Somos personas y organizaciones comprometidos con la niñez, la adolescencia y sus derechos. Somos integrantes de organizaciones sociales, gremiales, políticas, de derechos humanos, de ONGs, que queremos expresar nuestro rechazo al proyecto de ley que establece la baja de la edad de imputabilidad para adolescentes y que posee la aprobación del Senado de la Nación.
Desde nuestras prácticas y experiencias cotidianas es que construimos nuestra posición y nos queremos pronunciar de cara a los legisladores y la sociedad. En este sentido expresamos:
Consideramos que la gran mayoría de los niños, adolescentes o jóvenes que comete un delito poseen historias de vidas marcadas por la vulneración de sus derechos. Por lo tanto nos parece hipócrita reconocer rápidamente a un pibe como victimario, y al mismo tiempo, desconocer la responsabilidad de una sociedad que lo victimiza.
Entendemos que existe un discurso social, que se pretende dominante, y que ponen el énfasis en la conducta de los jóvenes y lo que “le hacen” a la sociedad. Esto es amplificado enfáticamente por algunos medios de comunicación. Al mismo tiempo, se oculta sistemáticamente los padecimientos que sufren estos jóvenes, sus condiciones de vida y las marcas de la marginalidad.
En otras palabras, no se puede desconocer que los chicos y adolescentes de hoy nacieron en pleno auge del menemismo, con padres sin trabajo, y en medio del quiebre sistemático de la educación y la salud pública, que expresa sus efectos y continuidades en la actualidad.
Estamos convencidos que la baja de la edad de imputabilidad, la extensión del sistema penal y el endurecimiento de penas no van a resolver la inseguridad, ni la percepción social que existe de ella. Sabemos que la única respuesta real respecto a la violencia urbana es el achicamiento de la brecha de desigualdad social y una real distribución de la riqueza.
Al mismo tiempo queremos afirmar que el delito es liderado y protagonizado mayoritariamente por los adultos. El crimen organizado para la venta, tráfico, alquiler de armas y desarmaderos de autos es gerenciado por “mayores”, que sólo es posible con la complicidad de poderes políticos, empresariales, judiciales y policiales.
Consideramos que la agenda de la política y el Estado en relación a la niñez y la adolescencia debe priorizar la restitución de derechos y la efectiva aplicación de la Ley 26.061, con la asignación de recursos correspondiente. El espacio asignado a ley penal juvenil es solo una concesión a los demandantes de la criminalización de la problemática social.
Al mismo tiempo, deseamos afirmar que el actual régimen penal nacional para adolescentes y jóvenes, es obsoleto, estigmatizante y abusivo. Por lo tanto estamos lejos de defender los que hoy existe.
ES NUESTRO COMPROMISO MOVILIZARNOS Y DIFUNDIR ESTAS IDEAS PARA EVITAR LA BAJA DE EDAD DE IMPUTABILIDAD E IMPULSAR ACCIONES PARA LA RESTITUCIÓN DE DERECHOS A LA NIÑEZ.
Es por esto que sostenemos:
• EL RECHAZO A LA BAJA DE LA EDAD DE IMPUTABILIDAD
• El HAMBRE ES UN CRIMEN
• APARICIÓN CON VIDA DE LUCIANO ARRUGA
• APARICIÓN CON VIDA DE JULIO LOPEZ
Aclaración: la ley 26.061 es la ley Nacional de Promoción y Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, de la que emana la Ley 23.298 que es provincial.
Desde nuestras prácticas y experiencias cotidianas es que construimos nuestra posición y nos queremos pronunciar de cara a los legisladores y la sociedad. En este sentido expresamos:
Consideramos que la gran mayoría de los niños, adolescentes o jóvenes que comete un delito poseen historias de vidas marcadas por la vulneración de sus derechos. Por lo tanto nos parece hipócrita reconocer rápidamente a un pibe como victimario, y al mismo tiempo, desconocer la responsabilidad de una sociedad que lo victimiza.
Entendemos que existe un discurso social, que se pretende dominante, y que ponen el énfasis en la conducta de los jóvenes y lo que “le hacen” a la sociedad. Esto es amplificado enfáticamente por algunos medios de comunicación. Al mismo tiempo, se oculta sistemáticamente los padecimientos que sufren estos jóvenes, sus condiciones de vida y las marcas de la marginalidad.
En otras palabras, no se puede desconocer que los chicos y adolescentes de hoy nacieron en pleno auge del menemismo, con padres sin trabajo, y en medio del quiebre sistemático de la educación y la salud pública, que expresa sus efectos y continuidades en la actualidad.
Estamos convencidos que la baja de la edad de imputabilidad, la extensión del sistema penal y el endurecimiento de penas no van a resolver la inseguridad, ni la percepción social que existe de ella. Sabemos que la única respuesta real respecto a la violencia urbana es el achicamiento de la brecha de desigualdad social y una real distribución de la riqueza.
Al mismo tiempo queremos afirmar que el delito es liderado y protagonizado mayoritariamente por los adultos. El crimen organizado para la venta, tráfico, alquiler de armas y desarmaderos de autos es gerenciado por “mayores”, que sólo es posible con la complicidad de poderes políticos, empresariales, judiciales y policiales.
Consideramos que la agenda de la política y el Estado en relación a la niñez y la adolescencia debe priorizar la restitución de derechos y la efectiva aplicación de la Ley 26.061, con la asignación de recursos correspondiente. El espacio asignado a ley penal juvenil es solo una concesión a los demandantes de la criminalización de la problemática social.
Al mismo tiempo, deseamos afirmar que el actual régimen penal nacional para adolescentes y jóvenes, es obsoleto, estigmatizante y abusivo. Por lo tanto estamos lejos de defender los que hoy existe.
ES NUESTRO COMPROMISO MOVILIZARNOS Y DIFUNDIR ESTAS IDEAS PARA EVITAR LA BAJA DE EDAD DE IMPUTABILIDAD E IMPULSAR ACCIONES PARA LA RESTITUCIÓN DE DERECHOS A LA NIÑEZ.
Es por esto que sostenemos:
• EL RECHAZO A LA BAJA DE LA EDAD DE IMPUTABILIDAD
• El HAMBRE ES UN CRIMEN
• APARICIÓN CON VIDA DE LUCIANO ARRUGA
• APARICIÓN CON VIDA DE JULIO LOPEZ
Aclaración: la ley 26.061 es la ley Nacional de Promoción y Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, de la que emana la Ley 23.298 que es provincial.
Adhesiones: apdnlaplata@gmail.com
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