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(APe).- La noticia publicada el martes 18 de enero en el sitio mdzonline, dice que el gobierno de Mendoza “(…) elaborará un listado con los nombres de los más de 60.000 chicos y jóvenes que viven en condiciones de vulnerabilidad, entendiendo a esta como situaciones familiares de necesidades económicas y de trabajo irregular, que en muchas condiciones (sic) derivan en violencia familiar, según la definición que dio el propio ministro de Desarrollo Humano, Carlos Ciurca. Este padrón permitirá tener identificados los chicos de hasta 26 años que reciben ayuda estatal y realizar un seguimiento de su situación…”. Al final de la nota se refleja cuál es el objetivo de este empadronamiento, según el ministro de Desarrollo Humano: “Al dar la conferencia de prensa, Ciurca dijo que se trata de medidas que apuntan a la integración social y a la disminución del delito.”

El sociólogo francés Loïc Wacquant escribió hace unos años un libro que se llama “Las cárceles de la miseria”. Allí describe cómo, a partir de las políticas impuestas en los Estados Unidos y luego “derramadas” hacia Europa y América Latina, el Estado Social, o Estado de Bienestar, fue perdiendo peso frente al Estado penal-policial, y cómo ese proceso se ha ido desarrollando a través de las agencias estatales creadas para atender la problemática sanitaria, educativa, poblacional y cultural de los ciudadanos, y que luego son utilizadas como instrumentos de control social. En ese contexto, las listas de quienes reciben algún tipo de ayuda social, porque son considerados en “situación de vulnerabilidad”, son luego cruzadas con las listas de las agencias judiciales y policiales, porque, como dice el ministro de Desarrollo Humano mendocino, la lógica que predomina en estos programas es que su función es disminuir el delito.

Quienes vivimos en la Ciudad de Buenos Aires hemos escuchado decir al actual jefe de gobierno Mauricio Macri, cuando hacía campaña electoral para el cargo, que iba a “prevenir el delito” mediante la creación de programas sociales. Es la misma lógica punitiva. La educación pública universal, de calidad y gratuita es un derecho de todos los niños y niñas, así como la salud y la vivienda dignas. El acceso a la universidad, lo mismo. La posibilidad de conseguir un primer empleo, igual. No son “ayudas”, sino obligaciones que el Estado tiene con cada uno de sus ciudadanos, y de manera muy especial, con sus niños y niñas. Y no deben ser implementadas para “prevenir el delito”, sino como cumplimiento de esa obligación. No educamos a nuestros hijos, o los mandamos a hacer deportes, o los ayudamos a encontrar trabajo “para que no cometan delitos”, sino porque entendemos que tienen derecho a estudiar, divertirse y trabajar cuando tengan edad para hacerlo.

Las listas y padrones son una forma de recortar derechos y de controlar personas. Implican una visión estigmatizante en sí misma. Se asocia pobreza con violencia familiar y con delito, y se comienza a marcar a los niños desde que nacen, porque son hijos de determinada familia o viven en un barrio “vulnerable”.

En Mendoza, como en Buenos Aires o en cualquier otra provincia, hay barrios donde se vive en condiciones inhumanas, y hay miles de niños no van a la escuela porque deben trabajar -en la cosecha, en la calle- para ayudar a sus familias. En lugar de enlistarlos, y ponerle nombre y apellido a la exclusión, lo que debería hacerse es remover las condiciones estructurales que ponen a esos barrios, a esas familias y a esos niños en “condición de vulnerabilidad”.

Pero hay casos en los que coincide la percepción de los desesperados con las agujas del reloj, y lo que pasan son las horas. Y con las horas, avanza la muerte.
5 de enero, víspera de Reyes. Los diarios informan que “murió el nene que esperó cinco horas una ambulancia”.
El nene se llamaba Claudio, y en la noche del 30 de diciembre un arma disparada accidentalmente por un adolescente de 16 años le provocó una herida en la cabeza. Vivía en Ingeniero Budge con su abuela y su tío Cristian, de 18 años. Desde que fue llevado al hospital Materno Infantil Oscar Alende de Ingeniero Budge, (Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires) hasta que una ambulancia lo trasladó al Hospital Garrahan, en Parque Patricios (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) pasaron más de cinco horas, para un viaje que no lleva más de treinta minutos.
Una vecina contaba a un diario local: “Claudio no tiene ni mamá, ni papá. Vive con su abuela, tíos y primos. Es un nene divino, que siempre juega con mi hijo, estamos muy mal. Cuando dispararon vi que Cristian estaba con un amigo tirándose el arma, el uno al otro. Se reían, pero en un momento se disparó un tiro y le pegó a Claudito. El pibe salió corriendo por la calle y el tío del nene entró desesperado a buscarlo. Salió a la calle y entre todos los vecinos lo ayudamos. Finalmente los trasladó al hospital Alende un policía que vive en la esquina”.
Pero el Alende no pudo hacerse cargo del niño. Quizá por los mismos motivos por los que, el 20 de agosto de 2009, un conjunto de organizaciones sociales, gremiales y políticas de Lomas de Zamora, nucleadas en el Foro de Salud de Lomas de Zamora, iniciaron una campaña por la provincialización del Hospital Oscar Alende: “Lo hacemos pues desde su inauguración hace 10 años, el hospital nunca funcionó como es debido padeciendo graves carencias de insumos, mantenimiento y personal. El mayor extremo de esto es que siendo un hospital "materno infantil" es habitual que estén descubiertas las guardias de pediatría.” Tal vez por eso hubo que derivarlo, con una urgencia de la que Claudio no gozó.
Los responsables del atraso serán sometidos a un sumario administrativo. El adolescente que disparó el arma “está siendo buscado por la policía”, y tal vez sea encontrado y condenado como el criminal que no quiso ser. El tío del niño cargará para siempre con la culpa de haber participado en el hecho que derivó en la muerte de su sobrino. La abuela seguirá llorando desesperada, como lo estuvo durante esas horas en que la ambulancia no llegaba.
Pero ninguna de esas consecuencias tiene que ver con las causas reales de la muerte de este niño, uno más de los pibes casi sin nombre, muerto, finalmente, porque hay algunos lugares donde las ambulancias tardan demasiado en llegar.