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martes, 24 de noviembre de 2009

La democracia malherida


El proyecto del nuevo Código de Faltas del Gobernador Scioli y su Ministro Stornelli, amenaza gravemente las libertades y derechos de los y las bonaerenses, atacando los fundamentos de nuestra democracia.

Desde la asunción del gobernador, la política en materia de seguridad retornó a las propuestas de “mano dura” y mayor poder para la estructura policial, afirmando que de esta manera se reduciría el delito y la violencia en la calle. Pidieron “mayor poder de fuego” y “que la policía ganara las calles”.

Hoy, a consecuencia de esa política, se han hecho habituales prácticas policiales cada vez más violentas y violatorias de derechos y garantías constitucionales. El retorno de los procedimientos masivos de detención de personas (razzias) y el uso cada vez más extendido de las detenciones por averiguación de antecedentes o identidad, son un reflejo del amplio margen de arbitrariedad que se ha depositado en la fuerza policial más grande, politizada, corporativa y sospechada de hacer el trabajo sucio, para el sostén de la corrupción enquistada e institucionalizada en la provincia.

En esta dirección, se inscribe el nuevo proyecto de Código de Faltas, a través del cual se legitima la violación de todas las garantías constitucionales que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas.

La Constitución Nacional es la norma fundamental en cuyo marco deben dictarse todas las demás normas jurídicas. Es el único límite que podemos esgrimir los ciudadanos y ciudadanas frente al poder monopólico del Estado de castigar. La única herramienta que nos permite frenar legalmente la arbitrariedad ante el poder punitivo del Estado.

Con el código contravencional, se burlan todas las normas constitucionales. y se avanza en la criminalización de la pobreza y de todos los sectores que se quieran comprometer y no se avengan a mantenerse callados. Legitima al poder represivo para acallar cualquier pedido social, impidiendo la participación.Con esta norma, la policía tendrá legalmente más facultades discrecionales y podrá encerrarnos a todos y todas, ahora desde la edad de catorce años.

Con el nuevo Código, no hace falta hacer ningún daño para ir preso, sólo basta con que la policía lo quiera, en ese sentido la norma permite sancionar bajo figuras no definidas como: vagabundos, mendigos, merodeadores, borrachos, “trapitos” o cuidacoches, limpiavidrios, vendedores ambulantes sin autorización, intérpretes de sueños, parapsicólogos, travestis y prostitutas.

También prohíbe y castiga con arresto las despedidas de solteros y recibidas de estudiantes, donde se saque parte de la ropa o arrojen sustancias que afecten su aspecto, se tome cerveza o se juegue al fútbol en la plaza o las veredas, a quienes tiren agua durante el carnaval o llevar una llave sin poder explicar su tenencia. Tampoco los ciudadanos podrán cubrirse el rostro en la calle o gritar en su propia casa.

Como si esto fuera poco, apunta al corazón de la democracia reprimiendo las manifestaciones públicas: se podrá detener a quienes participan en marchas o reunión de personas, quienes escriben graffitis y leyendas, pegan carteles en lugares no autorizados, se reúnen “tumultuosamente”, participan de piquetes, cortes de calle o escraches. También quienes insulten en la calle o hagan un dibujo torpe que ofenda la “decencia pública”.

No obstante, incluye a comerciantes que les vendan bebidas alcohólicas a los mayores de 18 años y contribuyan con ello a su borrachera, integrantes de clubes o asociaciones que realicen espectáculos públicos sin cumplimentar con todas las medidas municipales, provinciales y nacionales de seguridad, a quienes hagan ruidos o toquen campanas que afecten la tranquilidad de la población y a los padres cuyos hijos e hijas menores dejen la escuela.

A quienes no puedan pagar las elevadas multas (por ej. más de $ 7.000 para un cuidacoche), la misma se convertirá en arresto. Vuelve la prisión por deudas del derecho romano.

La reforma crea la figura del juez contravencional en cada municipio y dispone la creación de cárceles para contraventores. El juez será designado por el gobierno provincial con acuerdo de los intendentes y por el plazo de 5 años. Este funcionario administrativo tiene facultades para imponer penas privativas de la libertad, que pueden ir hasta 1 año de arresto y disponer allanamientos e internaciones de alcohólicos sin plazo alguno. Sin lugar a dudas esto es una clara intromisión del Poder Ejecutivo en facultades propias e indelegables del Poder Judicial. En tiempos de crisis, donde la provincia no paga planes sociales o becas, se crea una nueva burocracia administrativa y más cárceles para contraventores en cada municipio.

Demuestra también un desprecio inmenso al derecho internacional: la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Bulacio vs. Argentina” ordenó al Estado argentino que garantice la no repetición de hechos como la muerte sufrida por Walter Bulacio originada en una razzia policial, adoptando medidas legislativas necesarias para adecuar el ordenamiento jurídico interno a las normas internacionales de derechos humanos (como la necesidad de orden judicial previa para privar de la libertad a una persona). También cuestionó las prácticas y las normas que facultan a los policías de todo el país a detener personas arbitrariamente por contravenciones.

El gobierno provincial ha tomado el camino de restringir la libertad de todos y todas, ha decidido explícitamente silenciarnos y mantenernos con miedo e inmóviles, en aras de suplir su ineficiencia para diseñar políticas inclusivas para toda la sociedad, único remedio probado a nivel mundial para disminuir la inseguridad. Ha hecho una opción que nos acerca al precipicio del autoritarismo, hiriendo de gravedad a nuestra democracia.

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