización eterna de quienes van aportando más y más vidas a un ejército de vulnerados. Que responde a la lógica atroz de que pertenecer es un verbo destinado a unos pocos. Mientras desde el otro lado de la vidriera hay millones que miran y crecen sin la oportunidad de la vida justa.

“Los amigos del barrio pueden desaparecer...”. Sí. Los pibes pobres de cualquier barrio pueden desaparecer. Así fue con Miguel Bru en La Plata, con Iván Torres en Comodoro Rivadavia, y hace un año con Luciano Arruga en Lomas del Mirador. Los jubilados que fueron testigos clave contra genocidas también pueden desaparecer, como hace tres años y medio ocurrió con Julio López. Como una variante más de la criminalización de la pobreza y de la protesta, el aparato represivo residual demuestra que goza de capacidad operativa y revela que tras dos décadas y media de democracia en Argentina se puede desaparecer. En todos los casos, las policías de cada lugar son las sospechadas, incluso en asociación con militares retirados. En la provincia de Buenos Aires se acumulan las denuncias sobre el reclutamiento de menores a los que efectivos de la Bonaerense obligarían a delinquir en su beneficio. Y los funcionarios de Seguridad tuvieron que reconocer que es uno de los delitos en que policías de la provincia tendrían complicidad. Esta relativa visibilidad que adquirió el fenómeno no produjo, sin embargo, ninguna respuesta para la familia de Arruga. Ni de Torres, ni de Bru, ni de López.

Hace un año, Vanesa Orieta contaba con profundo dolor cómo fueron los últimos días de su hermano Luciano: que los policías de la comisaría de Lomas del Mirador, ese destacamento nacido al calor de la demanda de mano dura, lo venían hostigando; que ya lo habían detenido y golpeado por negarse a delinquir para ellos; que la madrugada del 31 de enero lo levantó personal del destacamento desde la calle, a pocos metros de su casa, en el barrio 12 de Octubre; que un preso lo vio tendido en el patio de la Comisaría 8ª luego de una nueva y quizás mortal golpiza. A pesar del miedo de los testigos, que hizo que la fiscal tuviera que ir a sus casas a interrogarlos, hay testimonios y peritajes con perros que avalan las sospechas de la familia. Pero con el paso del tiempo la hermana y la madre de Luciano sólo vieron que los policías acusados que estaban en disponibilidad fueron reincorporados. Quienes conocen el caso afirman que a Luciano, que tendría 18 años, lo torturaron y como “se les fue la mano” lo hicieron desaparecer. El poder político y las instituciones democráticas ¿no pueden o no quieren hacer algo al respecto? Mientras tanto, Luciano Arruga ya es bandera de las organizaciones sociales y de derechos humanos y su causa genera movilizaciones y recitales solidarios. Pero sigue siendo otro desaparecido de la democracia.

(APe).- La noticia publicada el martes 18 de enero en el sitio mdzonline, dice que el gobierno de Mendoza “(…) elaborará un listado con los nombres de los más de 60.000 chicos y jóvenes que viven en condiciones de vulnerabilidad, entendiendo a esta como situaciones familiares de necesidades económicas y de trabajo irregular, que en muchas condiciones (sic) derivan en violencia familiar, según la definición que dio el propio ministro de Desarrollo Humano, Carlos Ciurca. Este padrón permitirá tener identificados los chicos de hasta 26 años que reciben ayuda estatal y realizar un seguimiento de su situación…”. Al final de la nota se refleja cuál es el objetivo de este empadronamiento, según el ministro de Desarrollo Humano: “Al dar la conferencia de prensa, Ciurca dijo que se trata de medidas que apuntan a la integración social y a la disminución del delito.”

El sociólogo francés Loïc Wacquant escribió hace unos años un libro que se llama “Las cárceles de la miseria”. Allí describe cómo, a partir de las políticas impuestas en los Estados Unidos y luego “derramadas” hacia Europa y América Latina, el Estado Social, o Estado de Bienestar, fue perdiendo peso frente al Estado penal-policial, y cómo ese proceso se ha ido desarrollando a través de las agencias estatales creadas para atender la problemática sanitaria, educativa, poblacional y cultural de los ciudadanos, y que luego son utilizadas como instrumentos de control social. En ese contexto, las listas de quienes reciben algún tipo de ayuda social, porque son considerados en “situación de vulnerabilidad”, son luego cruzadas con las listas de las agencias judiciales y policiales, porque, como dice el ministro de Desarrollo Humano mendocino, la lógica que predomina en estos programas es que su función es disminuir el delito.

Quienes vivimos en la Ciudad de Buenos Aires hemos escuchado decir al actual jefe de gobierno Mauricio Macri, cuando hacía campaña electoral para el cargo, que iba a “prevenir el delito” mediante la creación de programas sociales. Es la misma lógica punitiva. La educación pública universal, de calidad y gratuita es un derecho de todos los niños y niñas, así como la salud y la vivienda dignas. El acceso a la universidad, lo mismo. La posibilidad de conseguir un primer empleo, igual. No son “ayudas”, sino obligaciones que el Estado tiene con cada uno de sus ciudadanos, y de manera muy especial, con sus niños y niñas. Y no deben ser implementadas para “prevenir el delito”, sino como cumplimiento de esa obligación. No educamos a nuestros hijos, o los mandamos a hacer deportes, o los ayudamos a encontrar trabajo “para que no cometan delitos”, sino porque entendemos que tienen derecho a estudiar, divertirse y trabajar cuando tengan edad para hacerlo.

Las listas y padrones son una forma de recortar derechos y de controlar personas. Implican una visión estigmatizante en sí misma. Se asocia pobreza con violencia familiar y con delito, y se comienza a marcar a los niños desde que nacen, porque son hijos de determinada familia o viven en un barrio “vulnerable”.

En Mendoza, como en Buenos Aires o en cualquier otra provincia, hay barrios donde se vive en condiciones inhumanas, y hay miles de niños no van a la escuela porque deben trabajar -en la cosecha, en la calle- para ayudar a sus familias. En lugar de enlistarlos, y ponerle nombre y apellido a la exclusión, lo que debería hacerse es remover las condiciones estructurales que ponen a esos barrios, a esas familias y a esos niños en “condición de vulnerabilidad”.

Agradecemos a lxs compañerxs del programa de radio "Rap, Colectivo de colectivos" (Fm Futura, 90.5) por el espacio cedido, y a todxs lxs que se acercaron a la asamblea a partir de escuchar esta columna que llevamos adelante con mucho esfuerzo y mucha alegría. En momentos donde los grandes medios de información criminalizan a la juventud y la niñez es más que importante fortalecer espacios como Radio Futura y otros medios de comunicación alternativa, que siempre han puesto en crisis los "grandes" discursos elaborados y sostenidos por esos medios que, entre otras cuantas cosas, atentan los derechos de todxs lxs niñxs. Gracias RAP.

Esperamos poder continuar con este trabajo el año que viene!

NO al Código de Scioli

Organizaciones Sociales, Políticas y de Derechos Humanos, solicitaron una reunión al Vicegobernador Alberto Balestrini para entregarle más de dos mil firmas contra el Código Contravencional presentado por Scioli. En ese marco se realizará una conferencia de prensa este miércoles a las 12.30hs. frente al Senado Bonaerense (calle 51 e/7 y 8).

El proyecto del nuevo Código Contravencional del Gobernador Scioli y su Ministro Stornelli, amenaza gravemente las libertades y derechos de los bonaerenses, atacando los fundamentos de nuestra democracia.

Este Código es inconstitucional por donde se lo analice y pensado para una sociedad que dejo de existir hace 100 años. Las organizaciones convocantes a la conferencia de prensa indicaron: “Con esta herramienta se avanza en la criminalizació n de la protesta social y se profundiza la represión de los sectores pobres y excluidos de la sociedad. También, este código significa una herramienta del poder político y sus aliados para impedir al pueblo la posibilidad de ejercer el legítimo derecho a la protesta en un contexto de ajuste y medidas excluyentes hacia nuestro pueblo.

Este proyecto de Código, mas autoritario que el actual (que fuera sancionado por un gobierno militar), otorga más facultades discrecionales y arbitrarias a la policía bonaerense.

El gobierno provincial ha tomado el camino de restringir la libertad de todos, en aras de suplir su ineficiencia para diseñar políticas inclusivas para toda la sociedad, único remedio probado a nivel mundial para disminuir la inseguridad. Ha hecho una opción que nos acerca al precipicio del autoritarismo, hiriendo de gravedad a nuestra democracia.

Por todo lo expuesto: este miércoles 16 de diciembre a las 12.30hs. en las puertas del senado (51 e/ 7 y 8) se realizará una conferencia de prensa y se entregarán más de 2000 firmas de vecinos que junto a la firma de más 200 organizaciones sociales, políticas y culturales que repudian la sanción de este código contravencional.