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(APe).- La noticia publicada el martes 18 de enero en el sitio mdzonline, dice que el gobierno de Mendoza “(…) elaborará un listado con los nombres de los más de 60.000 chicos y jóvenes que viven en condiciones de vulnerabilidad, entendiendo a esta como situaciones familiares de necesidades económicas y de trabajo irregular, que en muchas condiciones (sic) derivan en violencia familiar, según la definición que dio el propio ministro de Desarrollo Humano, Carlos Ciurca. Este padrón permitirá tener identificados los chicos de hasta 26 años que reciben ayuda estatal y realizar un seguimiento de su situación…”. Al final de la nota se refleja cuál es el objetivo de este empadronamiento, según el ministro de Desarrollo Humano: “Al dar la conferencia de prensa, Ciurca dijo que se trata de medidas que apuntan a la integración social y a la disminución del delito.”

El sociólogo francés Loïc Wacquant escribió hace unos años un libro que se llama “Las cárceles de la miseria”. Allí describe cómo, a partir de las políticas impuestas en los Estados Unidos y luego “derramadas” hacia Europa y América Latina, el Estado Social, o Estado de Bienestar, fue perdiendo peso frente al Estado penal-policial, y cómo ese proceso se ha ido desarrollando a través de las agencias estatales creadas para atender la problemática sanitaria, educativa, poblacional y cultural de los ciudadanos, y que luego son utilizadas como instrumentos de control social. En ese contexto, las listas de quienes reciben algún tipo de ayuda social, porque son considerados en “situación de vulnerabilidad”, son luego cruzadas con las listas de las agencias judiciales y policiales, porque, como dice el ministro de Desarrollo Humano mendocino, la lógica que predomina en estos programas es que su función es disminuir el delito.

Quienes vivimos en la Ciudad de Buenos Aires hemos escuchado decir al actual jefe de gobierno Mauricio Macri, cuando hacía campaña electoral para el cargo, que iba a “prevenir el delito” mediante la creación de programas sociales. Es la misma lógica punitiva. La educación pública universal, de calidad y gratuita es un derecho de todos los niños y niñas, así como la salud y la vivienda dignas. El acceso a la universidad, lo mismo. La posibilidad de conseguir un primer empleo, igual. No son “ayudas”, sino obligaciones que el Estado tiene con cada uno de sus ciudadanos, y de manera muy especial, con sus niños y niñas. Y no deben ser implementadas para “prevenir el delito”, sino como cumplimiento de esa obligación. No educamos a nuestros hijos, o los mandamos a hacer deportes, o los ayudamos a encontrar trabajo “para que no cometan delitos”, sino porque entendemos que tienen derecho a estudiar, divertirse y trabajar cuando tengan edad para hacerlo.

Las listas y padrones son una forma de recortar derechos y de controlar personas. Implican una visión estigmatizante en sí misma. Se asocia pobreza con violencia familiar y con delito, y se comienza a marcar a los niños desde que nacen, porque son hijos de determinada familia o viven en un barrio “vulnerable”.

En Mendoza, como en Buenos Aires o en cualquier otra provincia, hay barrios donde se vive en condiciones inhumanas, y hay miles de niños no van a la escuela porque deben trabajar -en la cosecha, en la calle- para ayudar a sus familias. En lugar de enlistarlos, y ponerle nombre y apellido a la exclusión, lo que debería hacerse es remover las condiciones estructurales que ponen a esos barrios, a esas familias y a esos niños en “condición de vulnerabilidad”.