¡¡ Miercoles 17 de Marzo 12 hs nos convocamos todos en 7 y 51 !!
Ante las propuestas que apuntan a la creación de un modelo de control social que incentiva el gobierno de Scioli, diversas organizaciones y vecinos nos convocamos para expresar nuestro más enérgico rechazo.
Este modelo tiene como uno de los ejes prioritarios la modificación del código contravencional vigente. Los códigos contravencionales existen en todas las provincias y han sido usados históricamente para detener sin orden judicial. Una contravención se define como obrar en contra de lo que está mandado, y las figuras contravencionales siempre han sido definidas de manera muy poco claras y ambiguas, como por ejemplo: “merodeo”, “escándalo”, “vagancia”, “alteración del orden público”, entre otras.
La sanción de estos comportamientos consiste en la posibilidad de ser multado/a o encerrado/a por ser considerado “sospechoso/a” o “peligroso/a”, criterio definido por el “olfato policial” o la intuición de algún/a vecino/a. Esta falta de claridad constituye una violación a la Constitución Nacional en múltiples aspectos: tipifica delitos de autor (portación de cara, apariencia física, vestimenta, etc.), acaba con el principio de inocencia y ataca la libertad ambulatoria, entre otras.
Este conjunto de medidas represivas y discriminatorias afectarán fundamentalmente a los sectores más vulnerados de nuestra sociedad, dando un manto de legalidad a muchas prácticas que ya existen, lo que lejos de ser una solución al problema de “inseguridad” agrava otros.
Cuando el gobernador plantea “que la policía gane las calles” está haciendo referencia a la ampliación del poder que los agentes tendrán para detener a personas, siendo los únicos árbitros, ya que se los habilita a “obrar de oficio”, es decir, sin que medie autoridad judicial ni denuncia necesaria . Esta herramienta otorga un “cheque en blanco” a las negociaciones de la policía en las calles, puesto que, aquellos/as quienes puedan eludir las contravenciones serán quienes posean los recursos para pagar las multas o para “negociarlas” (Las multas van desde los 7 mil pesos o 30 días de arresto, en caso de no poder abonarlos).
Este otorgamiento de “mayor poder a la policía” se basa en un modelo de control y disciplinamiento social, que se traduce en una mayor presencia de policías en nuestras calles y plazas, militarizando los espacios públicos. Al mismo tiempo incentiva a la rentabilidad del negocio creado en torno a la seguridad, (agencias de seguridad privadas).
Mientras tanto, no se desarrollan políticas de promoción e inclusión que apunten a dar solución a la desigualdad social. No se reglamentan ni ejecutan la Ley 13.298 de Protección y Promoción de los Derechos de los Niños (sancionada en 2006), la Ley 13.956 de Asistencia Integral para Personas en Situación de Calle (sancionada en 2009, por este mismo gobernador).
Mientras que la canasta familiar aumenta no se asigna presupuesto a los comedores escolares de la Provincia, con lo cual un importante número de niños/as ven disminuido su derecho a la alimentación y, con esto, el acceso a la salud. Estas políticas de inclusión nunca han sido llevadas a cabo porque no se les ha asignado recursos, mientras sí se destina cada vez más dinero a políticas de encierro y castigo.
Además de la ambigüedad en las figuras que el código establece, tiene artículos dirigidos directamente a perseguir la organización y protesta social: congregarse en espacios públicos, hacer comentarios que puedan “ofender” a las autoridades, cortar una calle, pintar una pared o pegar papeles en ellas, puede considerarse contravenciones (cuando son realizadas por 3 o mas personas las sanciones aumentan considerablemente), reduciendo el derecho legitimo a la protesta, la organización y la libertad de expresión.
Todo esto profundiza un modelo social que, ante el aumento de la pobreza, de descontento social y, por lo tanto, de la organización y la protesta popular, solo responde “tapando y encerrando al pobre” y prohibiéndonos a todos organizarnos y expresarnos.
No queremos una sociedad “controlada” bajo las armas y la amenaza constante de una institución corrupta, queremos una sociedad justa donde las políticas públicas aseguren trabajo digno, salud y educación para todas y todos.
Los códigos contravencionales son inconstitucionales
Abajo el código contravencional vigente
SOLO ASEGURANDO VIDA DIGNA CONSTRUIREMOS SEGURIDAD PARA TODOS
noalcodigodescioli.blogspot.com
(Notas, Videos, Suscripciones, Archivo)
Ante las propuestas que apuntan a la creación de un modelo de control social que incentiva el gobierno de Scioli, diversas organizaciones y vecinos nos convocamos para expresar nuestro más enérgico rechazo.
Este modelo tiene como uno de los ejes prioritarios la modificación del código contravencional vigente. Los códigos contravencionales existen en todas las provincias y han sido usados históricamente para detener sin orden judicial. Una contravención se define como obrar en contra de lo que está mandado, y las figuras contravencionales siempre han sido definidas de manera muy poco claras y ambiguas, como por ejemplo: “merodeo”, “escándalo”, “vagancia”, “alteración del orden público”, entre otras.
La sanción de estos comportamientos consiste en la posibilidad de ser multado/a o encerrado/a por ser considerado “sospechoso/a” o “peligroso/a”, criterio definido por el “olfato policial” o la intuición de algún/a vecino/a. Esta falta de claridad constituye una violación a la Constitución Nacional en múltiples aspectos: tipifica delitos de autor (portación de cara, apariencia física, vestimenta, etc.), acaba con el principio de inocencia y ataca la libertad ambulatoria, entre otras.
Este conjunto de medidas represivas y discriminatorias afectarán fundamentalmente a los sectores más vulnerados de nuestra sociedad, dando un manto de legalidad a muchas prácticas que ya existen, lo que lejos de ser una solución al problema de “inseguridad” agrava otros.
Cuando el gobernador plantea “que la policía gane las calles” está haciendo referencia a la ampliación del poder que los agentes tendrán para detener a personas, siendo los únicos árbitros, ya que se los habilita a “obrar de oficio”, es decir, sin que medie autoridad judicial ni denuncia necesaria . Esta herramienta otorga un “cheque en blanco” a las negociaciones de la policía en las calles, puesto que, aquellos/as quienes puedan eludir las contravenciones serán quienes posean los recursos para pagar las multas o para “negociarlas” (Las multas van desde los 7 mil pesos o 30 días de arresto, en caso de no poder abonarlos).
Este otorgamiento de “mayor poder a la policía” se basa en un modelo de control y disciplinamiento social, que se traduce en una mayor presencia de policías en nuestras calles y plazas, militarizando los espacios públicos. Al mismo tiempo incentiva a la rentabilidad del negocio creado en torno a la seguridad, (agencias de seguridad privadas).
Mientras tanto, no se desarrollan políticas de promoción e inclusión que apunten a dar solución a la desigualdad social. No se reglamentan ni ejecutan la Ley 13.298 de Protección y Promoción de los Derechos de los Niños (sancionada en 2006), la Ley 13.956 de Asistencia Integral para Personas en Situación de Calle (sancionada en 2009, por este mismo gobernador).
Mientras que la canasta familiar aumenta no se asigna presupuesto a los comedores escolares de la Provincia, con lo cual un importante número de niños/as ven disminuido su derecho a la alimentación y, con esto, el acceso a la salud. Estas políticas de inclusión nunca han sido llevadas a cabo porque no se les ha asignado recursos, mientras sí se destina cada vez más dinero a políticas de encierro y castigo.
Además de la ambigüedad en las figuras que el código establece, tiene artículos dirigidos directamente a perseguir la organización y protesta social: congregarse en espacios públicos, hacer comentarios que puedan “ofender” a las autoridades, cortar una calle, pintar una pared o pegar papeles en ellas, puede considerarse contravenciones (cuando son realizadas por 3 o mas personas las sanciones aumentan considerablemente), reduciendo el derecho legitimo a la protesta, la organización y la libertad de expresión.
Todo esto profundiza un modelo social que, ante el aumento de la pobreza, de descontento social y, por lo tanto, de la organización y la protesta popular, solo responde “tapando y encerrando al pobre” y prohibiéndonos a todos organizarnos y expresarnos.
No queremos una sociedad “controlada” bajo las armas y la amenaza constante de una institución corrupta, queremos una sociedad justa donde las políticas públicas aseguren trabajo digno, salud y educación para todas y todos.
Los códigos contravencionales son inconstitucionales
Abajo el código contravencional vigente
SOLO ASEGURANDO VIDA DIGNA CONSTRUIREMOS SEGURIDAD PARA TODOS
noalcodigodescioli.blogspot.com
(Notas, Videos, Suscripciones, Archivo)
