Martes 1º, a las 18Hs, en la glorieta
Luego de un parate durante enero, la Olla Popular bajo la consigna "El hambre es un crimen" vuelve a la plaza. Durante el primer mes del año los chicos, chicas y jóvenes que viven o trabajan en las calles céntricas de La Plata no dejaron de sufrir la violencia generada por el abandono de los poderes ejecutivos y los aprietes abusivos de la policía.
Los jóvenes limpiavidrios que promueven la Olla popular de Plaza Moreno sufrieron el secuestro de sus pertenencias por parte de empleados municipales y la policía de la Comisaría Primera, quienes reportaron haber recibido una órden directa del intendente Pablo Bruera. De esta manera los policías actuaron bajo amenaza de detener a los jóvenes si no se marchaban.
Podés leer una nota periodística acá:
http://argentina.indymedia.org/news/2011/01/768938.php
En este momento en que diferentes sectores de la política insisten en la baja de edad de imputabilidad a los 14 años; y,
a dos años de la desaparición de Luciano Arruga, visto por última vez en un destacamento de la policía bonaerense donde fue brutalmente golpeado, sostenemos que cada olla que se enciende es un grito de lucha contra la injusticia.
El hambre es un crimen
Ningún pibe nace chorro
Implementación efectiva de la Ley 13298
domingo, 30 de enero de 2011
Vuelve la OLLA POPULAR
Asamblea Permanente por los Derechos de la Niñez
sábado, 29 de enero de 2011
CONVOCATORIA - Espacio no a la baja
Estimados compañer@s:
Una vez mas asistimos al intento de diferentes sectores de la política que, con motivos electoralistas y aprovechando el verano, donde tenemos menor capacidad de movilización, quieren, a toda costa y rápidamente, imponernos la baja de edad de imputabilidad, a pesar de los argumentos en contra que, desde hace tiempo, venimos sosteniendo diversas organizaciones que trabajamos con niños y niñas en situaciones de vulnerabilidad.
Estas medidas, al igual que el intento de reforma del Código Contravencional, la aparición de las Patrullas Juveniles o la “genial sugerencia” de que en la entrada de todas las escuelas haya un policía, forman parte del paquete de medidas represivas que el gobierno de la provincia de Buenos Aires impulsa para frenar el mediático problema de la seguridad ciudadana.
Con el fin de evitar la aprobación de la baja de la edad de imputabilidad a nivel nacional se ha conformado en La Plata el “Espacio No a la Baja” y desde este convocamos a todas las organizaciones y personas interesadas a una reunión el próximo lunes 31 de enero, a las 19hs, en la sede de APDH, calle 48 N°638 piso 6 °.
En esta reunión esta prevista la confección de un volante que se difundirá el próximo viernes 4 de febrero y acordar nuevas actividades.
Desde la Asamblea Permanente por los Derechos de la Niñez creemos imprescindible apoyar este espacio y esperamos poder hacerlo con otras organizaciones con las que nos hemos encontrado en otras luchas.
Porque…
Ningún pibe nace chorro
El hambre es un crimen
Políticas para la vida y no para el encierro
No a la baja de la edad de imputabilidad
Asamblea Permanente Por los Derechos de la Niñez de La Plata
viernes, 28 de enero de 2011
CONTRA LA BAJA DE EDAD DE IMPUTABILIDAD
Ante un año electoral se instala la prepotencia "securitaria" de los progresistas de derecha y de los populistas punitivos avanzando en "comunión” sobre los sectores más débiles de nuestra sociedad.
Reenviamos la Declaración de Julio del 2009 y con ello reiteramos y reafirmamos nuestra posición.
La alianza estratégica entre el Progresismo de Derecha y el Populismo Punitivo, llamado eufemísticamente “consenso legislativo” ha subordinado el objetivo del cambio hacia un Régimen Penal Juvenil al avance punitivo de la baja de edad de imputabilidad.
Es falaz y perverso porque todos sabemos... y “ellos” también, sostener que el sistema penal, desde todas y cada una de sus agencias, policía-justicia-ministerio público e instituciones de encierro, respeten los derechos fundamentales y otorguen las debidas garantías a quienes ingresan a las mismas.
Es falaz y perverso porque todos sabemos... y “ellos” también, sostener que el sistema penal, desde todas y cada una de sus agencias, policía-justicia-ministerio público e instituciones de encierro, respeten los derechos fundamentales y otorguen las debidas garantías a quienes ingresan a las mismas.
Invitamos a recorrer comisarías, juzgados, fiscalías, defensorías, institutos y cárceles, e invitamos también a que sigan sosteniendo “ese” discurso.
Es falaz y perverso porque todos sabemos... y “ellos” también, que ese no es el propósito del sistema
penal, ni lo fue ni lo será nunca, nos hemos formado con la clara certeza demostrada que es constitutivo del sistema penal su carácter arbitrario, discrecional y selectivo. Que el mismo ha respondido, responde y responderá a las exigencias de una política penal y criminal que el orden social dominante demanda para gobernar el malestar social, ejerciendo la direccionada persecución penal de aquellos que el propio sistema capitalista ha decidido expulsar fuera del mercado, en nuestros tiempos, las claras víctimas de un proceso de desigualdad sin precedentes producto de las políticas neoliberales que llevan más de 20 años de desarrollo.
Es falaz y perverso porque todos sabemos... y “ellos” también, que en un país con más del 49% de los niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años bajo la Línea de Pobreza (LP), de los cuales el 20%, están bajo la línea de la indigencia, se pueda siquiera considerar que las garantías y el respeto a sus derechos recién se consumen una vez cometido un delito y que el ingreso al sistema penal signifique el comienzo de una vida plena como “sujeto de derechos”.
Es falaz y perverso porque todos sabemos... y “ellos” también, que en los últimos años, los operadores del sistema penal, de amplios sectores políticos y de medios de comunicación, amparados en el paradigma de la seguridad-inseguridad, con claros criterios de “defensa social”, han construido casi excluyentemente un solo “enemigo interno”: los adolescentes y jóvenes varones pobres.
Es falaz y perverso por que nosotros sabemos... y “ellos” también, que los únicos recursos disponibles en el presente para abordar la problemática de los adolescentes y jóvenes que ingresan al sistema penal son las instituciones de encierro, que las nuevas leyes de infancia, nacional y provinciales, no han sido ejecutadas con los recursos materiales y humanos necesarios para disponer de alternativas a la privación de la libertad.
Por lo tanto:
· Que el Progresismo de derecha asuma su propuesta en el reconocimiento que el sistema penal no garantiza ni repara, sino que castiga y profundiza la exclusión social.
· Que el Populismo punitivo reconozca que no resuelve el problema del delito, la violencia y la inseguridad bajando la edad de imputabilidad de los más chicos, como tampoco lo ha resuelto con los que ya son punibles a pesar de promover un crecimiento exponencial del sistema penal con: la creación de juzgados, fiscalías, tribunales orales, cámaras, el aumento sistemático de efectivos policiales con facultades cada vez más ‘amplias’ y por supuesto con sus recursos materiales, el impactante crecimiento de plazas carcelarias y de institutos, los límites a las excarcelaciones, el uso abusivo y generalizado de la prisión preventiva, los malos tratos y torturas y las ejecuciones sumarias de las diversas agencias policiales.
En este sentido, expresamos:
Las garantías y respeto de los derechos fundamentales se sostienen a partir del desarrollo a mediano y a corto plazo de políticas económicas y sociales distributivas que se direccionen hacia la disminución drástica de la pobreza y la indigencia de los niños, adolescentes, jóvenes y sus familias y con programas de asistencia y contención que aborden con carácter urgente problemas graves que los afectan.
Es falaz y perverso porque todos sabemos... y “ellos” también, que ese no es el propósito del sistema
penal, ni lo fue ni lo será nunca, nos hemos formado con la clara certeza demostrada que es constitutivo del sistema penal su carácter arbitrario, discrecional y selectivo. Que el mismo ha respondido, responde y responderá a las exigencias de una política penal y criminal que el orden social dominante demanda para gobernar el malestar social, ejerciendo la direccionada persecución penal de aquellos que el propio sistema capitalista ha decidido expulsar fuera del mercado, en nuestros tiempos, las claras víctimas de un proceso de desigualdad sin precedentes producto de las políticas neoliberales que llevan más de 20 años de desarrollo.
Es falaz y perverso porque todos sabemos... y “ellos” también, que en un país con más del 49% de los niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años bajo la Línea de Pobreza (LP), de los cuales el 20%, están bajo la línea de la indigencia, se pueda siquiera considerar que las garantías y el respeto a sus derechos recién se consumen una vez cometido un delito y que el ingreso al sistema penal signifique el comienzo de una vida plena como “sujeto de derechos”.
Es falaz y perverso porque todos sabemos... y “ellos” también, que en los últimos años, los operadores del sistema penal, de amplios sectores políticos y de medios de comunicación, amparados en el paradigma de la seguridad-inseguridad, con claros criterios de “defensa social”, han construido casi excluyentemente un solo “enemigo interno”: los adolescentes y jóvenes varones pobres.
Es falaz y perverso por que nosotros sabemos... y “ellos” también, que los únicos recursos disponibles en el presente para abordar la problemática de los adolescentes y jóvenes que ingresan al sistema penal son las instituciones de encierro, que las nuevas leyes de infancia, nacional y provinciales, no han sido ejecutadas con los recursos materiales y humanos necesarios para disponer de alternativas a la privación de la libertad.
Por lo tanto:
· Que el Progresismo de derecha asuma su propuesta en el reconocimiento que el sistema penal no garantiza ni repara, sino que castiga y profundiza la exclusión social.
· Que el Populismo punitivo reconozca que no resuelve el problema del delito, la violencia y la inseguridad bajando la edad de imputabilidad de los más chicos, como tampoco lo ha resuelto con los que ya son punibles a pesar de promover un crecimiento exponencial del sistema penal con: la creación de juzgados, fiscalías, tribunales orales, cámaras, el aumento sistemático de efectivos policiales con facultades cada vez más ‘amplias’ y por supuesto con sus recursos materiales, el impactante crecimiento de plazas carcelarias y de institutos, los límites a las excarcelaciones, el uso abusivo y generalizado de la prisión preventiva, los malos tratos y torturas y las ejecuciones sumarias de las diversas agencias policiales.
En este sentido, expresamos:
Las garantías y respeto de los derechos fundamentales se sostienen a partir del desarrollo a mediano y a corto plazo de políticas económicas y sociales distributivas que se direccionen hacia la disminución drástica de la pobreza y la indigencia de los niños, adolescentes, jóvenes y sus familias y con programas de asistencia y contención que aborden con carácter urgente problemas graves que los afectan.
Nuestro absoluto rechazo a los claros avances legislativos para bajar la edad de imputabilidad, afirmamos nuestra convicción de la necesidad de un Régimen Penal Juvenil que contenga los principios fundantes de un derecho penal mínimo en el marco de un estado social para todos.
OBSERVATORIO DE ADOLESCENTES y JÓVENES Y GRUPO DE ESTUDIOS SOBRE SISTEMA PENAL Y DERECHOS HUMANOS (GESPyDH)
Instituto de Investigaciones Gino Germani - Facultad de Cs. Sociales - UBA
martes, 25 de enero de 2011
DOS AÑOS SIN LUCIANO ARRUGA. DOS AÑOS SIN JUSTICIA. DOS AÑOS DE IMPUNIDAD.
El próximo 31 de enero, se cumplen dos años de la desaparición de Luciano Arruga, quien fuera visto por última vez en el Destacamento de Lomas del Mirador de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, donde fue brutalmente golpeado por agentes policiales.
En estos dos años, la causa judicial que investiga el hecho, no ha dado pasos serios ni seguido pistas que permitan saber que pasó con Luciano.
Por el contrario, la lentitud en su tramitación, ausencia de respuestas a peticiones de los familiares, ocultamiento de pruebas a los abogados de la familia presentada como particular damnificada, no ordenar pruebas valiosas para la causa y el mantenimiento de la calificación de averiguación de paradero, dan cuenta de la escasa rigurosidad investigativa y falta de compromiso de parte de la Fiscalía interviniente.
Esta deficiente actividad judicial, ha contribuido a la impunidad que se consagra en esta causa.
Además de los testimonios que dan cuenta de la presencia de Luciano en el destacamento policial -y que fue golpeado hasta desangrarse-, de las pericias efectuadas judicialmente en los libros policiales del mismo, surgen graves irregularidades en su confección y mantenimiento. También en sus declaraciones en la causa judicial, los policías admiten que tenían como práctica alojar menores en el destacamento, pese a no poder hacerlo. Incluso uno de ellos relató que Luciano había padecido abuso sexual de parte de otro agente.
A pesar de esto, la justicia no investigó la hipótesis de la desaparición forzada ni la del abuso sexual.
.
Paralelamente, el sumario administrativo llevado a cabo por el Ministerio de Seguridad y Justicia, tampoco investigó seriamente la responsabilidad policial de los agentes involucrados. Como consecuencia de esto, los ocho policías sospechados y puestos en disponibilidad al producirse el hecho, se encuentran nuevamente trabajando. No solo no se investigó la desaparición de Luciano, sino tampoco la adulteración de los libros policiales o el alojamiento de menores en el destacamento.
La desaparición de Luciano Arruga, fue denunciada por la Comisión por la Memoria ante el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas. Al evaluar al estado argentino en junio de 2010, este Comité internacional receptó el caso en su Informe CRC/C ARG/CO/3-4: “El Comité insta al Estado parte a concluir una investigación exhaustiva e imparcial sobre las denuncias de desaparición forzada del niño LA, de conformidad con la Convención sobre los Derechos de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas”
Esta demanda internacional al Estado Nacional y Provincial, no modificó las condiciones señaladas. No se destinaron recursos materiales o humanos especializados o adicionales para lograr la investigación exhaustiva e imparcial que se le reclama. La responsabilidad por la investigacion por la desaparcion forzada incumbe tanto al Estado local como al Nacional, y este ultimo ante la comunidad internacional.
La Comisión Provincial por la Memoria viene alertando sobre la gravedad que constituye la falta de esclarecimiento de este hecho. En reiteradas ocasiones hemos señalado la responsabilidad del estado provincial, que debe poner todos sus recursos para promover el esclarecimiento. La falta de medidas tanto desde el poder judicial como del ejecutivo, la negativa a la investigación como desparición forazada de Luciano Arruga, la reposición de los sospechados a sus cargos de policias, en suma la impunidad son una puerta abierta a la repeticion de hechos de violencias sobre los mas debilies de nuestra sociedad.
Frente a esto, es indispensable que el Estado provincial asuma un compromiso sincero y decidido en el esclarecimiento de este caso, que deje de negar la desaparición de persona, castigue judicial y administrativamente a los responsables, y rompa las redes de impunidad y complicidades. También debe continuar buscando a Luciano y reparar el dolor de su familia.
La impunidad es una afrenta al Estado de Derecho que denigra la Democracia.
COMISION PROVINCIAL POR LA MEMORIA
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