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Entrevista a Julián Axat


Julián Axat aseguró que el miércoles apelará el fallo de la Cámara platense que avaló el arresto de menores en comisarías sin control judicial. "Esa resolución desobedece lo actuado por la Convención Interamericana en el caso Bulacio", explicó el funcionario judicial

El defensor del fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de La Plata ,Julián Axat, apelará ante la Suprema Corte bonaerense lo dispuesto hace días por la Cámara Penal al avalar la facultad policial de detener a menores -sin control judicial- por averiguación de antecedentes y contravenciones. “Es como darles un cheque en blanco”, dijo.

Esa facultad de la Policía, precisamente, había sido prohibida hace un año por el juez Luis Arias ante un planteo del defensor oficial Axat.
Esa prohibición fue apelada por el ministro de Seguridad de la Provincia Carlos Stornelli y la causa llegó a la cámara platense que ahora revocó el fallo de Arias.

Sin embargo, Axat adelantó que la sentencia que impide demorar a menores sin control judicial y obliga a la policía a realizar las correspondientes derivaciones a los centros zonales de contención “sigue vigente”.

Es que, según aclaró el defensor, ni bien se notifique de lo dispuesto por la Cámara, hará una apelación ante la Suprema Corte bonaerense y radicará una denuncia por “desobediencia” ante la Corte Interamericana de Derecho Humanos (CIDH) con el histórico precedente del caso Bulacio.
Fuentes judiciales confirmaron que el fallo de la Cámara aún no está firme. Y hasta que se expida la Suprema Corte resuelva la apelación del defensor oficial, la Policía seguirá sin poder detener a los menores sin dar aviso a la autoridad judicial.

“Lo que resolvió la Cámara es una barbaridad, porque el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil (creado para dar garantías a los menores) dejaría de tener control sobre la actuación policial frente a la niñez”, explicó el defensor oficial.

Si se da curso a lo planteado por la Cámara, el espíritu con el que se formó el Fuero Penal Juvenil se perdería por completo y quedaría en poder de la Policía”, subrayó Axat.

En octubre del año pasado el juez Arias había decidido otorgar la facultad al Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de controlar la detención de menores por figuras como las infracciones contravencionales, la averiguación de identidad, la entrega de menor, y la actualización del sistema de captura de niños y su caducidad, en una medida para paliar el abuso de autoridad en que podrían incurrir los efectivos de la Policía bonaerense.

Así dio lugar al recurso presentado por Axat, que sostuvo que la facultad que por entonces tenía la Policía de demorar a los menores durante 24 horas era “un cheque en blanco que se empleaba como un mecanismo paralelo, a modo de escarmiento, fuera del contralor de los defensores y los jueces”, porque la Policía no tenía la obligación de notificar aquellas aprehensiones.

Bulacio: un antecedente para no olvidar

La muerte de Walter Bulacio fue el detonante que llevó al cuestionamiento internacional del accionar policial que, por medio de razzias, contravenciones y detenciones por averiguación
de antecedentes, alojaba a los menores en las comisarías durante un día, sin control judicial alguno.

El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2001, condenó al Estado argentino por la muerte de Bulacio, y lo obligó a adecuar su legislación.
El 19 de abril de 1991 Walter David Bulacio, que por entonces tenía 17 años, había ido a ver un recital que Los Redondos de Ricota iban a ofrecer en el club Obras Sanitarias de la ciudad de Buenos Aires. Durante un procedimiento llevado a cabo por la Policía Federal Argentina, tuvo lugar una detención masiva en la que Walter Bulacio fue demorado junto a más de ochenta personas.

Alojado en la comisaría 35º, Bulacio fue golpeado salvajemente por varios efectivos policiales. Tanto él como el masivo grupo de menores detenidos fueron puestos en libertad en los días subsiguientes sin que se abriera una sola causa o se conociera siquiera el motivo de sus detenciones.
Estos episodios nunca fueron notificados ni al Juez de turno ni, en el caso particular de Bulacio, a sus familiares.

Fue por eso que el joven, víctima de la golpiza policial, fue derivado en la madrugada de aquel 20 de abril al hospital Pirovano, luego de vomitar en la seccional. De esto tampoco sus padres ni un juez estuvieron al tanto hasta que el propio Bulacio se lo pudo contar a su papá.
El médico que lo atendió en el Pirovano diagnosticó que el joven llegó al hospital con “traumatismo de cráneo”. Seis días más tarde Bulacio moría a causa de la brutal golpiza de la noche del recital.