Por el anterior comunicado:
INVITAMOS A UNA CONFERENCIA DE PRENSA el día jueves 7/06 a las 11hs. en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales (2do Piso. Edicifio de las Tres Facultadades. 48 entre 6 y 7)
Estaremos contando la situación actual de la niñez y la sentencia que dictó el Juez Arias, en relación a la implementación de la Ley 13298.
miércoles, 6 de junio de 2012
INVITACION
Comunicado de prensa
El pasado 22 de mayo, el Juez en lo Contencioso Administrativo nro.1 de la
ciudad de La Plata ,
Luis Federico Arias condenó a la
Provincia de Buenos Aires y a la Municipalidad de La Plata por el incumplimiento
de la Ley de
Promoción y Protección de los Derechos del Niño (13.298), ordenando que en “el plazo de seis meses procedan a
realizar todas las acciones necesarias para la implementación efectiva del
Sistema de Promoción y Protección Integral de los Derechos del Niño”.
El amparo fue iniciado por distintas organizaciones
sociales que denunciaron el maltrato, la criminalización y la falta de trabajo
serio en relación a los/as chicos y chicas en situación de vulnerabilidad. Las
distintas organizaciones que forman parte desde el inicio de la Asamblea Permanente
por los Derechos del Niño denunciaron también el cierre de 20 hogares en
distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, algo que dejó afuera del
sistema a más de 400 niños y niñas. A lo cual se suma el vaciamiento de las políticas públicas
de derechos humanos y la precarización laboral de los trabajadores de la niñez,
que por estos días se encuentran realizando diversas acciones de reclamo ante
los mismos organismos demandados.
En el fallo el Juez señaló que la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de La Plata no habían desarrollado
las acciones necesarias para el cumplimiento de Ley 13.298, comprometiendo de
ese modo los derechos fundamentales de los niños, y resaltó “escasa cantidad
de recursos, la precariedad de las intervenciones, la falta de protocolos de
actuación” que disponen las áreas de niñez.
En particular, estableció la creación de “uno o más Paradores con suficiente infraestructura
y personal idóneo para cubrir las necesidades básicas de alimento, higiene,
descanso, recreación y contención, de los niños, niñas y adolescentes que
requieran esta asistencia durante las veinticuatro horas del día, teniendo a
disposición un equipo interdisciplinario integrado, como mínimo, por
trabajadores sociales, psicólogos, abogados y médicos especialistas en clínica,
pediatría, toxicología y psiquiatría”.
Asimismo el magistrado dispuso la implementación de un “servicio de
atención telefónica destinado a
la recepción de denuncias vinculadas con la vulneración de derechos de los
niños”, y la “amplia
difusión en los medios de comunicación de los principios, derechos y garantías
de los niños”, para lo cual las Administraciones condenadas deberán afectar
un porcentaje no inferior al veinticinco por ciento de la publicidad oficial
para el cumplimiento de la sentencia.
Como consecuencia de la
pruebas producidas, el juez tuvo por acreditado que “la presente causa
refleja una tendencia a la construcción de políticas y programas centrada en la
esfera retórica, que se renueva con el cambio de cada gestión, y que luego no
tienen un impacto directo ni son capaces de transformar la vida de los niños
que habitan la calle en la
Ciudad de La
Plata. Todo lo dicho evidencia una imposibilidad absoluta de
elaborar políticas con criterios de integralidad, universalidad, e
interdependencia entre los diversos organismos, por lo que juzgo sobradamente
acreditado que en el ámbito de la
Ciudad de La
Plata no existen políticas eficaces de protección y promoción
de derechos para la niñez y la adolescencia”
En relación a la respuesta pública que la Municipalidad
realizó en los medios de comunicación, sostenemos que de ningún modo “el
municipio platense ha logrado e implementado un sinnúmero de servicios que
efectivamente se están cumpliendo".
Brevemente y en lo que refiere específicamente a la medida cautelar
incumplida: las instalaciones que dicha institución presenta como un parador no
cuentan con personal suficiente, ni con equipos de trabajo para la asistencia
terapéutica de las problemáticas que reciben diariamente, no prevé dispositivos
para trabajar adecuadamente con niños y niñas de diferentes edades y géneros.
Por otra parte continúa sin existir un servicio hospitalario específico para
abordar las problemáticas de esta población. Cabe destacar que el servicio
telefónico continúa sin funcionar las 24 hs. ni cuenta con personal preparado para la atención y
canalización de las denuncias recibidas por ese medio. Tampoco se cuenta con la
cantidad de Operadores de calle en número suficiente ni con las herramientas
adecuadas.
Además cabe destacar el desmantelamiento del cual están siendo objeto los
Servicios Locales de Protección de Derechos (unidad central en la facilitación
al acceso a programas y planes para aquellos niños/as que lo necesiten) y que
ha sido denunciado oportunamente por estas organizaciones. Lo que implica el
sostenimiento de Servicios sin equipo técnico capacitado y sin recursos.
Además hay que resaltar la situación de precariedad y vaciamiento en que se
hallan las políticas públicas provinciales y municipales para la niñez que ha sido denunciada en varias
oportunidades durante este año por organizaciones sociales, de derechos humanos
y de trabajadores. Sólo para citar algunos ejemplos nos remitimos a los
documentos realizados el 25 de abril y 17 de mayo del corriente, además de las
movilizaciones realizadas a los Ministerios de Desarrollo Social, Secretaría de
Niñez y la Municipalidad
en el mes de abril, las rondas realizadas por la Red de Hogares durante más de un mes en Plaza San
Martín y la movilización de trabajadores estatales que se realizará el próximo
8 de Junio, todas bajo el mismo reclamo.
Por último queda por agregar que por
incumplimiento de la medida cautelar y de la sentencia cabe una sanción penal.
Además se está llevando adelante una investigación por el delito de abandono de
persona e incumplimiento de los deberes de funcionario público en la UFI 8, de Investigaciones
de Delitos Complejos (IPP
nº 06-00-017503-09).
Por todo bregamos por la plena Implementación de la ley 13298 de Promoción y Protección de Derechos dela Niñez y el cumplimiento de
la sentencia de Juez Arias.
Por todo bregamos por la plena Implementación de la ley 13298 de Promoción y Protección de Derechos de
Contacto: Fernanda: 0221 - 15 5723362
Marcos: 0221 – 15 6034786
Asamblea Permanante de Los Derechos de
Programa
Asociación de
Personal con Funciones Jerárquicas de la Provincia de Buenos Aires; *Trabajadores y
Trabajadoras del Programa Envión con el apoyo de ATE;
Red de Hogares y
Centros de Días de la
Provincia de Buenos Aires (REDBA);
Hogar Don Bosco;
Hogar de la Madre Tres Veces
Admirable – Obra del Padre Cajade;
Revista La Pulseada ;
CTD - Anibal Verón;
Asamblea de Madres
de Puente de Fierro;
T;Acción Niñez-
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Plata
Olla Popular de
Plaza San Martín;
Coordinadora de
Organizaciones y Movimientos Populares de Argentina - COMPA (Colectivo
Garabatos, Frente Popular Darío Santillán, Atrapamuros: Colectivo de Educación
Popular en Cárceles);
Movimiento
Patriótico Revolucionario Quebracho;
Organización María
Claudia Falcone;
Murga Alegre
Rebelión;
Juegoteca Ambulante Caracol Bababundo;
Asociación Miguel Bru
Juegoteca Ambulante Caracol Bababundo;
Asociación Miguel Bru
Trabajadores
y Trabajadoras de la
Secretaría de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Bueno Aires
miércoles, 16 de mayo de 2012
Comunicado por la Movilización al Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia el 18-5
Los/as trabajadores/as del Programa de Responsabilidad Social Compartida ENVIÓN nos vemos en la necesidad de emitir este comunicado ante la terrible incertidumbre sobre lo que pasará con nuestras condiciones laborales. Hace meses venimos sosteniendo una mesa de diálogo integrada por compañeros/as representantes de alrededor de 10 municipios, Pablo Pernicone -Jefe de Gabinete de la Provincia- y Mónica Capellini -directora ejecutiva del Programa-. Lo cierto es que desde que existe esa instancia (comienzos de 2012), no hemos obtenido avance alguno.
La necesidad más urgente es el aumento de los sueldos, insuficientes para mantenernos y trabajar de la forma que creemos mejor para nuestros pibes (los salarios más bajos son de $1000). En la última reunión que tuvimos con los funcionarios, no sólo se nos dijo que por ahora no hay aumento, sino que afirmaron que si llega a haber, será a fin de este año. Esta respuesta nos parece, como mínimo, injusta. Los/as trabajadores/as de este Programa de “inclusión” Juvenil estamos siendo explotados por el estado provincial.
Además de los sueldos bajísimos, vivimos una situación de precariedad extrema. Nos faltan recursos; hay municipios en los que no contamos ni siquiera con espacio físico para trabajar; nuestras contrataciones (en los casos en que tenemos contrato) son irregulares; recibimos constantes persecuciones políticas de parte de funcionarios municipales por luchar por nuestros derechos y muchos de nuestros compañeros fueron despedidos por esta causa: seguimos esperando su reincorporación; los sueldos se han atrasado por 1, 2, 3 y hasta 11 meses y nuestras condiciones laborales (siempre malas) varían de acuerdo al municipio en que trabajamos, es decir que estamos atravesadxs por una tercerización estatal (los fondos son enviados por el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires y administrados por las comunas).
Por nuestros derechos y los derechos de los/as jóvenes que forman parte del Programa Envión, con quienes trabajamos todos los días, nos encontramos en la necesidad de movilizarnos el día 18 de mayo al Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires con la intención de obtener –esta vez sí- una respuesta favorable sobre el aumento de sueldos y un compromiso serio y verdadero de los funcionarios de sostener el diálogo para mejorar nuestras condiciones y la implementación del Programa.
Trabajadxs del programa ENVION.
miércoles, 28 de marzo de 2012
Jueves 29 de marzo: Jornada de movilización
Las organizaciones abajo firmantes movilizamos por los reclamos presentes en el siguiente documento y acompañando las resoluciones tomadas por el plenario de delegados y trabajadores de Niñez y Desarrollo Social de ATE Almte. Brown, Pte. Perón y ATE GBA Sur- Lamas de Zamora (adjuntamos documento).
Jueves 29 de marzo:
10 horas: Radio abierta en Plaza Moreno frente a la Municipalidad de La Plata.
10.30 horas: Concentración unificada en Plaza Moreno y movilización.
La Plata, miércoles 28 de marzo de 2012
Comunicado
Con los Derechos Humanos de los pibes y las pibas, y de los trabajadores y trabajadoras no se jode.
No al vaciamiento de las políticas de Niñez y Adolescencia.
Somos integrantes de organizaciones sociales, gremiales, políticas, de Derechos Humanos, Hogares, trabajadoras y trabajadores de distintos programas dependientes de la Secretaría de Niñez y Adolescencia y del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires. Nos encontramos en la lucha por la implementación de políticas públicas concretas para la niñez y la adolescencia; en este marco, queremos plantear algunas dudas y compartir nuestras respuestas.
¿Qué sucede con los programas y hogares oficiales?
De las 106 instituciones oficiales dependientes de la Secretaría de Niñez y Adolescencia solo recibieron el pago de la última caja chica del año, 12 instituciones. Incluso algunas han cobrado sólo cuatro cajas chicas en todo 2011. Esta información es producto de nuestro registro, debido a que no se brinda información alguna desde las dependencias de los funcionarios. Los trabajadores y trabajadoras de los programas oficiales que llevamos adelante este reclamo, cobramos el dinero de la última caja chica en octubre de 2011, lejos de recibir las 12 que corresponderían a todo el año, teniendo en muchos casos que limitar la atención que brindamos a niños, niñas y adolescentes. ¿Conocen los funcionarios los efectos de su accionar criminal, cuando en ocasiones, hemos tenido que suspender el almuerzo de los chicos? Por otro lado, los y las laburantes aportamos permanentemente de nuestros bolsillos, parte del dinero o de los materiales necesarios para llevar adelante nuestras tareas; sin embargo, la realidad marca que las deudas actuales de los programas y hogares oficiales ya son insostenibles, debido a la falta de pago de las cajas chicas.
¿Cuál es la situación de los hogares y centros de días (ONG’s)?
La situación sigue siendo alarmante: Según la Red de Hogares y Centros de Días de la Provincia de Buenos Aires (REDBA) la gestión del Secretario de Niñez y Adolescencia Pablo Navarro no pagó a más de 680 instituciones en toda la provincia las becas que correspondían al 1º bimestre de 2012 (enero y febrero). Los convenios marcan que se debe pagar a bimestre adelantado, es decir, que ya mismo se está debiendo las becas de marzo y abril. Como si fuera poco, más de 200 instituciones no cobraron todavía el 6° bimestre del año pasado y otras 35, no recibieron becas en todo el año 2011. Según REDBA, en los últimos cuatro meses, 20 hogares de toda la provincia se vieron obligados a cerrar sus puertas, dejando de atender a 400 niños y niñas, aproximadamente. Estos niños y niñas son borrados de las estadísticas, desaparecidos, abandonados por el Estado sin ninguna clase de consideración. Los gobiernos son responsables de quebrar la continuidad de trabajo y los avances de cada niño o niña.
¿Cuál es la situación del Programa Envión?
El Programa de responsabilidad social compartida Envión se desarrolla en 135 municipios de la provincia de Buenos Aires como política de inclusión social y cumplimiento de la Ley Nº13298, sin embargo, es una muestra más de las políticas de vaciamiento para con las niñas, niños, y jóvenes en la provincia, que está llevando a cabo el gobierno de Scioli.
Desde octubre del año pasado se han sucedido irregularidades en el pago de salarios del equipo técnico y becas de los/as tutores y la de los pibes/as, despidos injustificados, amenazas de recorte salarial y una constante persecución política contra los trabajadores/as. Sólo con la organización y la lucha de los que le ponen el cuerpo día a día en el trabajo con los/as pibes/as, es lo que garantiza que no sigan avanzando sobre sus derechos ni el de los/as trabajadores/as. El Ministerio de Desarrollo Social de la provincia es quien financia la implementación del programa, que a su vez, lo descentraliza y terceriza a los distintos municipios para su administración.
A partir de diciembre del año pasado, se han acercado al Ministerio de Desarrollo Social, donde fueron atendidos/as por la responsable provincial del programa, Mónica Capellini, quien no supo dar respuestas a las necesidades e interrogantes que se presentaron. De todas maneras, este primer acercamiento forzó que se realice parte del pago de los meses adeudados, a fines de diciembre de 2011. Sin embargo, la irregularidad de los pagos se sostuvo.
Los reclamos se mantuvieron durante el verano, y el 16 de febrero de 2012 movilizaron a puertas del Ministerio con el objetivo de obtener respuestas serias y concretas, sin embargo, fueron recibidos por el Jefe de Gabinete del Ministerio, Pablo Pernicone, que tampoco supo darlas. No asumen responsabilidad por los/as trabajadores/as despedidos, las malas condiciones de trabajo se mantienen (y se agudizan) y todavía se registran atrasos de salarios en varios municipios.
Por otra parte, los “tutores”, trabajadores/as centrales del programa, no son reconocidos por las autoridades como tales, sino como “jóvenes que tienen vocación de trabajo para acompañar a otros jóvenes” y cobran su salario a través de la tarjeta de beca (plan social), sin tener aportes de ningún tipo ni recibo de sueldo.
En La Plata, el programa “supuestamente beneficia” a cerca de 500 chicos y chicas. En agosto de 2011 se implementó el primer Envión en la ciudad (en Altos de San Lorenzo) y recién a fines de año, los equipos técnicos pudieron cobrar los cinco meses trabajados. Este año se abrieron dos sedes nuevas y la situación no varió: el municipio no garantizó los materiales necesarios para desarrollar los talleres ni los sueldos de los talleristas. De hecho, los talleristas trabajaron sin contrato entre septiembre y diciembre y jamás se les pagó. El convenio marca que el municipio debe garantizar las viandas para el alimento de los “becados”, pero esas viandas nunca existieron.
Actualmente, las tres sedes del envión funcionan sin talleristas, teniendo muchas veces que hacerse cargo de los talleres los equipos técnicos, que así no pueden cumplir su principal labor, generar y acompañar procesos de fortalecimiento de los/as jovenes.
Las irregularidades que se vienen sucediendo han afectado de manera profunda la aplicación del programa y las condiciones de vida de quienes trabajan para sostenerlo.
¿Qué pasa en La Plata con los Servicios Locales?
En nuestra región no es posible avanzar en la implementación de políticas inclusivas sin desarticular la complicidad que existe entre el gobernador Daniel Scioli y el Intendente de la ciudad de la Plata Pablo Bruera. Las políticas de descentralización sin regulación que en los ‘90 atentaron contra el sistema educativo y de salud, hoy afectan a las políticas de niñez, posibilitando el manejo discrecional de fondos que engrosan las cajas del clientelismo político y abandonan con hambre a miles de niños, niñas y adolescentes.
En la plata los Servicios Locales, que son unidades técnico operativas en distintos barrios que tienen por objetivo facilitar a niños y niñas el acceso a los programas y planes disponibles en la comunidad, transitan un camino de vacío y desconcierto, en donde los más perjudicados son los chicos, las chicas y sus familias. A principio de año, cerca de 15 trabajadores fueron echados o tuvieron que renunciar; y hasta renunció la jefa de los Servicios Locales. En los papeles, existen en La Plata ocho Servicios Locales, algunos funcionando sin equipo técnico, sin recursos, con trabajadores sin contrato y, como es el caso de Los Hornos, hasta con un solo operador. Nadie diría que un maestro trabajando solo, es una escuela; o que un enfermero constituye por si mismo una salita sanitaria; por eso sostenemos que un operador, que además se encuentra precarizado, no constituye un Servicio Local. La decisión de Pablo Bruera es volver a la situación del 2008, cuando no existía ningún servicio local, ya que el intendente dio la orden de echar a los trabajadores y trabajadoras pero no de reemplazarlos, dejando al borde del cierre a los Servicios Locales que se abrieron en estos cuatro años.
Por todo esto es que exigimos el refuerzo de las partidas municipales destinadas a niñez y adolescencia y la renuncia inmediata del Director de Niñez y Adolescencia Carlos Dabalioni, personaje rechazado y sufrido por las organizaciones sociales.
Quienes luchamos durante años por la sanción de la ley 13.298 “De la Promoción y Protección de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia”, a casi cinco años de su puesta en vigencia, todavía nos encontramos exigiendo su plena implementación y financiamiento. Esta ley llegó para suplantar al Decreto Ley 10.067 –también conocida como Ley de Patronato- vigente desde la última dictadura cívico-militar. La nueva legislación promueve una concepción de los niños y niñas como sujetos de derecho y, en consecuencia, establece la creación de un sistema integral de promoción y protección de sus derechos. Desde ese lugar la transformación fue un paso adelante, ya que quitó la disposición hegemónica de los Jueces de Menores sobre los chicos y las chicas.
Los Derechos Humanos y los de los niños y niñas como tales son progresivos, ya que cuando un derecho se adquiere no se lo puede quitar. Sin embargo, al día de hoy el Ministerio de Desarrollo Social, autoridad de aplicación en la implementación de la ley, y la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la provincia están llevando adelante una política regresiva. La misma se evidencia en el vaciamiento y desfinanciamiento de los Hogares, Centros de Día y Programas, y en la precarización y desarticulación de los trabajadores y trabajadoras. Un ejemplo de esto, es que por estos días se cumplió un año de la disolución del Programa de Autovalimiento Juvenil (PROA), que surgió en el año 2003 y buscaba dotar a los adolescentes con las herramientas necesarias para valerse fuera de los contextos institucionales.
Entendemos que el proceso de desmantelamiento de los servicios efectores del Sistema de Promoción y Protección ha venido de la mano de medidas que refuerzan la función represiva del Estado, con lo cual aumenta la judicialización de la niñez pobre y su persecución. De este modo se refuerza la criminalización a partir de la creación de proyectos punitivos a nivel nacional como la baja de la edad de imputabilidad; la implementación de las Patrullas Juveniles en La Plata; las prácticas continuas de abuso y maltrato por parte de la policía en la calle y en las comisarías; el armado de causas y la utilización de los chicos y las chicas para delinquir.
Una muestra vigente de la impunidad policial, judicial y política es el caso de Luciano Arruga, un pibe de 16 años que el 31 de enero de 2009 fue visto por última vez en el Destacamento de Lomas del Mirador de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, donde fue brutalmente golpeado por agentes policiales. Aún hoy continúa desaparecido y la causa judicial no avanza.
Señalamos que la actual política de niñez y adolescencia del gobierno de Daniel Scioli fue parida en el marco de su estrategia represiva. En este sentido, vemos como la gestión del secretario Pablo Navarro, ha destrozado sistemáticamente las políticas de promoción y protección en favor de propuestas de encierro. Pero ¿A dónde son relegados y recluidos nuestros niños, niñas y adolescentes? Las cárceles para niños, esos viejos institutos hoy rebautizados como “centros” son lugares que no promocionan la vida. Ya en 2008 el Comité contra la Tortura presentó un habeas corpus por el cual un juez dictó la clausura de dos pabellones en el Centro de Recepción de La Plata, caracterizándolos como verdaderas “jaulas humanas”. Tres años después el Centro de Recepción continuaba en las mismas condiciones: en noviembre de 2011, el defensor del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil Julián Axat presentó un nuevo habeas corpus para la relocalización de los adolescentes, al constatar la superpoblación; los encierros prolongados, colchones sobre el piso, problemas sanitarios, falta de recreación, la mezcla de chicos alojados permanentemente con chicos que están en tránsito, entre varios abusos más a sus derechos. Por otro lado, hace apenas dos meses, el defensor Ricardo Berenguer presentó un habeas corpus reclamando la clausura de ingresos al instituto Almafuerte, denunciando las condiciones de detención de los jóvenes: encierros de hasta 20 horas, en celdas de 2 metros por 3, la falta de trabajo y recreación, la falta de atención sanitaria y la medicalización excesiva. La jueza Blanca Lasca tomó este recurso y procedió a clausurar los ingresos al instituto y fijó multas contra el Secretario Pablo Navarro.
Hoy nos movilizamos para gritar una vez más que si el Estado precariza a los trabajadores y las trabajadoras, desfinancia a los hogares, centros de días y programas de promoción y protección, establece leyes punitivas y de castigo, entonces está violando los Derechos Humanos de los pibes y las pibas.
Por todo esto exigimos:
-NO al vaciamiento de las políticas de niñez y adolescencia
-Basta de vaciar la política de Derechos Humanos
-Pleno financiamiento del Sistema de Promoción y Protección Integral de los Derechos de niños, niñas y adolescentes.
-Condiciones dignas de trabajo:
*Pase a planta permanente de la Provincia de Buenos Aires a todxs lxs trabajadorxs precarizadxs;
*Aumento salarial;
*Infraestructura, recursos y materiales para garantizar el trabajo con los chicos y las chicas;
*A igual trabajo igual remuneración en toda la provincia de Buenos Aires.
-Basta de persecución. Pronta reincorporación de los compañeros y compañeras despedidos por organizarse y luchar.
-Transparencia en la circulación de fondos desde la provincia hacia los municipios.
-Pago y aumento en las becas que reciben Hogares y Centros de día conveniados. Compensación por los meses atrasados.
-Pago y regularización de las cajas chicas a programas y hogares oficiales.
-Políticas para la vida y NO para el encierro.
-El Estado es el principal vulnerador de los Derechos de los pibes y las pibas.
-NO a la baja en la edad de imputabilidad.
*Trabajadores y Trabajadoras de la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Bueno Aires;
*Asociación de Personal con Funciones Jerárquicas de la Provincia de Buenos Aires; *Trabajadores y Trabajadoras del Programa Envión con el apoyo de ATE;
*Red de Hogares y Centros de Días de la Provincia de Buenos Aires (REDBA);
*Hogar Don Bosco;
*Hogar de la Madre Tres Veces Admirable – Obra del Padre Cajade;
*Revista La Pulseada;
*CTD - Anibal Verón;
*Asamblea de Madres de Puente de Fierro;
*Olla Popular de Plaza San Martín;
*Asamblea Permanente por los Derechos de la Niñez;
*Programa Niñez, Derechos Humanos y Políticas Públicas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (UNLP);
*Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Populares de Argentina - COMPA (Colectivo Garabatos, Frente Popular Darío Santillán, Atrapamuros: Colectivo de Educación Popular en Cárceles);
*Movimiento Patriótico Revolucionario Quebracho;
*Organización María Claudia Falcone;
*Murga Alegre Rebelión;
*Juegoteca Ambulante Caracol Bababundo;
*Asociación Miguel Bru.
domingo, 11 de marzo de 2012
El Programa Acción Niñez de la APDH-La Plata denuncia públicamente el accionar institucional en la detención de M. A.
La Plata, 6 de Marzo de 2012.
Comunicado
El joven de 17 años M. A. fue envestido por un patrullero policial en el barrio El Carmen (Berisso), el sábado 3 de marzo resultando gravemente herido. Posteriormente, fue trasladado al hospital Gral. San Martín de La Plata, donde se lo mantuvo esposado a la cama e incomunicado; a pesar de que estaba enyesado hasta la cintura y de que este accionar está prohibido para los menores de 18 años según la Ley 13.634 del Fuero de Familia y Fuero Penal del Niño.
Podés leer la nota completa ACA
lunes, 5 de marzo de 2012
COMUNICADO EN APOYO A LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DEL ENVIÓN
Desde la Asamblea Permanente por los Derechos de la Niñez La Plata expresamos nuestro apoyo a los reclamos y movilización de las trabajadoras y trabajadores del Programa Envión quienes exigen al gobierno provincial la plena implementación del programa. Según remarcamos desde nuestra organización, dicha implementación sólo puede garantizarse por medio del fin a la precarización laboral y el cese de la persecución política ejercida sobre los equipos técnicos, los talleristas y tutores del Envión.
El gobierno provincial es responsable, como así también lo son los distintos gobiernos municipales, ya que es a través de convenios entre estos gobiernos como se implementa el Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión. Desde el mismo nombre del programa pretende el gobierno engañarnos a todos, ya que esa “responsabilidad social compartida” hace alusión a los aportes del empresariado para una parte de la financiación del programa. Nosotros sabemos que la lógica de esta política es perversa porque pretende presentar a nuestros explotadores como si fuesen, en realidad, los benefactores de nuestras chicas y chicos.
Señalamos que una perspectiva de lucha que busque el desarrollo de nuestras niñas, niños y adolescentes no puede tener éxito sino va de la mano del desarrollo del conjunto de las trabajadoras y trabajadores. No sólo porque son estos últimos los que garantizan el funcionamiento de un programa; sino también porque alrededor de las chicas y chicos del Envión sabemos que existen madres y padres sin trabajo o precarizados.
Exigimos que se termine con la política del abandono, la miseria y el hambre; la política que juega con los deseos y expectativas de nuestras chicas y chicos; y que desde el otro margen se complementa con la política del control, la persecución y la violencia policial en nuestros barrios.
Acompañamos la convocatoria a movilizarnos este jueves 16, a las 10 horas, desde ATE La Plata (8 entre 55 y 56) hasta el Ministerio de Desarrollo Social de la Pronvincia de Buenos Aires.
MOVILIZACION POR LA PLENA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA ENVION
Reproducimos Comunicado
Los trabajadores y las trabajadoras del Programa Envión de la Provincia de Buenos Aires exigimos este jueves 16/2 a Mónica Capellini una respuesta inmediata por escrito a los siguientes puntos:
1) Fechas de regularización de pagos de salarios de equipos técnicos, tutores y las becas de las pibes y pibas.
2) Firma de contratos para los equipos técnicos que aún están trabajando sin ninguna seguridad de continuar.
3) REINCORPORACIÓN INMEDIATA DE TODOS LOS TRABAJADORES DESPEDIDOS POR RAZONES POLÍTICAS (DE LOS MUNICIPIOS DE LA MATANZA, SAN MARTÍN, LOMAS DE ZAMORA, VICENTE LÓPEZ Y AVELLANEDA) Y NI UN DESPIDO MÁS.
4) Compromiso de Mónica Capellini de sostener la mesa de diálogo iniciada y seguir discutiendo:
* El pase a Planta Permanente de la Provincia de Buenos Aires de Equipos Técnicos, Docentes, Talleristas y Tutores. Y por lo tanto el reconocimiento de los tutores y las tutoras como TRABAJADORES del Programa.
* LA ESTABILIDAD LABORAL como única forma de garantizar el cumplimiento de los objetivos del Programa y de la Ley 13298 de Promoción y Protección de los derechos del niño, niña y adolescente.
* Aumento salarial acorde al incremento de la canasta familiar y del costo de vida. Entendiendo que el pago de los salarios de los trabajadores debe ser coherente: a igual tarea, igual remuneración.
* Infraestructura básica y apropiada para cumplir con los objetivos del programa. Servicios de luz, agua y gas.
* Suministro de materiales de trabajo y de viandas para las sedes que no lo reciben.
* Capacitación de acuerdo a las necesidades de los jóvenes.
* Trabajar en un ambiente sano, libre de persecuciones políticas e ideológicas.
* Transparencia en la circulación de los fondos emitidos por la Provincia de Buenos Aires a los Municipios.
Trabajadoras y trabajadores del Programa Envión con el apoyo de ATE.
Movilizamos 10hs. Desde ATE La Plata (8 e/55 y 56) al Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires.
miércoles, 21 de septiembre de 2011
Catamarca/ Por la muerte de los 4 jóvenes
Cronología de los hechos
El pasado 09 de septiembre, Nelson Fernández (17), Franco Nieva (16) Nelson Molas (17), y Franco Sosa (17) murieron por asfixia y quemaduras graves en la Alcaldía de Menores de esa ciudad. Franco Sosa fallecio en el incendio mientras que Nelson Molas murio horas después en el hospital San Juan Bautista. Nelson Fernández y Franco Nievas fallecieron al otro día.
La jueza de Menores, Ilda Figueroa llevó adelante la investigación, y posteriormente declaro su inhibición frente a los hechos. Por lo cual la investigación quedo a cargo de la Unidad de Delitos Correccionales, donde actuan los fiscales Miriam López y Javier Herrera.
El lunes 12 de septiembre los familiares de los jóvenes reclamaron y exigieron justicia ante el juzgado de menores y posteriormente frente a la casa de gobierno. Momentos de tensión se vivieron por el emplazamiento de vallas metálicas y efectivos de laGuardia de Infanteria y miembros del grupo especial de operaciones Kuntur.
Hubo represión y dos manifestantes detenidos, que fueron liberados durante la noche.
Por otra parte, el día miércoles 14 de septiembre, ingresó a la cámara de diputados un proyecto para la formación de una comisión de investigación. Posteriormente, 9 policias realizaron denuncias por las agresiones recibidas por parte de los familiares.
Según trascendio en medios locales, la Alcaldia no contaba con un sistema contra incendios apto. Este informe fue presentado por un perito de siniestros a la Dirección de Bomberos a principios de 2010.
Una nueva protesta realizaron los familiares de Nelsón Molas y Nelsón Fernández este día por la tarde, frente al juzgado de menores. Los momentos de tensión recrudecieron con el avance de la guardia de infanteria sobre los familiares y organizaciones sociales y políticas, quienes dispararon balas de goma. Y realizaron la detención de un menor.
Otro menor, Jonatahn Chávez denuncio en los medios locales que había sido brutalmente golpeado por la policia al termino de la protesta.
Por otra parte, alrededor de 10 presos, del pabellón nº 9 sur, de la cárcel provincial de Catamarca iniciaron una huelga de hambre el día 12 de septiembre, en solidaridad con las familias de los jóvenes fallecidos.
Ante la complejidad de los hechos el Fiscal General, por pedido de la Procuración General, dispuso que la investigación pase a cargo de la Unidad Fiscal de control de la administración pública y Delitos de Investigaciones Especiales. Donde actuan los fiscales Marcelo Sago y Juan Pablo Morales.
Al día siguiente, 15, nuevamente familiares de Molas reclamaron justicia frente a la legislatura provincial.
Por otra parte, Diputados solicitan al Gobierno que presente la denuncia de oficio para que se inicie el jury de enjuiciamiento a las juezas de Menores, Ilda Figueroa y Ana María Nieto, como responsables por dejar más de 48 horas detenidos a los jóvenes. También solicitaron la renuncia del ministro de Gobierno, Javier Silva.
Los fiscales Marcelo Sago y Juan Pablo Morales solicitaron al juez de Control de Garantías, Antonio Carma, la investigación de las juezas de menores Ilda Figueroa y Ana María Nieto, por incumplimiento de deberes de funcionarios públicos, violación de articulos de la ley penal de minoridad y del artículo 37 inciso b de la Comisión del derecho del Niño. El juez Carma tiene dos meses para expedirse sobre la investigación. Y, además, tiene la facultad de pedir el jury para las juezas.
El pasado domingo, 18 de septiembre, por declaraciones brindadas a medios públicos del Jefe de Policía Soria, se instruyeron 6 sumarios administrativos contra seis policías que, además, fueron apartados de sus cargos.
Al día siguiente, se conocio que la Jueza de Menores, Ilda Fiqueroa, solicitó licencia médica y la misma fue retificada por el ministro de la Corte de Justicia, Ricardo Cáceres. La licencia fue otorgada por un cuadro de estrés psicológico, que sufriria la magistrada.
Por otra parte el Tribunal de Justicia solicitó que la jueza Figueroa sea evaluada por psicólogos de la Corte de Justicia, del Cuerpo Interdisciplinario Forense (CIF). En tanto, quien cumple el cargo actualmente es la jueza Ana María Nieto; que también esta investigada por la muerte de los jóvenes.
El día de ayer, 20 de septiembre, el gobernador Eduardo Brizuela del Moral aceptó las renuncias al subsecretario de Seguridad, Luis Baracat, el Jefe de Policía, Francisco Mercedes Soria y el Sub Jefe, Dionisio Amando Ahumada.Este jueves, se realizará una nueva marcha por justicia.
Por Colectivo Indymedia Córdoba - Sección DDHH - Wednesday, Sep. 21, 2011 at 12:50 AM
Acusados no, balas de gomas si
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Se realizó el lunes 19 de septiembre una nueva movilización por la muerte de los 4 jóvenes.
También, ese día, se conocio la noticia de que el subsecretario de Seguridad, Luis Baracat, el Jefe de Policía, Francisco Mercedes Soria y el Sub Jefe, Dionisio Amando Ahumada renunciaron a sus cargos.
En dialogo con Radio Voces 87.7 de La Rioja, Sergio de FM Estación Sur de Catamarca, subrayó lo siguiente "Impunemente estos funcionarios hanpresentado la renuncia para no hacerse cargo de esta crisis" Y luego continuo diciendo "lejos de buscar un avance, una solución, el gobierno de la provincia a puesto más policias en las calles de la zona centrica. A vayado el juzgado de menores para que los familiares y las organizaciones no nos podamos manifestar. Esa es la política del gobierno, poner más policias en la calle. Nosotros, las organizaciones y los familiares, no pedimos más policia pedimos que se cambie este sistema represivo y se apunte a la política de prevención"
Recordemos que los jóvenes según las leyes, no pueden estar más de 48hs en la Alcaldía. Si embargo los menores pemanecian desde hace 7 días y 15, respectivamente, en el lugar.
La movilización, realizada ayer por las calles de a ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, impulsada por los familiares de Nelson Molas, se concentro a las 19hs en plaza 25 de agosto frente al Juzgado de Menores. Luego se marcho por calle Sarmiento hasta casa de Gobierno. Con pancartas los manifestantes exigieron: "JUSTICIA POR LOS PIBES", "INTERVENCIÓN EN LA CORTE DE JUSTICIA", "JUICIO A LA CUPULA DE LA POLICIA", "NO MAS REPRESIÓN, MAS EDUCACIÓN","DESTITUCION DE LAS JUEZAS NIETO Y FIGUEROA".
Este jueves 22 de septiembre, se realizará una nueva marcha exigiendo justicia.
También, ese día, se conocio la noticia de que el subsecretario de Seguridad, Luis Baracat, el Jefe de Policía, Francisco Mercedes Soria y el Sub Jefe, Dionisio Amando Ahumada renunciaron a sus cargos.
En dialogo con Radio Voces 87.7 de La Rioja, Sergio de FM Estación Sur de Catamarca, subrayó lo siguiente "Impunemente estos funcionarios hanpresentado la renuncia para no hacerse cargo de esta crisis" Y luego continuo diciendo "lejos de buscar un avance, una solución, el gobierno de la provincia a puesto más policias en las calles de la zona centrica. A vayado el juzgado de menores para que los familiares y las organizaciones no nos podamos manifestar. Esa es la política del gobierno, poner más policias en la calle. Nosotros, las organizaciones y los familiares, no pedimos más policia pedimos que se cambie este sistema represivo y se apunte a la política de prevención"
Recordemos que los jóvenes según las leyes, no pueden estar más de 48hs en la Alcaldía. Si embargo los menores pemanecian desde hace 7 días y 15, respectivamente, en el lugar.
La movilización, realizada ayer por las calles de a ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, impulsada por los familiares de Nelson Molas, se concentro a las 19hs en plaza 25 de agosto frente al Juzgado de Menores. Luego se marcho por calle Sarmiento hasta casa de Gobierno. Con pancartas los manifestantes exigieron: "JUSTICIA POR LOS PIBES", "INTERVENCIÓN EN LA CORTE DE JUSTICIA", "JUICIO A LA CUPULA DE LA POLICIA", "NO MAS REPRESIÓN, MAS EDUCACIÓN","DESTITUCION DE LAS JUEZAS NIETO Y FIGUEROA".
Este jueves 22 de septiembre, se realizará una nueva marcha exigiendo justicia.
lunes, 19 de septiembre de 2011
Distintas ong y entidades se presentaron como “Amicus Curiae”
Gatillo Fácil: Apartaron al juez de la causa de Daniel Migone
Distintas organizaciones de derechos humanos y otras entidades públicas se presentaron como AMICUS CURIAE ante el Juzgado de Garantías N° 5 - Depto. Judicial La Plata- a cargo de la Dra. Marcela Garmendia, designada recientemente en la causa por el crimen de Daniel Migone - donde la familia es patrocinada por la Asociación Miguel Bru (AMB)- luego que el juez Néstor De Aspro fuera recusado. Daniel fue asesinado el 10 de noviembre de 2005 en la Comisaría Novena de La Plata, la misma donde fue torturado, asesinado y desaparecido Miguel Bru el 17/8/93. En el escrito propician que se profundice la investigación y se garantice a la familia de la víctima el acceso al derecho a la verdad. Además sugieren que la investigación pase a la Unidad Funcional de Investigaciones Complejas.
El documento fue elaborado y suscripto por distintas organizaciones, como laAsamblea Permanente por los Derechos Humanos La Plata (APDH LP), en la persona de la abogada Marta Vedio; la Asociación Miguel Bru (AMB) por medio de su presidenta, señora Rosa Schonfeld de Bru; el Centro de Estudios en Victimología e Incidentes Críticos (CEVIC) representado por su vicepresidenta, señora María C. Lavezzari; el Centro de Protección de los Derechos de la Víctima del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires (CPV), a través de su director, abogado Alberto Palacio; el Colectivo De eso No se habla, representado por su presidenta, Valeria Volponi; el Comité Contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria, en la persona de su coordinador, abogado Roberto Cipriano García; la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP, representada por el decano, abogado Hernán Rodolfo Gómez; el Instituto de Cultura Jurídica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP; por intermedio de su directora, doctora Manuela G. González; el Programa de Niñez, Derechos Humanos y Políticas Publicas de la Secretaria de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP, a través de su directora, abogada Carola Bianco; Programa de Violencia Institucional y Seguridad Ciudadana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP, representado por su coordinadora, abogada Paola Catino; la Secretaria de Derechos Humanos de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP, en la persona de su secretario Jorge Jaunarena, y la Unidad de Intervención en Victimología del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Presidencia de la Nación, representada por su responsable, señor Alberto J. Linares.
En el escrito propician que se profundice la investigación y se garantice a la familia de la víctima el acceso al derecho a la verdad. Además sugieren que la investigación pase a la Unidad Funcional de Investigaciones Complejas.
El AMICUS CURIAE –establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y nuestra Constitución- permite que personas y/o entidades que no son parte en un determinado proceso, pero tienen una reconocida trayectoria en la temática que se trate- puedan participar y expresar su opinión ante los magistrados intervinientes, para que se acceda a la justicia del caso.
En su pedido, los firmantes afirman que “es menester que –como Amicus curiae- propongamos un método de actuación judicial que permita el cumplimiento de las obligaciones internacionales que el Estado ha suscripto”.
Asimismo, manifiestan que en los seis años que lleva la investigación, los fiscales a cargo no han indagado en profundidad el hecho que privó de la vida a Migone, limitándose a investigar solo ciertas rutinas que se agotan en la detención de algunas personas, como si eso por si solo explicase lo que ocurrió.
En este sentido, coinciden con el reclamo de la familia y la AMB de que es indispensable investigar y visibilizar las rutinas instaladas en las fuerzas de seguridad que permitieron el crimen de Daniel.
En su escrito, los Amigos del Tribunal ponen énfasis en que sino se indagan “los sucesos que culminaran en la muerte de Oscar Daniel Migone”, tendría como consecuencia “la legitimación de la falta de respeto por derechos y libertadesfundamentales” y “la negación de la obligación de garantizarlos, si se consagra laimpunidad” de prácticas como las examinadas en esta causa.
Afirman que es evidente que la conducta de la policía con respecto a Migone no fue casual ni un accidente, sino que es una consecuencia directa de “ciertas rutinas de la institución que se reiteran sin el debido control. Por esto, estiman -como Amicus curiae- la urgencia e importancia de desentrañar el modus operandi que se desplegó en el presente caso, con el objetivo de conocer y poder efectivamente prevenir otros hechos semejantes”. Además expresan que tanto la práctica policial como la actitud de omisión de investigar de parte del Ministerio Público Fiscal “se confabulan para sostener una sistemática arraigada de tratos crueles, inhumanos y degradantes seguidos de muerte, tal como lo han denunciado -en reiteradas ocasiones- organismos no gubernamentales que trabajan la temática ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
Seis años de dilaciones
Cabe destacar que la causa recorrió durante casi 6 años diversas instancias, a través de todas las cuales la familia de la víctima ha exigido conocer toda la verdad de lo que le ocurrió a Daniel durante aquella fatídica noche.
La investigación recayó primero sobre la Unidad Fiscal 5 de Leila Aguilar. Tras tres años de dilación y reclamos desoídos, la familia de Daniel y la AMB, la recusaron por considerarse que con su accionar favoreció la impunidad policial. La causa pasó a los fiscales Marcelo Martini y Javier Berlingieri y se elevó a juicio con 5 funcionarios involucrados por las torturas seguidas de muerte, sin avanzar un solo paso en la investigación. Entonces la Sala III del Tribunal de Casación de la Provincia hizo lugar al pedido de los familiares de la víctima y la AMB, quienes reclamaban que la causa no sea elevada a juicio para que se investigue a todo el personal policial involucrado en la muerte del joven.
No obstante lo ordenado por el más Alto Tribunal Penal de la Provincia, la investigación volvió a manos de los fiscales Martini y Berlingieri, quienes en lugar de excusarse, y sin disponer una sola medida de prueba , volvieron a solicitar la elevación a juicio al juez De Aspro. Elevación a juicio, idéntica a la que presentaran hace ya dos años ante el mismo juez, y que fuera impugnada por la familia de Daniel Migone, medida acogida favorablemente por el Tribunal de Casación de la Provincia.
Por su parte, contrariamente a lo que impone el código de procedimiento, ni los fiscales Martini y Berlingieri, ni el juez De Aspro se excusaron de continuar en la causa, nuevamente la familia de la víctima fue quien los recusó y pidió se los aparte, a fin de que se le garantice imparcialidad por parte del juez y objetividad por parte de los fiscales.
Días pasados, la Sala IV de la Cámara de Apelación y Garantías Departamental, apartó al juez De Aspro de la causa, y en su lugar designó a la jueza Marcela Garmendia, quien ahora debe resolver la otra recusación presentada por los familiares de la víctima contra los fiscales Martini y Berlingieri.
En tal sentido, las organizaciones y entes públicos que presentaron el “amicus curiae” al momento de referirse al cumplimiento de las obligaciones internacionales que el Estado ha suscripto, afirman que debe “propender a la profundización de la pesquisa planteada, con la intervención de los miembros especializados que el Ministerio Público Fiscal tiene, y que por competencia material, se desempeñan en la Unidad Funcional de Instrucción que se encarga de las Investigaciones Complejas”.
Por el crimen se encuentran imputados los ex policías Daniel Guillermo Espósito; el imaginaria de calabozos Carlos Ariel Toloza, el jefe de turno, Capitán Marcelo Fabián Falcón; el teniente Luis Díaz Zapata y la oficial de servicio, María Valeria Maciel; quien se encuentra beneficiada con arresto domiciliario.
En todo este tiempo su familia afirmó que “no están todos los policías que participaron y encubrieron el asesinato”, resumió Marita Migone, hermana de Daniel. “Dijeron que había robado unos pasacassetes y que se suicidó, y sin embargo no tenia motivo ni para una cosa ni para la otra, mi hermano era un trabajador, vivía con sus padres y sus dos hijos menores, … “. Rosa Bru, presidenta de la AMB insiste con que “es fundamental que se agote la investigación porque hay muchas pruebas que indican que Daniel fue secuestrado, hay cantidad de elementos que indican que fueron falsos los motivos para justificar su presencia en la comisaría y que se armó una escena para encubrir su asesinato. Su familia merece saber la verdad”.
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Asociación Civil Miguel Bru
Calle 46 Nro. 897 5C
www.ambru.org.ar
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