Hoy lunes 4 de abril, a partir de las 10 de la mañana, comenzaron los allanamientos judiciales con trescientos efectivos de Gendarmería Nacional producto de una denuncia por explotación infantil y esclava en tres fincas ubicadas en Batán, en las afueras de la ciudad de Mar del Plata. Luego de una investigación de varios meses Gustavo Vera, titular de la Fundación Alameda, presentó el pasado 18 de enero una denuncia ante la Fiscalía General que consta de cámaras ocultas (ver video adjunto) y testimonios con identidad reservada. Las dificultades para registrar lo que muchos marplatenses murmuran sobre estas quintas fueron grandes ya que las fincas de florihorticultura se han convertido en verdaderos campos de concentración totalmente cerrados al exterior. Primero porque la incorporación de personal de nacionalidad boliviana no se hace espontáneamente, sino mediante reclutadores o conocidos directos. Segundo por la protección policial con cuentan estas empresas, ya que ante la menor sospecha de personas ajenas al lugar merodeando, arriba la Policía Bonaerense para pedir documentos y tratar de averiguar las razones de la visita.
Después de infructuosos intentos de ingresar a las fincas, donde no pasan siquiera docentes ni médicos de la zona, se pudo hacerlo disfrazado de Reyes Magos. El sábado 8 de enero se rompió el cerco de la esclavitud cuando varios militantes de la Alameda acompañados por el grupo de Apoyo de Madres de Plaza de Mayo e Hijos de Mar del Plata se camuflaron de Reyes Magos. Tuvieron que avisar primero a la comisaría 8ª de Batán para no levantar sospechas. La excusa fue que eran de un grupo de voluntarios que acercaba juguetes para los niños en ocasión del día de reyes. En la seccional policial se consultó dónde se encontraban los chicos y estos mismos efectivos orientaron a los “voluntarios” hacia las fincas con explotación infantil.
El video que hoy es difundido a los medios de comunicación y que puede encontrarse en
http://www.youtube.com/watch?v=2aruz0mma6I, demuestra que es habitual el trabajo de los pibes de 6 a 11 años en las cosechas de morrón, tomate y frutilla. Todos los chicos con los que se habló reconocen que trabajan. También se incluye imágenes de las condiciones paupérrimas en las que se encuentran gran parte de los trabajadores todos ellos migrantes bolivianos, incluso se ve a uno de los niños durmiendo en medio de las plantaciones, probablemente luego de haber trabajado a destajo.
A la Compañía Frutihortícola S.A., más conocida como “El Frutillar”, se la denuncia por malos tratos físicos y psicológicos. Los trabajadores están encerrados, y sólo pueden salir de los campos de la compañía en los festejos de carnaval durante el mes de marzo. Vecinos de la zona describieron al lugar como un verdadero campo de concentración. Como dueño del lugar, figura Andrés Moretti, y el capataz Hernán Arana. Se estima que en este lugar hay cientos de trabajadores de origen boliviano. A ellos se les retiene los documentos de identidad y todos viven en campamentos donde tienen casillas muy precarias. Varias fuentes informativas han denunciado la existencia de abuso sexual y maltrato en los terrenos de la Compañía Frutihortícola S.A.
Por otra parte, los vecinos denuncian la utilización del Bromuro de Metilo, agroquímico prohibido en la mayor parte del mundo, como la quema de plásticos a cielo abierto que realizan a la hora de terminar las cosechas, que representa una peligrosidad para la salud de los trabajadores y quienes viven cercanos al lugar.
A los docentes de la Escuela Nº46, donde van los niños del frutillar a jornada simple, les resulta imposible entrar a las fincas cuando la institución necesita hacerlo para recabar alguna información de alumnos. Lo mismo le ocurre al personal de la Salita de Primeros Auxilios de La Peregrina.
Todo esta situación de esclavitud y explotación infantil ocurre a unos veinte kilómetros de la ciudad de Mar del Plata, en el Partido de General Pueyrredón, en el cordón Frutihortícola de Sierra de los Padres y Batán, zona considerada como uno de los centros de producción frutihortícola más importante del país, que distribuye su producción en el Mercado central y para la exportación.
Las empresas denunciadas y allanadas ahora por orden de la fiscalía Nº2, a cargo de Gustavo Rodríguez, son Compañía Frutihortícola S.A., Quinta Costa Mari y la Quinta Rueda. Se demoró los allanamientos ya que el juez de turno en enero solicitó que la investigación de la Fundación Alameda y las organizaciones de derechos humanos fuera ratificada por una investigación judicial. Entonces el fiscal federal convocó a efectivos de Gendarmería Nacional, quienes luego de dos meses de inteligencia, ratificaron ante la fiscalía lo que la Alameda había denunciado a principios de año. Esto llevó a que el actual juez involucrado en la causa, Rodolfo Pradas, otorgase los allanamientos a las fincas esclavistas y explotadoras de niños.
