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viernes, 28 de enero de 2011

CONTRA LA BAJA DE EDAD DE IMPUTABILIDAD


 
Ante un año electoral se instala la prepotencia "securitaria" de los progresistas de derecha y de los populistas punitivos avanzando en "comunión” sobre los sectores más débiles de nuestra sociedad. 

Reenviamos la Declaración de Julio del 2009 y con ello reiteramos y reafirmamos nuestra posición.



La alianza estratégica entre el Progresismo de Derecha y el Populismo Punitivo, llamado eufemísticamente “consenso legislativo” ha subordinado el objetivo del cambio hacia un Régimen Penal Juvenil al avance punitivo de la baja de edad de imputabilidad.

Es falaz y perverso porque todos sabemos... y “ellos” también, sostener que el sistema penal, desde todas y cada una de sus agencias, policía-justicia-ministerio público e instituciones de encierro, respeten los derechos fundamentales y otorguen las debidas garantías a quienes ingresan a las mismas.

Invitamos a recorrer comisarías, juzgados, fiscalías, defensorías, institutos y cárceles, e invitamos también a que sigan sosteniendo “ese” discurso.

Es falaz y perverso porque todos sabemos... y “ellos” también, que ese no es el propósito del sistema
penal, ni lo fue ni lo será nunca, nos hemos formado con la clara certeza demostrada que es constitutivo del sistema penal su carácter arbitrario, discrecional y selectivo. Que el mismo ha respondido, responde y responderá a las exigencias de una política penal y criminal que el orden social dominante demanda para gobernar el malestar social, ejerciendo la direccionada persecución penal de aquellos que el propio sistema capitalista ha decidido expulsar fuera del mercado, en nuestros tiempos, las claras víctimas de un proceso de desigualdad sin precedentes producto de las políticas neoliberales que llevan más de 20 años de desarrollo.

Es falaz y perverso porque todos sabemos... y “ellos” también, que en un país con más del 49% de los niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años bajo la Línea de Pobreza (LP), de los cuales el 20%, están bajo la línea de la indigencia, se pueda siquiera considerar que las garantías y el respeto a sus derechos recién se consumen una vez cometido un delito y que el ingreso al sistema penal signifique el comienzo de una vida plena como “sujeto de derechos”.

Es falaz y perverso porque todos sabemos... y “ellos” también, que en los últimos años, los operadores del sistema penal, de amplios sectores políticos y de medios de comunicación, amparados en el paradigma de la seguridad-inseguridad, con claros criterios de “defensa social”, han construido casi excluyentemente un solo “enemigo interno”: los adolescentes y jóvenes varones pobres.

Es falaz y perverso por que nosotros sabemos... y “ellos” también, que los únicos recursos disponibles en el presente para abordar la problemática de los adolescentes y jóvenes que ingresan al sistema penal son las instituciones de encierro, que las nuevas leyes de infancia, nacional y provinciales, no han sido ejecutadas con los recursos materiales y humanos necesarios para disponer de alternativas a la privación de la libertad.

Por lo tanto:

· Que el Progresismo de derecha asuma su propuesta en el reconocimiento que el sistema penal no garantiza ni repara, sino que castiga y profundiza la exclusión social.

· Que el Populismo punitivo reconozca que no resuelve el problema del delito, la violencia y la inseguridad bajando la edad de imputabilidad de los más chicos, como tampoco lo ha resuelto con los que ya son punibles a pesar de promover un crecimiento exponencial del sistema penal con: la creación de juzgados, fiscalías, tribunales orales, cámaras, el aumento sistemático de efectivos policiales con facultades cada vez más ‘amplias’ y por supuesto con sus recursos materiales, el impactante crecimiento de plazas carcelarias y de institutos, los límites a las excarcelaciones, el uso abusivo y generalizado de la prisión preventiva, los malos tratos y torturas y las ejecuciones sumarias de las diversas agencias policiales.

En este sentido, expresamos:

Las garantías y respeto de los derechos fundamentales se sostienen a partir del desarrollo a mediano y a corto plazo de políticas económicas y sociales distributivas que se direccionen hacia la disminución drástica de la pobreza y la indigencia de los niños, adolescentes, jóvenes y sus familias y con programas de asistencia y contención que aborden con carácter urgente problemas graves que los afectan.

Nuestro absoluto rechazo a los claros avances legislativos para bajar la edad de imputabilidad, afirmamos nuestra convicción de la necesidad de un Régimen Penal Juvenil que contenga los principios fundantes de un derecho penal mínimo en el marco de un estado social para todos.

OBSERVATORIO DE ADOLESCENTES y JÓVENES Y GRUPO DE ESTUDIOS SOBRE SISTEMA PENAL Y DERECHOS HUMANOS (GESPyDH) 
Instituto de Investigaciones Gino Germani - Facultad de Cs. Sociales - UBA

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