Estamos convencidos que la baja de la edad de imputabilidad (con media sanción en el Senado), el proyecto del nuevo Código Contravencional y el endurecimiento de penas no van a resolver la inseguridad, ni la percepción social que existe de ella.
Sabemos que la única respuesta real respecto a la violencia urbana es el achicamiento de la brecha de desigualdad social y una real distribución de la riqueza.
Sabemos que la única respuesta real respecto a la violencia urbana es el achicamiento de la brecha de desigualdad social y una real distribución de la riqueza.
Por todo esto exigimos:
-No a la baja de la edad de imputabilidad.
-No a los Códigos Contravencionales.
-No a las detenciones ilegales de niños y jóvenes.
-Aplicación real de la ley provincial13.298 de Promoción y Protección de los Derechos de los Niños, niñas y adolescentes.
-Basta de desalojos de niños y familias
Jueves 20 de mayo, frente a la legislatura Provincial (7 y 51)
17hs Conferencia de Prensa frente a la legislatura provincial a cargo de:
Julián Axat (Defensor del Fuero Penal Juvenil)
Roberto Cipriano (Comité Contra la Tortura)
Carola Bianco (Asamblea Permanente por los Derechos de la Niñez)
18hs Movilización con antorchas hacia la sede del Poder Judicial (7 y 56)
19hs Proyección del video/documental “Ahora, vamos a hablar de la inseguridad”, a cargo de Lanzallamas e Indymedia La Plata.
Cierre con bandas
Convocan
Asamblea Por los Derechos de la Niñez (APDN), Espacio no al Código de Scioli, Comité Contra la Tortura de la Comisión por la memoria, Consejo Local de La Plata, Foro por los Derechos de la Niñez
Asamblea Por los Derechos de la Niñez (APDN), Espacio no al Código de Scioli, Comité Contra la Tortura de la Comisión por la memoria, Consejo Local de La Plata, Foro por los Derechos de la Niñez
Comunicado de Prensa:
A casi 30 años del regreso de la democracia, un tema complejo se hace visible en la agenda política provincial: la INseguridad.
Cientos de paginas de diarios y revistas, horas de radio y televisión, se consumen en una descripción sesgada, superficial y burda de “hechos violentos-delictivos” como robos, asesinatos, secuestros. Reducen así la seguridad de la sociedad a la comisión de algunos delitos del Código Penal. En sintonía con esto, los gobiernos provincial y nacional y la mayor parte de los partidos políticos de la oposición, se suben al reclamo de “mano dura y balas para los delincuentes”, “mayor prisionización”, “baja de edad de imputabilidad” y modifican leyes que violentan la Constitución y los pactos internacionales incorporadas a ella. Algunos sectores hasta plantean la pena de muerte y el retroceso a la primitiva ley del talión: el que mata debe morir, al ladrón se le debe cortar las manos.
En el marco de esta recurrente voracidad punitiva, nos vemos en la obligación de advertir que:
1.- El origen de este tipo de delitos y la violencia tienen raíces complejas y profundas, tanto sociales como institucionales: la falta de equidad social y de distribución de la riqueza, el desempleo, la exclusión y la desarticulación de las políticas educativas.
2.- Los delitos mencionados que persigue el sistema policial-judicial selectivo, reducen intencionalmente el concepto de delito y ocultan otros: la trata de personas, el narcotráfico a gran escala, el tráfico de armas y los desarmaderos. Tampoco se investiga la estafa y la evasión de muchos empresarios y la corrupción de funcionarios y políticos. Estos delitos –a los que no se les teme ni persigue y por los que la sociedad no demanda mano dura- no sólo ocasionan un daño social mucho mayor que los delitos que sí se reprimen, sino que a través de sus nefastas consecuencias sociales están entrelazados con el origen de los delitos “de calle”. No existen políticas criminales específicas para desarticular estas redes de ilegalidad que, con complicidad o tolerancia de funcionarios provinciales y locales –políticos y policiales-, regulan la violencia en la provincia.
3.- Esta fuerte tendencia a la criminalización de la pobreza es un núcleo articulador de las políticas neoliberales y tiene como principal víctima a las niñas, niños y jóvenes. La baja de la edad de imputabilidad promovida en el proyecto nacional y el proyecto de código contravencional de Scioli, no resuelven de ningún modo el problema de la inseguridad, y eluden el debate sobre la responsabilidad central del Estado: garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las niñas, niños y jóvenes. Por el contrario, es preciso profundizar las políticas de inclusión y contención de los más jóvenes y no aquéllas que, basadas en la represión callejera y la privación de libertad, contribuyen a profundizar la brecha social existente.
4.- Cuando las respuestas desde las políticas públicas a la cuestión de la inseguridad se centran exclusivamente en la represión a sectores ya marginados, lo que se consigue es estimular el crecimiento de los índices delictivos. Llamamos la atención sobre la urgente necesidad de establecer políticas públicas de seguridad inclusivas, solidarias y democráticas. Es imprescindible garantizar la efectiva implementación del sistema de promoción y protección de los derechos de las niñas y niños, establecido por la ley 13. 298; y poner en marcha todos los órganos previstos por ella: la comisión interministerial, los consejos locales, el defensor de los derechos del niño y el observatorio social. También promover políticas universales de salud, educación, vivienda y trabajo.
5.- Desde la asunción del gobernador Scioli, las políticas impulsadas por el Ministerio de Seguridad apelaron a principios autoritarios en el uso de la fuerza y colocaron el eje en darle mas "potencia de fuego a la policía". Este tipo de discursos impacta directamente en una fuerza que registra escandalosas estadísticas de casos de gatillo fácil, torturas y apremios.
6.- De la mano de esto la Policía de la Provincia profundizó la detención de jóvenes adolescentes por el simple hecho de ser portadores de un estigma. Frente a esto la justicia no termina de poner límites a la detención de menores y su alojamiento en comisarías. Deja, así, margen para que la Bonaerense utilice figuras inconstitucionales como “contravenciones”, “detenciones por averiguación de identidad”, aprehensiones injustificadas (a posteriori registradas como “entrega de menor”) y “pedidos de paradero” o “captura” contradiciendo lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Bulacio”. Estas medidas constituyen un mecanismo de persecución y control social de los sectores más desprotegidos de la sociedad. Se detienen a niñas y niños, sin su debida notificación al defensor de menores, se los mantiene incomunicados, se los somete a torturas en las comisarías como golpes y vejaciones, que muchas veces terminan en asesinatos como en el caso de Darian Barzábal. Estas prácticas policiales son rutinas silenciosas e invisibilizadas por los medios de comunicación y el poder político.
7.- En esta dirección se inscribe el proyecto de Código Contravencional o de Faltas del Gobernador, claramente inconstitucional. Con esta herramienta se avanza en la criminalización de la protesta social y se profundiza la represión de los sectores pobres y excluidos de la sociedad, otorgando más facultades discrecionales y arbitrarias a la Policía Bonaerense. Así se podrá meter presos a vagabundos, mendigos, “merodeadores”, borrachos, cuidacoches, limpiavidrios, vendedores ambulantes sin autorización, parapsicólogos, travestis y prostitutas. Los que participen de despedidas de solteros, tomen una cerveza o jueguen al futbol en la plaza o las veredas. Tampoco los ciudadanos podrán cubrirse el rostro en la calle, gritar en su propia casa o participar en marchas, piquetes, corte de calles o escribir graffitis y leyendas.
8.- La promoción de este tipo de políticas regresivas, se da en el contexto de una provincia en la que diversos hechos han mostrado la permanencia de redes de inteligencia y grupos operativos que actúan impunemente: a las desapariciones impunes de Julio López y Luciano Arruga, se suman el regreso de las razzias policiales o la actuación de grupos parapoliciales contra pibes de la calle -como aconteció en Plaza San Martín de La Plata-.
9.- Como corolario de estas políticas, la actuación judicial-policial en desalojos de familias pobres de diversos barrios de La Plata , -incluso desobedeciendo las ordenes de un juez-, confirman la arbitrariedad y desigualdad que se sostiene desde el gobierno provincial para con los sectores más vulnerables.
Por todo esto decimos ¡BASTA!
Basta de mirar para otro lado, basta de tratar a un inmenso sector de la población como si mereciera la pobreza. Porque queremos políticas para el desarrollo pleno de la vida de todas las chicas y chicos y sus familias.
No toleramos que primero se abandone a los niños y niñas y luego se los encierre, cargando sobre ellos y ellas todo el peso de la responsabilidad de lo que les pasa.
Los niños y niñas que mueren de hambre, los abandonados, los muertos en casos de gatillo fácil y los victimas de torturas o apremios ilegales son victimas de un Estado que debe responder por los delitos que comete.
Queremos una sociedad justa donde las políticas públicas aseguren trabajo digno, salud y educación para todas y todos
Por todo esto exigimos:
-No a la baja de la edad de imputabilidad.
-No a los Código Contravencionales
-No a las detenciones ilegales de niños y jóvenes
-Aplicación real de la ley 13.298 de Protección y Promoción de los Derechos de los Niños, presupuesto y políticas efectivas
-No al desalojo de niñ@s y sus familias
Por que queremos…
POLÍTICAS PARA LA VIDA , NO PARA EL ENCIERRO
La seguridad democrática: políticas para la vida, no para el encierro
A casi 30 años del regreso de la democracia, un tema complejo se hace visible en la agenda política provincial: la INseguridad.
Cientos de paginas de diarios y revistas, horas de radio y televisión, se consumen en una descripción sesgada, superficial y burda de “hechos violentos-delictivos” como robos, asesinatos, secuestros. Reducen así la seguridad de la sociedad a la comisión de algunos delitos del Código Penal. En sintonía con esto, los gobiernos provincial y nacional y la mayor parte de los partidos políticos de la oposición, se suben al reclamo de “mano dura y balas para los delincuentes”, “mayor prisionización”, “baja de edad de imputabilidad” y modifican leyes que violentan la Constitución y los pactos internacionales incorporadas a ella. Algunos sectores hasta plantean la pena de muerte y el retroceso a la primitiva ley del talión: el que mata debe morir, al ladrón se le debe cortar las manos.
En el marco de esta recurrente voracidad punitiva, nos vemos en la obligación de advertir que:
1.- El origen de este tipo de delitos y la violencia tienen raíces complejas y profundas, tanto sociales como institucionales: la falta de equidad social y de distribución de la riqueza, el desempleo, la exclusión y la desarticulación de las políticas educativas.
2.- Los delitos mencionados que persigue el sistema policial-judicial selectivo, reducen intencionalmente el concepto de delito y ocultan otros: la trata de personas, el narcotráfico a gran escala, el tráfico de armas y los desarmaderos. Tampoco se investiga la estafa y la evasión de muchos empresarios y la corrupción de funcionarios y políticos. Estos delitos –a los que no se les teme ni persigue y por los que la sociedad no demanda mano dura- no sólo ocasionan un daño social mucho mayor que los delitos que sí se reprimen, sino que a través de sus nefastas consecuencias sociales están entrelazados con el origen de los delitos “de calle”. No existen políticas criminales específicas para desarticular estas redes de ilegalidad que, con complicidad o tolerancia de funcionarios provinciales y locales –políticos y policiales-, regulan la violencia en la provincia.
3.- Esta fuerte tendencia a la criminalización de la pobreza es un núcleo articulador de las políticas neoliberales y tiene como principal víctima a las niñas, niños y jóvenes. La baja de la edad de imputabilidad promovida en el proyecto nacional y el proyecto de código contravencional de Scioli, no resuelven de ningún modo el problema de la inseguridad, y eluden el debate sobre la responsabilidad central del Estado: garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las niñas, niños y jóvenes. Por el contrario, es preciso profundizar las políticas de inclusión y contención de los más jóvenes y no aquéllas que, basadas en la represión callejera y la privación de libertad, contribuyen a profundizar la brecha social existente.
4.- Cuando las respuestas desde las políticas públicas a la cuestión de la inseguridad se centran exclusivamente en la represión a sectores ya marginados, lo que se consigue es estimular el crecimiento de los índices delictivos. Llamamos la atención sobre la urgente necesidad de establecer políticas públicas de seguridad inclusivas, solidarias y democráticas. Es imprescindible garantizar la efectiva implementación del sistema de promoción y protección de los derechos de las niñas y niños, establecido por la ley 13. 298; y poner en marcha todos los órganos previstos por ella: la comisión interministerial, los consejos locales, el defensor de los derechos del niño y el observatorio social. También promover políticas universales de salud, educación, vivienda y trabajo.
5.- Desde la asunción del gobernador Scioli, las políticas impulsadas por el Ministerio de Seguridad apelaron a principios autoritarios en el uso de la fuerza y colocaron el eje en darle mas "potencia de fuego a la policía". Este tipo de discursos impacta directamente en una fuerza que registra escandalosas estadísticas de casos de gatillo fácil, torturas y apremios.
6.- De la mano de esto la Policía de la Provincia profundizó la detención de jóvenes adolescentes por el simple hecho de ser portadores de un estigma. Frente a esto la justicia no termina de poner límites a la detención de menores y su alojamiento en comisarías. Deja, así, margen para que la Bonaerense utilice figuras inconstitucionales como “contravenciones”, “detenciones por averiguación de identidad”, aprehensiones injustificadas (a posteriori registradas como “entrega de menor”) y “pedidos de paradero” o “captura” contradiciendo lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Bulacio”. Estas medidas constituyen un mecanismo de persecución y control social de los sectores más desprotegidos de la sociedad. Se detienen a niñas y niños, sin su debida notificación al defensor de menores, se los mantiene incomunicados, se los somete a torturas en las comisarías como golpes y vejaciones, que muchas veces terminan en asesinatos como en el caso de Darian Barzábal. Estas prácticas policiales son rutinas silenciosas e invisibilizadas por los medios de comunicación y el poder político.
7.- En esta dirección se inscribe el proyecto de Código Contravencional o de Faltas del Gobernador, claramente inconstitucional. Con esta herramienta se avanza en la criminalización de la protesta social y se profundiza la represión de los sectores pobres y excluidos de la sociedad, otorgando más facultades discrecionales y arbitrarias a la Policía Bonaerense. Así se podrá meter presos a vagabundos, mendigos, “merodeadores”, borrachos, cuidacoches, limpiavidrios, vendedores ambulantes sin autorización, parapsicólogos, travestis y prostitutas. Los que participen de despedidas de solteros, tomen una cerveza o jueguen al futbol en la plaza o las veredas. Tampoco los ciudadanos podrán cubrirse el rostro en la calle, gritar en su propia casa o participar en marchas, piquetes, corte de calles o escribir graffitis y leyendas.
8.- La promoción de este tipo de políticas regresivas, se da en el contexto de una provincia en la que diversos hechos han mostrado la permanencia de redes de inteligencia y grupos operativos que actúan impunemente: a las desapariciones impunes de Julio López y Luciano Arruga, se suman el regreso de las razzias policiales o la actuación de grupos parapoliciales contra pibes de la calle -como aconteció en Plaza San Martín de La Plata-.
9.- Como corolario de estas políticas, la actuación judicial-policial en desalojos de familias pobres de diversos barrios de La Plata , -incluso desobedeciendo las ordenes de un juez-, confirman la arbitrariedad y desigualdad que se sostiene desde el gobierno provincial para con los sectores más vulnerables.
Por todo esto decimos ¡BASTA!
Basta de mirar para otro lado, basta de tratar a un inmenso sector de la población como si mereciera la pobreza. Porque queremos políticas para el desarrollo pleno de la vida de todas las chicas y chicos y sus familias.
No toleramos que primero se abandone a los niños y niñas y luego se los encierre, cargando sobre ellos y ellas todo el peso de la responsabilidad de lo que les pasa.
Los niños y niñas que mueren de hambre, los abandonados, los muertos en casos de gatillo fácil y los victimas de torturas o apremios ilegales son victimas de un Estado que debe responder por los delitos que comete.
Queremos una sociedad justa donde las políticas públicas aseguren trabajo digno, salud y educación para todas y todos
Por todo esto exigimos:
-No a la baja de la edad de imputabilidad.
-No a los Código Contravencionales
-No a las detenciones ilegales de niños y jóvenes
-Aplicación real de la ley 13.298 de Protección y Promoción de los Derechos de los Niños, presupuesto y políticas efectivas
-No al desalojo de niñ@s y sus familias
Por que queremos…
POLÍTICAS PARA LA VIDA , NO PARA EL ENCIERRO
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