APDN

(APe).- El semáforo parece ser su lugar en el mundo por largas horas. La María tiene el andar lento. Casi como si estuviera luchando con ese cuerpo robusto y la hilera de pibes a cuestas. Tiene el cabello corto y despeinado. Se la suele ver hasta entrada la noche en el mismo y eterno semáforo. Estirando la mano como para pedir al mundo alguna moneda que sume para sostener la casita de bloques, que se inunda a la más mínima lluvia. Carlos, el marido, cartonea mientras tanto tratando de bucear entre la basura que el mundo incluido va dejando a su paso. Ella dice que a veces, cuando llueve un poco de buena suerte, junta hasta 20 pesos. Otras, la vida le muestra la mueca más áspera y vuelve sin nada, pateando las 30 cuadras que la separan del chaperío, en el barrio Lourdes.

Tiene cinco chicos. Evelyn, de 9 cuenta que juega a las escondidas todo el tiempo. ¿De qué males se esconderá buscando hacerle zancadillas a la oscuridad que la vida le pone de sopetón frente a sus ojos a cada rato? Brisa, de 7 mira con los ojos bien abiertos y dibuja en la tierra de la calle mientras que los otros tres todavía andan correteando la vida con pañales que aguantan más horas de las debidas. No hay forma, si no.

Está cansada de que le digan que las garrafas subsidiadas cuestan 18 ó 20 pesos. Lo que olvidan de decirle es que siempre los cupos son insuficientes y casi nunca se consiguen.

La vida le cambió, sí. Cómo negarlo. Desde que cobró por primera vez la asignación por hijo las cosas les fueron mejor a la María y al Carlos. Pero llega el frío y ya los críos no pueden andar más correteando sin los pañales y la garrafa dura menos y la noche llega tan pronto que las horas en el semáforo se le diluyen.

El economista Claudio Lozano habla de una Canasta Básica Alimentaria de 1100 pesos y una Canasta Básica Total de 1900. Cómo hacen millones de Marías y de Carlos para sumar pesito tras pesito esos 1100. Menos aún los 1900 que resultan cifras impensables y desconocidas. La vida no se mide de esa manera en las barriadas. La vida se mide por día.

Claro que los 1100 de la CBA se pueblan de polentas y fideos, de arroces y harinas que llenan las pancitas de torta frita o de panes que duran mientras duran para mojar en el mate cocido que alarga las esperanzas y disimula el hambre vieja. “Diga que ellos me comen en el comedor de la escuela”, dice la María. Pero claro. Todo tiene límite. Hay semanas en que dos días seguidos de paro o un feriado demasiado largo para la vida de los márgenes aprietan los estómagos. No hay derechos ni bicentenarios que la contengan. Hay otros mundos ajenos a su mundo. Su universo está en su ventana tapada con lona negra. En puerta de tela raída y en un colchón delgado para los pibes. Ese es su universo y no otro. No entran en su mundo los hombres que hablan de ella sin saber qué dioses la descobijan de la buena fortuna. Esa que haría que alguna vez pudiera sentarse ante una mesa rebosante de riquezas: algún trozo de carne, un plato de verduras y frutas de color de arcoiris. Por su puerta jamás pasan esos señores que diseñan o cuestionan los diseños para los días de los Marías y los Carlos. Y menos aún esos otros que hablan en su nombre. Jamás sabrá, por ejemplo, que hay un señor que se llama Ernesto Sanz que dijo que “la asignación universal por hijo se está yendo por la canaleta de dos cuestiones que el gobierno no sólo que no las ve sino que muchos de sus aliados intendentes de conurbano lo tapan, el juego y la droga”. ¿Le importaría más, acaso, si le dijeran que ese señor hace leyes en su nombre y que dirige los destinos de la Unión Cívica Radical?

Tal vez si lo supiera, lo miraría con ojos de desprecio. Le diría “no en mi nombre”. O lo invitaría a sentarse a su mesa. A ir con ella al semáforo por un par de días, no más. Con un par de días basta para entender. O lo llevaría a la oficina del Anses a quejarse con ella de las demoras en la asignación. O a lo mejor le ofrecería el baño que no es porque en ciertos barrios el excusado es la única realidad cotidiana.

Quizás le contaría que el único juego de su casa es el de Evelyn, Brisa y los otros tres cachorros. Y que la salvación llega sólo cuando escucha al del medio lanzar el grito de piedra libre para todos al que le encantaría aferrarse pero nunca, nunca llega.

Estamos convencidos que la baja de la edad de imputabilidad (con media sanción en el Senado), el proyecto del nuevo Código Contravencional y el endurecimiento de penas no van a resolver la inseguridad, ni la percepción social que existe de ella.

Sabemos que la única respuesta real respecto a la violencia urbana es el achicamiento de la brecha de desigualdad social y una real distribución de la riqueza.

Convocan
Asamblea Por los Derechos de la Niñez (APDN), Espacio no al Código de Scioli, Comité Contra la Tortura de la Comisión por la memoria, Consejo Local de La Plata, Foro por los Derechos de la Niñez

Comunicado de Prensa:


A casi 30 años del regreso de la democracia, un tema complejo se hace visible en la agenda política provincial: la INseguridad.

Cientos de paginas de diarios y revistas, horas de radio y televisión, se consumen en una descripción sesgada, superficial y burda de “hechos violentos-delictivos” como robos, asesinatos, secuestros. Reducen así la seguridad de la sociedad a la comisión de algunos delitos del Código Penal. En sintonía con esto, los gobiernos provincial y nacional y la mayor parte de los partidos políticos de la oposición, se suben al reclamo de “mano dura y balas para los delincuentes”, “mayor prisionización”, “baja de edad de imputabilidad” y modifican leyes que violentan la Constitución y los pactos internacionales incorporadas a ella. Algunos sectores hasta plantean la pena de muerte y el retroceso a la primitiva ley del talión: el que mata debe morir, al ladrón se le debe cortar las manos.

En el marco de esta recurrente voracidad punitiva, nos vemos en la obligación de advertir que:

1.- El origen de este tipo de delitos y la violencia tienen raíces complejas y profundas, tanto sociales como institucionales: la falta de equidad social y de distribución de la riqueza, el desempleo, la exclusión y la desarticulación de las políticas educativas.

2.- Los delitos mencionados que persigue el sistema policial-judicial selectivo, reducen intencionalmente el concepto de delito y ocultan otros: la trata de personas, el narcotráfico a gran escala, el tráfico de armas y los desarmaderos. Tampoco se investiga la estafa y la evasión de muchos empresarios y la corrupción de funcionarios y políticos. Estos delitos –a los que no se les teme ni persigue y por los que la sociedad no demanda mano dura- no sólo ocasionan un daño social mucho mayor que los delitos que sí se reprimen, sino que a través de sus nefastas consecuencias sociales están entrelazados con el origen de los delitos “de calle”. No existen políticas criminales específicas para desarticular estas redes de ilegalidad que, con complicidad o tolerancia de funcionarios provinciales y locales –políticos y policiales-, regulan la violencia en la provincia.

3.- Esta fuerte tendencia a la criminalización de la pobreza es un núcleo articulador de las políticas neoliberales y tiene como principal víctima a las niñas, niños y jóvenes. La baja de la edad de imputabilidad promovida en el proyecto nacional y el proyecto de código contravencional de Scioli, no resuelven de ningún modo el problema de la inseguridad, y eluden el debate sobre la responsabilidad central del Estado: garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las niñas, niños y jóvenes. Por el contrario, es preciso profundizar las políticas de inclusión y contención de los más jóvenes y no aquéllas que, basadas en la represión callejera y la privación de libertad, contribuyen a profundizar la brecha social existente.

4.- Cuando las respuestas desde las políticas públicas a la cuestión de la inseguridad se centran exclusivamente en la represión a sectores ya marginados, lo que se consigue es estimular el crecimiento de los índices delictivos. Llamamos la atención sobre la urgente necesidad de establecer políticas públicas de seguridad inclusivas, solidarias y democráticas. Es imprescindible garantizar la efectiva implementación del sistema de promoción y protección de los derechos de las niñas y niños, establecido por la ley 13. 298; y poner en marcha todos los órganos previstos por ella: la comisión interministerial, los consejos locales, el defensor de los derechos del niño y el observatorio social. También promover políticas universales de salud, educación, vivienda y trabajo.

5.- Desde la asunción del gobernador Scioli, las políticas impulsadas por el Ministerio de Seguridad apelaron a principios autoritarios en el uso de la fuerza y colocaron el eje en darle mas "potencia de fuego a la policía". Este tipo de discursos impacta directamente en una fuerza que registra escandalosas estadísticas de casos de gatillo fácil, torturas y apremios.

6.- De la mano de esto la Policía de la Provincia profundizó la detención de jóvenes adolescentes por el simple hecho de ser portadores de un estigma. Frente a esto la justicia no termina de poner límites a la detención de menores y su alojamiento en comisarías. Deja, así, margen para que la Bonaerense utilice figuras inconstitucionales como “contravenciones”, “detenciones por averiguación de identidad”, aprehensiones injustificadas (a posteriori registradas como “entrega de menor”) y “pedidos de paradero” o “captura” contradiciendo lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Bulacio”. Estas medidas constituyen un mecanismo de persecución y control social de los sectores más desprotegidos de la sociedad. Se detienen a niñas y niños, sin su debida notificación al defensor de menores, se los mantiene incomunicados, se los somete a torturas en las comisarías como golpes y vejaciones, que muchas veces terminan en asesinatos como en el caso de Darian Barzábal. Estas prácticas policiales son rutinas silenciosas e invisibilizadas por los medios de comunicación y el poder político.

7.- En esta dirección se inscribe el proyecto de Código Contravencional o de Faltas del Gobernador, claramente inconstitucional. Con esta herramienta se avanza en la criminalización de la protesta social y se profundiza la represión de los sectores pobres y excluidos de la sociedad, otorgando más facultades discrecionales y arbitrarias a la Policía Bonaerense. Así se podrá meter presos a vagabundos, mendigos, “merodeadores”, borrachos, cuidacoches, limpiavidrios, vendedores ambulantes sin autorización, parapsicólogos, travestis y prostitutas. Los que participen de despedidas de solteros, tomen una cerveza o jueguen al futbol en la plaza o las veredas. Tampoco los ciudadanos podrán cubrirse el rostro en la calle, gritar en su propia casa o participar en marchas, piquetes, corte de calles o escribir graffitis y leyendas.

8.- La promoción de este tipo de políticas regresivas, se da en el contexto de una provincia en la que diversos hechos han mostrado la permanencia de redes de inteligencia y grupos operativos que actúan impunemente: a las desapariciones impunes de Julio López y Luciano Arruga, se suman el regreso de las razzias policiales o la actuación de grupos parapoliciales contra pibes de la calle -como aconteció en Plaza San Martín de La Plata-.

9.- Como corolario de estas políticas, la actuación judicial-policial en desalojos de familias pobres de diversos barrios de La Plata , -incluso desobedeciendo las ordenes de un juez-, confirman la arbitrariedad y desigualdad que se sostiene desde el gobierno provincial para con los sectores más vulnerables.

Por todo esto decimos ¡BASTA!

Basta de mirar para otro lado, basta de tratar a un inmenso sector de la población como si mereciera la pobreza. Porque queremos políticas para el desarrollo pleno de la vida de todas las chicas y chicos y sus familias.

No toleramos que primero se abandone a los niños y niñas y luego se los encierre, cargando sobre ellos y ellas todo el peso de la responsabilidad de lo que les pasa.

Los niños y niñas que mueren de hambre, los abandonados, los muertos en casos de gatillo fácil y los victimas de torturas o apremios ilegales son victimas de un Estado que debe responder por los delitos que comete.

Queremos una sociedad justa donde las políticas públicas aseguren trabajo digno, salud y educación para todas y todos

Por todo esto exigimos:

-No a la baja de la edad de imputabilidad.

-No a los Código Contravencionales

-No a las detenciones ilegales de niños y jóvenes

-Aplicación real de la ley 13.298 de Protección y Promoción de los Derechos de los Niños, presupuesto y políticas efectivas

-No al desalojo de niñ@s y sus familias

Por que queremos…

POLÍTICAS PARA LA VIDA , NO PARA EL ENCIERRO

Comenzó el juicio por el asesinato de Miguel Serrano

El Tribunal Oral IV lleva adelante, desde este miércoles 12 de mayo, el juicio contra el policía Marcelo Palomo, acusado por el asesinato de Miguel Serrano, de 19 años, cometido el 3 de junio de 2008 en el barrio de Los Hornos.

En aquella ocasión, el joven circulaba en bicicleta, junto a un amigo, por las calles 155 y 56 de Los Hornos, cuando el policía de la comisaría 3ª los atropelló. Al ver en el piso a Miguel Serrano, el agente corrió la bicicleta, volvió a embestir al adolescente y se dio a la fuga, en presencia de testigos que fueron amenazados al día siguiente por el denunciado.

Al comenzar el juicio, el tribunal presidido por el Dr. Caputo Tártara dio paso a la exposición de los lineamientos sobre el caso. La fiscal Rosalía Sanchez, sostuvo la imputación de Palomo bajo la figura de “homicidio doloso” -es decir, intencional- de Miguel Serrano y “tentativa de homicidio” de Miguel Quinteros.

La defensa del imputado no niega el hecho, aunque cuestiona la autoría material por lo que pedirán la absolución del imputado.

Por su parte, la ronda de testimonios comenzó con la madre del joven asesinado, Mónica Vallejos, quien repasó lo sucedido hace dos años aquella noche de junio. Luego le sucedió su hija, quien fue una de las primeras personas en llegar al sitio donde los jóvenes habían sido atropellados y escuchó la frase salir de la boca ensangrentada de su propio hermano que todavía se encontraba con vida: “Fue Palomo”.

Si bien hubo testimonios que favorecieron a Palomo y otros que lo implicaban directamente como autor del hecho, para el abogado el saldo de la primera jornada es positivo: “Hoy hubo dos testigos que señalaron al imputado como la persona que manejaba el coche que atropelló a los dos chicos”. Mónica Vallejos, un tanto agotada al final del día, dijo que “Esperamos que se haga justicia. Para que en el barrio la policía deje de manejarse como quiere”.

Escuchamos a Rubén, compañero de la Asamblea Permanente Por los Derechos de la Niñez, en el primer dia del juicio oral y público contra el policía Marcelo Palomo.

(APe).- Sentado en el cordón de cualquier vereda del conurbano, se abraza las rodillas y asoma apenas los ojos desde la capucha del buzo azul oscuro. Mira al mundo con la misma desconfianza con que el mundo -desde el colectivo o desde el supermercado- lo mira a él. Lo han convertido en un animalito a la defensiva. Preparado para atacar después del zarpazo al que lo tienen acostumbrado sus catorce años de respirar esos aires negros.

Sabe que es blanco fácil para el calabozo por origen, no más. Ni idea tiene de que si la Cámara de Diputados firma alegremente lo que el Senado aprobó en noviembre del año pasado, el calabozo será legalizado y sin hendijas para el pataleo.

Tampoco sabe -porque nadie habla con él, porque no lo tienen en cuenta, porque los legisladores no saben cómo nació, cómo sobrevive, cómo es su no familia ni lo que se mete en los pulmones cuando siente que no se anima a nada- que se lo demoniza en la tele, que se lo condena en las fortalezas detrás de las rejas que los ciudadanos se construyen para defenderse de él. No sabe que están esperando desde hace meses un crimen resonante para colar la ley en Diputados, en medio de la verborragia histérica de estos tiempos, y ganar el aplauso porque se está haciendo la patria firme y justa del bicentenario. A costa de aquellos a los que se abandonó y se condenó desde el vientre, a costa de todos aquellos a quienes se suprime sistemáticamente porque la patria del bicentenario será para pocos y elegidos.

La abstracta opinión pública, sin rostro pero con fuerte palabra, la cadena mediática de reproducción de sangre y la burda política que responde a los estímulos ocasionales pero también a su convicción filosófica, esperan. Hay tanto niño criminal que la compulsión que apretó al Senado fue la balacera contra el ex futbolista Fernando Cáceres. Cinco meses después, sin embargo, Diputados todavía espera la próxima noticia estridente de pólvora que se le endilgue a un pibe para poner el grito en el cielo y levantar las manos con pretensiones de unanimidad. Y que finalmente se baje la edad de imputabilidad a 14 años y el alarido social aplaque los decibeles y la televisión se regocije y ya nadie deba tener miedo de que la pequeña negritud baje de las villas en bandadas a quedarse con los bienes y los males de los elegidos para este lado del mundo.

En 2010, la Argentina de las contradicciones bicentenarias pondrá en marcha el límite para el trabajo infantil en los 16 años. Pero se los podrá juzgar y encerrar a los 14. El mismo Estado que invisibiliza a seis millones y medio de chicos menores de 18 años sumidos en la pobreza -la mitad de ellos indigentes-, el mismo que dejó sin atención médica mínima al 47% de ellos, el mismo que permite con su ausencia la muerte de 25 diariamente por causas emparentadas con el hambre, el mismo que les quebró la familia, el que los hacina de a ocho en cuartos miserables, ese mismo se rasga las vestiduras ante el pibe que roba, que ataca, que transgrede como forma de supervivencia. Con las drogas en una invasión sin freno en los sectores más populares, como un puñal disciplinador que deshinibe para la muerte o mata por propia eficiencia. Todo huele a una oscura política de dilusión y barrido de residuos.
Durante el siglo de existencia de la Ley de Patronato se encerraba a los pibes en terribles ensayos de cárceles: el 90 por ciento estaban presos por pobres. Ese 90 por ciento quedó, en la provincia de Buenos Aires, a la buena de dios -es decir, de las organizaciones sociales a las que el Estado les paga las becas cuando el dinero logra esquivar las prioridades represivas o la férrea estructura de corrupción que todo lo resiste- y sólo se discute qué hacer con el pibe de 14 que comete un delito grave. No hay espacio ni políticas ni ojos ni reparo ni sopa caliente para el resto. Hasta que el horror los convierta en primera plana. Y siga dando vueltas con dramática eficiencia el engranaje que decide quiénes recibirán al futuro con palmas en una vereda soleada y quiénes, como él, que se abraza las rodillas en el cordón de una vereda del conurbano, lo verán pasar desde los ventanucos invisibles de un exilio de paco y estigma.

Somos personas y organizaciones comprometidos con la niñez, la adolescencia y sus derechos. Somos integrantes de organizaciones sociales, gremiales, políticas, de derechos humanos, de ONGs, que queremos expresar nuestro rechazo al proyecto de ley que establece la baja de la edad de imputabilidad para adolescentes y que posee la aprobación del Senado de la Nación.
Desde nuestras prácticas y experiencias cotidianas es que construimos nuestra posición y nos queremos pronunciar de cara a los legisladores y la sociedad. En este sentido expresamos:

Consideramos que la gran mayoría de los niños, adolescentes o jóvenes que comete un delito poseen historias de vidas marcadas por la vulneración de sus derechos. Por lo tanto nos parece hipócrita reconocer rápidamente a un pibe como victimario, y al mismo tiempo, desconocer la responsabilidad de una sociedad que lo victimiza.
Entendemos que existe un discurso social, que se pretende dominante, y que ponen el énfasis en la conducta de los jóvenes y lo que “le hacen” a la sociedad. Esto es amplificado enfáticamente por algunos medios de comunicación. Al mismo tiempo, se oculta sistemáticamente los padecimientos que sufren estos jóvenes, sus condiciones de vida y las marcas de la marginalidad.
En otras palabras, no se puede desconocer que los chicos y adolescentes de hoy nacieron en pleno auge del menemismo, con padres sin trabajo, y en medio del quiebre sistemático de la educación y la salud pública, que expresa sus efectos y continuidades en la actualidad.
Estamos convencidos que la baja de la edad de imputabilidad, la extensión del sistema penal y el endurecimiento de penas no van a resolver la inseguridad, ni la percepción social que existe de ella. Sabemos que la única respuesta real respecto a la violencia urbana es el achicamiento de la brecha de desigualdad social y una real distribución de la riqueza.
Al mismo tiempo queremos afirmar que el delito es liderado y protagonizado mayoritariamente por los adultos. El crimen organizado para la venta, tráfico, alquiler de armas y desarmaderos de autos es gerenciado por “mayores”, que sólo es posible con la complicidad de poderes políticos, empresariales, judiciales y policiales.
Consideramos que la agenda de la política y el Estado en relación a la niñez y la adolescencia debe priorizar la restitución de derechos y la efectiva aplicación de la Ley 26.061, con la asignación de recursos correspondiente. El espacio asignado a ley penal juvenil es solo una concesión a los demandantes de la criminalización de la problemática social.
Al mismo tiempo, deseamos afirmar que el actual régimen penal nacional para adolescentes y jóvenes, es obsoleto, estigmatizante y abusivo. Por lo tanto estamos lejos de defender los que hoy existe.

ES NUESTRO COMPROMISO MOVILIZARNOS Y DIFUNDIR ESTAS IDEAS PARA EVITAR LA BAJA DE EDAD DE IMPUTABILIDAD E IMPULSAR ACCIONES PARA LA RESTITUCIÓN DE DERECHOS A LA NIÑEZ.

Es por esto que sostenemos:


• EL RECHAZO A LA BAJA DE LA EDAD DE IMPUTABILIDAD
• El HAMBRE ES UN CRIMEN
• APARICIÓN CON VIDA DE LUCIANO ARRUGA
• APARICIÓN CON VIDA DE JULIO LOPEZ


Aclaración: la ley 26.061 es la ley Nacional de Promoción y Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, de la que emana la Ley 23.298 que es provincial.

En el marco de un progresivo vaciamiento de asignación presupuestaria a programas destinados a la niñez, así como a la falta de recursos destinados a muchos hogares de la Provincia, Pablo González, director del Centro de Tratamiento Ambulatorio Integral (CTAI), se refirió a la conformación de la Asamblea de Trabajadores de la Niñez de La Plata y a los objetivos que se propone dicha organización.
Los trabajadores y trabajadoras de niñez tratan de visionar la falta de voluntad política para implementar efectivamente la Ley 13.298, en concordancia con la Convención de los Derechos del Niño, y exponen su preocupación por el aumento de políticas de encierro y castigo que sí son presupuestadas.

(APe).- Los números suelen dar un cierto escozor cuando se habla de fragilidades. Pareciera que las matemáticas no fueron creadas para pincelar el dolor. Es como que uno, con razones vastas, se resiste a medir con un centímetro, una curva de Gauss o una tabla con porcentajes qué le ocurre a un niño cuando la desnutrición o la lentitud para el aprendizaje lo ponen en la mira. Un gráfico de barras no tiene rostro, ni sonrisa ni un par de ojos que acusen a los responsables de sólo mirar.

Los números que dio el director ejecutivo de la Anses, Diego Bossio, hablan de que un “91 por ciento de los chicos argentinos reciben cobertura del Estado”. Y definió que “hoy en la Argentina existe un piso de seguridad social”.

Pero más allá de ese porcentaje, Bossio dio una serie de precisiones sobre las cifras de esa cobertura social. Dijo que “cinco millones se encuentran cubiertos por padres con empleo formal; otro millón y medio son hijos de padres con seguro de desempleo, jubilados o pensionados, o cubiertos por pensiones no contributivas; y otro millón son hijos de autónomos. A ellos se les suman más de 3,5 millones que cobran la Asignación Universal, lo que demuestra que hoy en la Argentina existe un piso de seguridad social”.

Primera cuestión: la suma total es de once millones. Si los chicos con menos de 18 años en el país son 13 millones y medio, la cobertura social alcanza al 81.48 por ciento.

Sin embargo, esto que el mismo Bossio definió como “la medida más revolucionaria de los últimos 50 años” al cierre del encuentro del Consejo de Niñez pareciera tener algunos lados endebles a la hora de -una vez más- los números que, a pesar de su frialdad, revelan demasiado.

Por fuera de los cinco millones con empleo formal que cobran una asignación por hijo de 180 pesos, hay un millón y medio que perciben seguro de desempleo, jubilación, pensión o pensión no contributiva y que cobran la asignación salarial. Sólo que hay un detalle fundamental: el seguro de desempleo tiene un piso de 200 pesos y un techo de 400. Y se cobra por un período que va desde dos meses a un año como máximo. Después, si no aparece del otro lado del túnel de esa feroz indigencia (¿acaso se puede llamar de otro modo a la situación en que queda una familia que se mantiene con el subsidio por desempleo?) una lucecita de trabajo, irrumpe la nada más absoluta.

También hay quienes -en ese universo- cobran la pensión no contributiva. Las madres con siete o más hijos cobran algo más de 800 pesos. Eso sí, temblando para que el crecimiento de sus cachorros no rompa el equilibrio que la llevó a que fueran siete con menos de 18 años.

Sin contar, a los 3,5 millones que cobran la asignación universal y a quienes con un máximo de cinco hijos les llegan mes a mes la abultadísima cifra de 720 pesos al mes. Más el premio al final del año de 432 pesos más por cada uno siempre y cuando los chicos tengan todas las vacunas y hayan asistido regularmente a clases. A veces esas familias tienen la desgracia de contar con más de un chico que todavía usa pañales. Que si se cambian entre cinco y seis veces al día les rebanan en un solo gesto 400 o 500 pesos y apenas quedan algo más de 200 para la leche, el pan, la harina o el arroz.

El director del Anses, Diego Bossio dijo que la medida más revolucionaria de los últimos 50 años otorga cobertura social al 91 por ciento de los chicos argentinos. A once millones, insistió. “Ni siquiera en Suiza es así”, dijo entre ironías la referente de un hogar convivencial de La Plata.

El gráfico de barras tendrá grandes dificultades para incluir la mesa endeble del mediodía en casa de una de esas tantas madres solas con siete hijos. Para pincelar entre las curvas de un plano los ojos rasgados de una piel morocha que miran con deseo del otro lado de una vidriera con juguetes. Para contener las manos cansadas de un pibe que carga más y más cartones en el carrito de la bicicleta. Las matemáticas suelen tener esos tropiezos. No alcanzan a transparentar con signos y ángulos los dolorosos días de quienes miran la vida desde la ventanita de una casa edificada con cajones de frutas.

A pesar de que se enuncie, junto a los números, que estamos siendo protagonistas de la medida más revolucionaria de los últimos 50 años.

Compartimos aquí la segunda columna de la APDN en RAP - Colectivo de colectivos - del día 14 de abril. En esta ocasión, se realizó un análisis sobre la carta abierta escrita hace unos días por la asamblea a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Pcia. de Bsas.

Por Silvana Melo

(APe).- De vez en cuando el hambre -que es un inquilino persistente- pega un salto y queda puesto a la luz, en tiempos en que se pagan las deudas hacia fuera con reservas.

En tiempos de prioridades claras -ser un buen deudor maquilla mejor la cara vuelta hacia el mundo que recortar hasta el mínimo las hambres de los pequeños compatriotas- como un flash aparece en los medios masivos que nueve millones de chicos tienen panza vacante en la Argentina. Y que unos cuantos miles se mueren al año por desnutrición. Bastante más de lo que mata la delincuencia. Bastante más de los que mueren bajo la bala o el cuchillo de su vecino o pariente. Pero el hambre suele ser apenas un flash. Y la sangre se pasea como invitada central todo el día por todas las pantallas.

Hay muertes y muertes. Como hay prioridades. Pero es tan criminal una como la otra. Es un crimen tan crimen dejar morir a un niño por hambre y su ejército de consecuencias como el gatillo apretado hacia una espalda. Los dos pueden no suceder si alguien -o alguienes- decide que va a evitarlos.

Pero en todas partes hay prioridades y se opta con precisión inexorable. El Estado prefiere utilizar fondos acumulados en el Banco Central para deshacerse de endeudamientos externos. Opta por no utilizarlos con intención de distribuir los recursos con justicia, aumentar el universo y la cifra de la asignación por hijo y provocarle al hambre una encerrona y un susto considerables.

Son prioridades. Los grandes multimedios optan por difundir hasta la descompostura, el desconsuelo y la paranoia un crimen. Y cajonear el otro. Porque uno permite cobrar más caro el segundo para los azorados boquiabiertos que miran para temer. Y el otro provoca la mudanza hacia pantallas de crímenes contantes, sonantes y sangrantes.

Hay que saber lo que es cuando el hambre duele en la panza. Una definición estricta es la sensación que indica la necesidad de alimento. El glucógeno, la reserva de energía que guarda sabiamente el hígado para ocasiones fortuitas en que no se come, comienza a escasear. Entonces la panza duele de a puntadas, de a contracciones. Cuando no se come por días -o se come muy poquito- comienza a doler todo el tiempo.

Cuando un pibe se muere por desnutrición tiene que punzar en el vientre entero del país.

El Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina pone sobre la mesa los números: el 53 por ciento de los chicos de hasta doce años pertenece a un hogar con problemas para cubrir sus consumos mínimos de alimentación, vestimenta, salud y servicios básicos. Cruzados los datos con las cifras poblacionales del INDEC, surge que nueve millones de niños pasan hambre en un país con alimentos para 400 millones de personas. Que miles se mueren al año por desnutrición. En el país de la carne y los cereales.

La peor de las paradojas. La más cruel de las contradicciones. La foto brutal de las prioridades. De las panzas que duelen. Y de las que no.

La FAO asegura que la Argentina, con el 0,65 % de la población mundial, produce el 1,61% de la carne y el 1,51% de los cereales del mundo. Puede dar de comer a dos Argentinas. Pero una partecita se indigesta con manjares y el resto mira el banquete desde la calle.

Las prioridades y la equidad pasan por la vereda de enfrente de las necesidades de los niños. La asignación por hijo es estrecha y exigua. Exige la escolaridad para acceder a ella y las aulas han comenzado a poblarse de pequeños desertores asombrados que se asoman a ese terreno desconocido. Pero la provincia de Buenos Aires vuelve a recortar los cupos en los comedores a partir del 5 de abril. Asegurando que la asignación por hijo podó la pobreza y muchos pibes ya no necesitan comer en la escuela. A pesar de que los más desechados, los más excluidos, han empezado a volver. Por pura necesidad.

Un perfecto círculo de falacias que quedará tatuado en el plato escaso, como la flor tribal en la piel.

Y empezamos a tener miedo. Mucho miedo. De que al futuro le duela la panza con el dolor de los nueve millones.

Y que al final, tenga las alas demasiado flaquitas como para llegar hasta aquí.

Desde la semana pasada, el espacio de la APDN retomó su actividad en el programa de radio "Rap - colectivo de colectivos" que se emite de lunes a viernes de 10 a 12 hs. por Radio Futura (90.5). Podés escuchar la columna de la asamblea todos los miércoles desde las 10 de la mañana sintonizando el dial 90.5 o por internet (radiofuturalaplata.blogspot.com) para seguir compartiendo y denunciando lo que sucede con la niñez en nuestro país.

El Defensor Penal Juvenil de La Plata Julián Axat presentó una denuncia para que se investigue al servicio de minoridad zonal de La Plata, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano provincial, por el presunto abandono de una menor de quince años quien hace cuatro que vive en la calle, registra dieciséis ingresos en comisarías locales y “la única respuesta estatal es y ha sido policial”, según se desprende del documento al que accedió Diagonales. La presentación fue realizada tras una advertencia de la Defensora Ciudadana de La Plata, María Monserrat Lapalma.

En la denuncia presentada ante la fiscalía penal en turno de La Plata se requiere que se cite a declarar a la Directora del Servicio Zonal de Minoridad de La Plata, Alicia Paroni.
Pero en la denuncia también se apunta a otros sectores del Estado provincial y municipal ya que se le pide a la Municipalidad de La Plata y al Ministerio de Desarrollo Social bonaerense “que acompañe copia de la documentación existente” en las dependencias “respecto de las intervenciones realizadas” a favor de la menor, cuyos datos se mantienen en reserva.

Axat sostuvo en la denuncia que no puede “más que concluir la existencia de una grave ausencia u omisión por parte de los servicios encargados de recibir las derivaciones policiales”. El funcionario basa esta conclusión en que “los registros dan cuenta de fallas en los sistemas de contención social” que impiden ver “intervenciones activas, estrategias de seguimiento” sobre casos de jóvenes “con vulneración de sus derechos y que viven” en las calles de La Plata.

Historia. La chica hoy tiene 16 años y está encerrada en un instituto penal. En su informe psicológico la perito advierte que M.A. (las iniciales de su nombre y apellido) procede de “una familia pobre y numerosa”, asentada en la localidad de Punta Lara.

Sus recuerdos dan cuenta de “una madre fuerte pero desapegada”. Cuando se le preguntó por sus vivencias de niña “enumera situaciones de extrema violencia” ya que estuvo expuesta a “todo lo que una menor en estas condiciones límites puede vivir”. La perito detalla que la chica fue blanco de “abandono, maltratos, abuso sexual, explotación laboral, humillación y adicción”.

Pese a este panorama su apuesta a la vida “es positiva”. Durante las entrevistas la joven expresó: “yo quiero cambiar, no me quiero drogar más, quiero terminar la escuela y dejar esta vida que me perjudica”. M.A aseguró que quiere ser maestra jardinera.

Sobre la situación de encierro que vive la joven, la perito concluyó que “no es una medida preventiva” ya que “sumaría más castigo al de haber nacido pobre, mujer, sin derechos y sin chance”.

La profesional recomendó que se trabaje en relación al fortalecimiento de vínculos con los adultos, que se le brinde una oportunidad educativa y que se atienda de modo “urgente” el problema de adicciones al consumo de drogas que padece la joven.

A los Señores Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires

Presidente Dr. Luis Esteban Genoud, Vicepresidenta Dra. Hilda Kogan, Ministro Decano Dr. Héctor Negri, Ministro Dr. Eduardo Julio Pettigiani, Ministro Dr. Eduardo Néstor de Lázzari, Ministro Dr. Daniel Fernando Soria y Ministro Dr. Juan Carlos Hitters

De nuestra mayor consideración:

La Asamblea Permanente por los Derechos de la Niñez, en nuestro carácter de organización no gubernamental de atención a la niñez, y miembro del Consejo Local de Promoción y Protección de los Derechos de los niños, niñas y jóvenes de la ciudad de La Plata (arts. 7 de la Ley 13.298 y art. 15 del Decreto Reglamentario 300/05), y demás organizaciones abajo firmantes, nos dirigimos a Ustedes en el marco de la acción de hábeas corpus preventivo y colectivo impulsada por el Sr. Defensor Oficial a cargo de la Unidad Funcional de Defensa Nº 16 del Fuero de la Responsabilidad Juvenil de la ciudad de La Plata, Dr. Julián Axat, en razón de que se encuentra en riesgo la vida y la integridad física y psíquica de muchos de los niños, niñas y jóvenes con los que trabajamos cotidianamente.

En el sentido indicado, dicho Habeas Corpus se presentó a favor de los niños, niñas y adolescentes del Departamento Judicial de esta ciudad, como consecuencia de la implementació n de prácticas policiales, arbitrarias e inconstitucionales, que se realizaron bajo las supuestas figuras legales de “contravenciones”, “detenciones por averiguación de identidad”, aprehensiones injustificadas (a posteriori registradas como “entrega de menor”) y “pedidos de paradero” o “captura” sin su debida actualización.

En el mes de Octubre del año 2008 el Juez titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 1, Dr. Luis F. Arias, resolvió hacer lugar al hábeas corpus de referencia, declarando la inconstitucionalida d del Decreto-Ley Nº 8.031/73 y del art. 15 de la Ley Nº 13.482 en base al nuevo bloque normativo que rige la materia vigente en el país y en la provincia (Leyes 26.061, 13.298 y 13.634) sustentado en los principios de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (art. 75 inc. 22 de la CN).

Dicho fallo ha sido revocado por mayoría, por la Sala I de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal, de la ciudad de La Plata, por considerar en lo sustancial que "es allí donde se encuentra el meollo de la cuestión a resolver, pues al haber asignado el a quo a la petición en tratamiento el carácter de hábeas corpus colectivo preventivo tiene que analizarse la viabilidad de tal instituto, pues el mismo tiene entre sus exigencias para su procedencia que la amenaza de la libertad locomotiva que se pretende revertir sea cierta y no conjetural o presuntiva, concreta e inminente. Y ello advierto no ocurre en el caso donde el accionante ha interpuesto una acción en forma potencial y genérica, pretendiendo de tal modo la declaración en abstracto de inconstitucionalida d de normas de naturaleza provincial y limitadas al Departamento Judicial de La Plata" (Vide voto del doctor Soria).

Es en ese preciso punto en que sostenemos que de ningún modo se trata de argumentos “potenciales o genéricos”, sino todo lo contrario. En efecto, desde la conformación de esta Asamblea, hemos sido y somos testigos de:

1 – Que se realizan detenciones ilegales de niños y niñas en situación de calle en la ciudad de La Plata.

2 – Que en la mayoría de dichas detenciones no se notifica a los defensores de menores y jueces de garantías en turno, lo que impide el debido control de la justicia.

3- Que en una gran cantidad de casos las detenciones son acompañadas por torturas tales como: golpes, apremios, insultos y vejaciones.

4 – Que generalmente los niños son encerrados junto con adultos, esposados, y por un tiempo mayor al permitido para la detención de adultos (12 horas).

5 – Que en muchos casos no se les permite a los niños el derecho a llamar a personas de su confianza, es decir, que se los mantiene incomunicados.

6 – Que los niños y niñas de los barrios del distrito sufren la misma gravedad en cuanto a persecuciones, detenciones ilegales y torturas por parte de la policía, según constatan las organizaciones que componen esta Asamblea. Convirtiéndose estos en crímenes aún más silenciados e invisibilizados por los medios de comunicación y el poder político.

7 – Que, como es de público conocimiento, los niños y niñas pobres son los más vulnerables ante las redes delictivas policiales, ya que mucho de ellos son reclutados para cometer delitos a cambio de dinero o el suministro de drogas. Y que cuando ellos/as quieren salir de ese círculo o no aceptan ingresar en él, son amenazados, golpeados, asesinados o desaparecidos, como sucedió con Luciano Arruga en Lomas del Mirador.

Por otra parte, del encuentro de las diversas organizaciones firmantes, conocemos fehacientemente que los casos de violencia institucional contra la niñez no son casos excepcionales. Sino que se trata de un sistema complejo configurado en torno a normas formales e informales de cuya integración práctica resulta la denunciada violación sistemática de normas de raigambre superior, en tanto como mencionamos, se vulneran derechos humanos indispensables de uno de los sectores sociales más vulnerables, sometidos a condiciones de violencia y pobreza extrema, como son los niños y niñas que viven en situación de calle en la ciudad de La Plata y alrededores.

Este sector social, paradójicamente resulta especialmente resguardado por la Convención Internacional de los Derechos del Niño, suscripta por el Estado Argentino en el año 1990, incorporada a nuestra Carta Magna en el año 1994, así como la normativa Nacional (ley 26061) y Provincial (Leyes 13298 y 13634), normas legales todas ellas que se han adecuado de manera efectiva a los parámetros exigidos por la comunidad internacional.

En efecto, los hechos descriptos resultan violatorios de los principios constitucionales y de derechos humanos recogidos por la Convención sobre los Derechos del Niño. Entre los que se encuentran el principio de especialidad, en nombre del cual, resulta exigible la capacitación especial de los funcionarios policiales, y fundamentalmente, en relación con los centros de detención, es decir, la detención de un adolescente no puede ejecutarse en establecimientos comunes.

Por otra parte, la detención de jóvenes sólo procede sin orden judicial, en los supuestos que taxativamente establece la ley (tentativa de delito, flagrancia o fuga) y debe ser utilizada como medida de último recurso y extenderse durante el menor tiempo posible (art. 37 inc. b) CIDN). Cuando el adolescente es detenido debe ser inmediatamente presentado ante el juez competente y se le debe notificar en forma inmediata o en el tiempo más breve posible, a sus padres o a sus tutores (Reglas de Beijing, Regla 10.1). También se le debe permitir al adolescente en el plazo más breve posible, una entrevista con su abogado defensor y el contacto con su familia (art. 37 inc. d) CIDN).

El presunto infractor no debe ser alojado en una comisaría en ningún momento y debe estar separado de las personas adultas (art. 37 inc. c) CIDN). A menos que contraríe su interés superior como así también debe contar con toda la asistencia necesaria, aparte de los servicios jurídicos (art. 37 ind. d) CIDN).

Por su parte, la provincia de Buenos Aires prohibió expresamente la incomunicació n del adolescente, y estableció la obligación de las autoridades de anoticiar en forma inmediata a los padres o responsables del joven, a la vez que deben ser informadas las autoridades judiciales.

Asimismo, es menester resaltar la interpretació n que de dichas garantías hiciera el máximo tribunal de la Nación, en el fallo “Verbitsky, Horacio s/ Hábeas Corpus”, en el año 2005, así como la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Bulacio vs. Argentina, en el año 2003”, en función de todo lo cual, es posible afirmar que las detenciones policiales sub examine, realizadas a estos niños y niñas constituyen violaciones a la Convención Internacional de los Derechos del Niño, y por tanto son inconstitucionales e implican el desconocimiento de la obligación de progresividad que se encuentra en cabeza del Estado Argentino, como uno de los principios clave del sistema de Derechos Humanos.

Siguiendo con el razonamiento expuesto, la Corte Interamericana en el caso conocido como “Chicos de la Calle”, sienta las bases en relación a la responsabilidad en que incurren los Estados parte, ante la comunidad internacional, al hacer caso omiso a las normas y obligaciones antes aludidas, cuando toleran el maltrato y las detenciones arbitrarias de los niños y niñas en situación de calle por parte de las fuerzas policiales.

En el caso de mención, la Corte, afirmó:

“A la luz del art. 19 de la Convención Americana la Corte debe constatar la especial gravedad que reviste el que pueda atribuirse a un Estado Parte, en dicha Convención el cargo de haber aplicado o tolerado en su territorio, una práctica sistemática de violencia contra niños en situación de riesgo. Cuando los Estados violan, en esos términos, los derechos de los niños en situación de riesgo, como los “niños de la calle”, los hacen víctimas de una doble agresión. En primer lugar los Estados no evitan que sean lanzados a la miseria privándolos así de unas mínimas condiciones de vida digna, e impidiéndoles el “pleno y armonioso desarrollo de su personalidad” a pesar de que todo niño tiene derecho a alentar un proyecto de vida que debe ser cuidado y fomentado por los poderes públicos para que se desarrolle en su beneficio y en el de la sociedad a la que pertenece. En segundo lugar, atentan contra su integridad física, psíquica y moral y hasta contra su propia vida.”

En síntesis:

Como adelantamos, en el trabajo que llevamos adelante como organizaciones de niñez, somos testigos de que se encuentra en riesgo la vida y la integridad física y psíquica de estos niños y niñas, que de ningún modo es potencial sino cierto e inminente, y que resulta una consecuencia de la situación de pobreza extrema que padecen y que los compele a trabajar y/o vivir en la calle.

Que los miembros de la policía bonaerense que los detienen arbitrariamente lo hacen bajo algunas consignas políticas de “limpieza de la zona céntrica”, amparándose en figuras contravencionales que permiten sostener prácticas abusivas, y claramente violatorias de Derechos y Garantías constitucionales de los niños y niñas en riesgo.

Que la estigmatizació n que padecen estos niños y niñas, por parte de los medios de comunicación masiva, y los adultos responsables de su inclusión social, refuerza el sistemático castigo que reciben por parte de las fuerzas de seguridad en total desmedro de su condición de niños y sujetos de derechos y por tanto de su interés superior.

Reiteramos: ESTOS NIÑOS NO poseen condiciones de vida que les permita el desarrollo de una vida digna, no TIENEN VIVIENDA, ALIMENTACIÓN ADECUADA, ACCESO A LA SALUD, EDUCACIÓN, RECREACIÓN, entre otros derechos VULNERADOS.

Garantizar estos derechos es responsabilidad del Estado, en todos sus órdenes: ejecutivo, legislativo y judicial, así como del resto de la comunidad que debe exigir la efectiva puesta en marcha de las normas que los amparan.

Lo que está sucediendo en las calles y los barrios de La Plata es responsabilidad de las instituciones estatales, tanto la implementació n de la Ley 13.298 de “Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños”, por parte de la Dirección de Niñez de la Municipalidad de La Plata y el Servicio Zonal de la Subsecretaría de Niñez del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, cuanto el control de legalidad de las prácticas policiales por parte del Poder Judicial y el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, bajo directa responsabilidad del gobernador Daniel Scioli.

Por tanto, solicitamos que los elementos que poseemos como organizaciones que trabajamos con el sector social que se encuentra bajo análisis, sean tenidos en cuenta al momento de decidir.

Esto es así, porque, sostenemos que el modo de modificar la condición real de estos niños, niñas y jóvenes no depende exclusivamente del reconocimiento legal, pues en el caso de la provincia de Buenos Aires, las normas jurídicas los colocan por encima de todos los sectores sociales a quienes debemos proteger. Sin embargo, sabemos que dichas normas dependen de manera directa de la interpretació n que de ellas hacen quienes tienen en sus manos los casos concretos (policías, jueces, abogados y adultos en general), quienes deben adecuar sus prácticas para hacer efectivas las normas supralegales mencionadas, y evitar aquellas que los pongan en riesgo. Por esos motivos, es que consideramos imperiosa la necesidad de acercarles nuestras inquietudes y elementos que consideramos irrefutables, en cuanto ponen de manifiesto la sistemática violación de los derechos de los niños y niñas en situación de calle en la ciudad de La Plata.

Por todo lo expuesto, nos ponemos a su disposición para el caso de que así lo consideren pertinente y esperamos una adecuada interpretació n de las normas constitucionales invocadas, en razón de que se encuentra en juego el control de los actos de gobierno en relación con la vida de nuestros niños y niñas, y por ello, del fortalecimiento de nuestra democracia.

Asamblea Permanente por los Derechos de la Niñez

Contacto de prensa: Carola 0221-15-5366596
Lola: 0221-15-5050804

Adhesiones:apdnlaplata@gmail.com

(APe).- El Chipi tiene la vida jugada desde hace rato. No hay horizontes detrás de sus ojos. Cuando mira, no ve. Hace rato que dejó de ver. A lo mejor por temor a verse. Por espejarse en los horrores del camino en el que fue siempre una piedrita que rodaba más y más hacia los abismos.

Se para frente al mundo como en un pedestal y prepotea la vida para imponerse y no exhibir su fragilidad. Esa que le nació, tal vez, aquel día en que apenas tenía 8 años y el viejo le dijo “vení, ya sos un hombre. Vas a hacer de campana”. No sabe cómo pero el tiempo pasó y ya tiene 14 ó 15. A veces ni él lo recuerda.

Es una estadística el Chipi. Uno de tantos. Un número al que nadie registra. Porque el tiempo que fue transcurriendo, a ritmo distinto que en los demás, le fue devorando las ganas y opacando los ojos. Esos que alguna vez supieron ser almendrados y luminosos. Pero ya no. Hoy suele asemejarse a un fantasma que deambula sin rumbos ni metas.

La primera vez fue como un flash. Sintió que era mago y marionetero al mismo tiempo. Que se olvidaba de todo y recordaba cosas que quizás ni siquiera habían existido. El paco lo enamoró. Como un amor gitano que le devoró el cerebro. Como tantas veces, se dejó subyugar por la necesidad de evadir la casa, el barrio, su gente, el viejo, la calle, la vida entera y aspiró hondo de la bolsita.

Pero el paco es otra cosa. El Chipi dice que siente que le salta el corazón o a veces se le detiene. Que la adrenalina le corre por el cuerpo y se asusta de todo. Y al mismo tiempo escucha los sonidos de las hojas que se desprenden de los árboles como queriéndose ir del mundo. Como le pasa al Chipi pero él no puede. En esos momentos piensa que la muerte lo espera y le abre los brazos entonces se entrega. Pero no. Extrañamente sigue viviendo. Entonces recae a pocos segundos de que el efecto se le diluya porque de otro modo la tormenta lo baña de una angustia insoportable. No más de cinco minutos y de vuelta a clamar por más y más en un círculo imparable.

Pedro Saposnik, director del Hospital Penna, dijo alguna vez que “los chicos se dan cuenta que se están muriendo de a poco y algunos no lo pueden soportar, no pueden esperar a verse morir y lo hacen ellos mismos rápido, suicidándose”.

A pibes como el Chipi y los miles de Chipi que deambulan por los arrabales de la vida les dicen “San la Muerte”. Por esas flacuras extremas y esos rostros demacrados. Con los sueños vendidos al primer mercader de cada esquina.

Alguna vez, Pity Alvarez, de la banda Intoxicados, contó que “la pasta base puede ser tu patrona. No la puedo dejar y es un garrón. No soy libre. Se me van las ganas de hacer música y de acariciar a mis perros. No puedo parar y es como estar muerto”.

Eduardo Laborato, referente de Sedronar, advirtió -junto a las Madres del Paco- que “cuando hablamos de drogas, decimos que siete de cada diez niños con una adicción, muere”.

La muerte se los lleva demasiado pronto. Sin dejarles saborear de la vida los manjares más bellos. Jugar a la pelota. Saltar la soga. Treparse a un árbol. Desgajar una naranja y reirse a las carcajadas hasta que la panza duela. Comer un chocolate o correr bajo la lluvia hasta desfallecer de pura felicidad.

Siete de cada diez adictos no sabrán lo que es tener un hijo ni sabrán de utopías y de caricias. El Chipi puede ser uno de esos siete. Y él lo intuye. Por eso vuelve una y otra vez más sobre ese veneno maldito que le intoxica la sangre y le destruye las palabras y el pensamiento. Siempre regresa y esas ínfimas partículas le deshacen los pulmones hasta transformarlos en náuseas que buscan el afuera.

Son los excluidos de los excluidos. Las últimas piezas de un sistema se van derrumbando en un proceso de enorme violencia. Los 90 democratizaron en vastos sectores infinitas indignidades. Y se impuso un estado social en el que con extrema perversidad se asoció el círculo represivo y el disciplinamiento social. Se llenaron los barrios más pobres de esa droga barata y cruenta que fulmina a los pibes impiadosamente. Y la ecuación es perfecta: encerrarlos o matarlos. Con la bala o con la droga.

La socióloga Alcira Daroqui escribió que “se expanden el tráfico y el consumo de drogas en los sectores más pobres, lo que también puede ser entendido o al menos debería ser analizado como otra estrategia de gobernabilidad en clave de neutralización e incapacitación de esos sectores”.

Siete de cada diez. Setenta de cada cien. Setencientos de cada mil. Se van cayendo por los acantilados de la vida como las piezas de un dominó malvado parido bajo los efectos de la inequidad. Son los residuos. Los sobrantes. Los sin retorno. Son la resaca del sistema que es necesario desactivar sin miramientos. Y la disyuntiva es tajante: disciplinarse o morir.

¡¡ Miercoles 17 de Marzo 12 hs nos convocamos todos en 7 y 51 !!

Ante las propuestas que apuntan a la creación de un modelo de control social que incentiva el gobierno de Scioli, diversas organizaciones y vecinos nos convocamos para expresar nuestro más enérgico rechazo.

Este modelo tiene como uno de los ejes prioritarios la modificación del código contravencional vigente. Los códigos contravencionales existen en todas las provincias y han sido usados históricamente para detener sin orden judicial. Una contravención se define como obrar en contra de lo que está mandado, y las figuras contravencionales siempre han sido definidas de manera muy poco claras y ambiguas, como por ejemplo: “merodeo”, “escándalo”, “vagancia”, “alteración del orden público”, entre otras.

La sanción de estos comportamientos consiste en la posibilidad de ser multado/a o encerrado/a por ser considerado “sospechoso/a” o “peligroso/a”, criterio definido por el “olfato policial” o la intuición de algún/a vecino/a. Esta falta de claridad constituye una violación a la Constitución Nacional en múltiples aspectos: tipifica delitos de autor (portación de cara, apariencia física, vestimenta, etc.), acaba con el principio de inocencia y ataca la libertad ambulatoria, entre otras.
Este conjunto de medidas represivas y discriminatorias afectarán fundamentalmente a los sectores más vulnerados de nuestra sociedad, dando un manto de legalidad a muchas prácticas que ya existen, lo que lejos de ser una solución al problema de “inseguridad” agrava otros.

Cuando el gobernador plantea “que la policía gane las calles” está haciendo referencia a la ampliación del poder que los agentes tendrán para detener a personas, siendo los únicos árbitros, ya que se los habilita a “obrar de oficio”, es decir, sin que medie autoridad judicial ni denuncia necesaria . Esta herramienta otorga un “cheque en blanco” a las negociaciones de la policía en las calles, puesto que, aquellos/as quienes puedan eludir las contravenciones serán quienes posean los recursos para pagar las multas o para “negociarlas” (Las multas van desde los 7 mil pesos o 30 días de arresto, en caso de no poder abonarlos).
Este otorgamiento de “mayor poder a la policía” se basa en un modelo de control y disciplinamiento social, que se traduce en una mayor presencia de policías en nuestras calles y plazas, militarizando los espacios públicos. Al mismo tiempo incentiva a la rentabilidad del negocio creado en torno a la seguridad, (agencias de seguridad privadas).

Mientras tanto, no se desarrollan políticas de promoción e inclusión que apunten a dar solución a la desigualdad social. No se reglamentan ni ejecutan la Ley 13.298 de Protección y Promoción de los Derechos de los Niños (sancionada en 2006), la Ley 13.956 de Asistencia Integral para Personas en Situación de Calle (sancionada en 2009, por este mismo gobernador).

Mientras que la canasta familiar aumenta no se asigna presupuesto a los comedores escolares de la Provincia, con lo cual un importante número de niños/as ven disminuido su derecho a la alimentación y, con esto, el acceso a la salud. Estas políticas de inclusión nunca han sido llevadas a cabo porque no se les ha asignado recursos, mientras sí se destina cada vez más dinero a políticas de encierro y castigo.

Además de la ambigüedad en las figuras que el código establece, tiene artículos dirigidos directamente a perseguir la organización y protesta social: congregarse en espacios públicos, hacer comentarios que puedan “ofender” a las autoridades, cortar una calle, pintar una pared o pegar papeles en ellas, puede considerarse contravenciones (cuando son realizadas por 3 o mas personas las sanciones aumentan considerablemente), reduciendo el derecho legitimo a la protesta, la organización y la libertad de expresión.

Todo esto profundiza un modelo social que, ante el aumento de la pobreza, de descontento social y, por lo tanto, de la organización y la protesta popular, solo responde “tapando y encerrando al pobre” y prohibiéndonos a todos organizarnos y expresarnos.

No queremos una sociedad “controlada” bajo las armas y la amenaza constante de una institución corrupta, queremos una sociedad justa donde las políticas públicas aseguren trabajo digno, salud y educación para todas y todos.

Los códigos contravencionales son inconstitucionales
Abajo el código contravencional vigente
SOLO ASEGURANDO VIDA DIGNA CONSTRUIREMOS SEGURIDAD PARA TODOS

noalcodigodescioli.blogspot.com
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(APe).- Lo primero que hay que definir es el tiempo verbal que se va a utilizar. ¿Se escribe, por ejemplo: “Luciano tenía 16 años…”, o se prefiere: “Luciano tiene 17 años”? En la noche del 30 al 31 de enero de 2009, Luciano Nahuel Arruga tenía 16 años. Esa fue la última vez que su mamá lo vio, cuando la saludó porque iba a salir un rato, y ella le dijo como casi universalmente les dicen las madres a sus hijos adolescentes: Ojo, eh? Portate bien…; y Luciano le respondió lo que casi universalmente responden los hijos adolescentes: Sí, má. Quedate tranquila, está todo bien.
Y nunca más lo vi, dice su mamá.
A partir de allí, empiezan las dificultades con los tiempos verbales.
Hace un año y unos días que ni la madre de Luciano, ni su hermana Vanesa, ni el resto de su familia, ni sus amigos del barrio, saben dónde está. Quién quiera puede visitar la página lucianoarrugadesaparecido.blogspot.com Allí se explica con precisión cómo Luciano había sido tentado por la policía para robar; cómo había sido golpeado en el Destacamento de Lomas del Mirador, un lugar con aspecto de casa de barrio, donde lo tuvieron detenido ilegalmente durante horas en una cocina, en setiembre de 2008; cómo se perdieron cuarenta y cinco días preciosos, los primeros después de su desaparición, por la inacción judicial encarnada en la fiscal Roxana Castelli, luego suplantada por la fiscal Celia Cejas, que sí se orientó hacia la pista policial, pero que no encontró elementos para imputar por la desaparición de Luciano a ningún policía. Los que habían sido puestos en disponibilidad, volvieron a sus puestos por orden del ministro de seguridad Carlos Stornelli. Daniel Scioli, tan preocupado por la seguridad de los bonaerenses, jamás recibió a la familia y a los amigos de Luciano, bonaerenses que a los ojos del gobernador, parecen no alcanzar el rango de víctimas aceptables como para que decida atenderlos.

El 29 de febrero de 2009, Luciano cumplió/cumpliría 17 años. En pocos días más, Luciano alcanzará/alcanzaría, su mayoría de edad.
Pero está desaparecido. No es uno de los 30.000 de la dictadura. Es, como Jorge Julio López, un desaparecido en democracia. La desaparición de Luciano, como la de Julio López, debería ser un escándalo cotidiano, pero apenas si consigue algunas notas de aniversario, en las que ni siquiera sabemos cómo hablar de él.

(APe).- Desde que tenía apenas unos 6 años los pibes del barrio lo empezaron a llamar “el Ratón”. Pasaron muchos años desde aquel bautismo de prepo. Ahora ya ronda los 18 y ya nadie se acuerda de que alguna vez, cuando todavía estaba en la panza de su mamá, lo soñaron Alejandro. Con un destino magno que nunca llegó. El siempre fue y será “el Ratón” para todos. Cargando con un apodo que le asestaron por esa altura siempre escasa, la melena renegrida y salvaje y la histórica manía de andar corriendo, como queriendo escapar. Todo el tiempo. Fugando quién sabe de qué dolores de ese barrio al que alguien, en la ciudad, llamó “El Progreso” como una ácida ironía de un lugar anclado en la exclusión más honda.

Su mamá, la Rosa, tuvo desde siempre y sin saberlo una pertenencia de fuego. Es parte de ese colectivo de madres que se ubican hoy en el 37 por ciento de mujeres en edad fértil hundidas en la pobreza o la indigencia. Una investigación de la ONG “Observatorio de la Maternidad” reveló que 2.943.371 mujeres, de entre 19 y 49 años de edad, habitan en los principales centros urbanos argentinos. Y de ellas “el 28,6 por ciento es pobre y el 9,1 por ciento es indigente”.

Pero además, el mismo informe resaltó que “la transmisión intergeneracional de la pobreza comienza en el hogar. Las y los hijos de madres y padres pobres tienen una alta probabilidad de ser pobres, y las y los niños que crecen en hogares pobres, incluyendo los hogares encabezados por mujeres, crecerán y replicarán estas condiciones”.

Ni “el Ratón” ni la Rosa saben que llegaron marcados por el estigma de pertenencia a esa estadística que no perdona. Que no deja margen alguno para volar hacia otras tierras menos crueles. Predestinados a la resignación o al odio por ese karma devenido sistémico. Nacidos y empujados a los abismos en geografías que repiten la historia una y otra vez en un círculo que se parece demasiado a un sino feroz.

“Es como llevar una cruz encima, ¿no? La cargó mi mamá y la voy a cargar yo también. Tiene que ser así”, dice resignadamente Romina, con sus 15, mientras ve rondar los dolores de su madre sobre sí misma como un fantasma que la busca y la seduce. Como una araña que va tejiendo su tela en la que espera pacientemente que se pose su enemigo para atraparlo y luego devorarlo impiadosamente.

El informe del Observatorio de la Maternidad desnuda que “las mujeres que son madres en Argentina se encuentran en una condición social de mayor vulnerabilidad” con respecto a las que “están en la misma situación”, son “jefas de hogar o cónyuges pero no tienen hijas o hijos”. Y recordó que en “el período 2003-2006”, el 39,9 por ciento de las madres eran pobres, una cifra que caía al 8,6 frente a las mujeres sin hijos.

Las inequidades de un país que empuja a los acantilados de la nada a millones que juntan desde los márgenes las migajas que deja la brecha del desamparo generan que el grueso de las mujeres en edad fértil padezcan una anemia ya crónica que simboliza la crueldad de la desnutrición.

Es un círculo sanguinario, nacido en la más férrea determinación de un sistema dispuesto a sobrevivir a partir de la expulsión. De la estigmatización eterna de quienes van aportando más y más vidas a un ejército de vulnerados. Que responde a la lógica atroz de que pertenecer es un verbo destinado a unos pocos. Mientras desde el otro lado de la vidriera hay millones que miran y crecen sin la oportunidad de la vida justa.

“Los amigos del barrio pueden desaparecer...”. Sí. Los pibes pobres de cualquier barrio pueden desaparecer. Así fue con Miguel Bru en La Plata, con Iván Torres en Comodoro Rivadavia, y hace un año con Luciano Arruga en Lomas del Mirador. Los jubilados que fueron testigos clave contra genocidas también pueden desaparecer, como hace tres años y medio ocurrió con Julio López. Como una variante más de la criminalización de la pobreza y de la protesta, el aparato represivo residual demuestra que goza de capacidad operativa y revela que tras dos décadas y media de democracia en Argentina se puede desaparecer. En todos los casos, las policías de cada lugar son las sospechadas, incluso en asociación con militares retirados. En la provincia de Buenos Aires se acumulan las denuncias sobre el reclutamiento de menores a los que efectivos de la Bonaerense obligarían a delinquir en su beneficio. Y los funcionarios de Seguridad tuvieron que reconocer que es uno de los delitos en que policías de la provincia tendrían complicidad. Esta relativa visibilidad que adquirió el fenómeno no produjo, sin embargo, ninguna respuesta para la familia de Arruga. Ni de Torres, ni de Bru, ni de López.

Hace un año, Vanesa Orieta contaba con profundo dolor cómo fueron los últimos días de su hermano Luciano: que los policías de la comisaría de Lomas del Mirador, ese destacamento nacido al calor de la demanda de mano dura, lo venían hostigando; que ya lo habían detenido y golpeado por negarse a delinquir para ellos; que la madrugada del 31 de enero lo levantó personal del destacamento desde la calle, a pocos metros de su casa, en el barrio 12 de Octubre; que un preso lo vio tendido en el patio de la Comisaría 8ª luego de una nueva y quizás mortal golpiza. A pesar del miedo de los testigos, que hizo que la fiscal tuviera que ir a sus casas a interrogarlos, hay testimonios y peritajes con perros que avalan las sospechas de la familia. Pero con el paso del tiempo la hermana y la madre de Luciano sólo vieron que los policías acusados que estaban en disponibilidad fueron reincorporados. Quienes conocen el caso afirman que a Luciano, que tendría 18 años, lo torturaron y como “se les fue la mano” lo hicieron desaparecer. El poder político y las instituciones democráticas ¿no pueden o no quieren hacer algo al respecto? Mientras tanto, Luciano Arruga ya es bandera de las organizaciones sociales y de derechos humanos y su causa genera movilizaciones y recitales solidarios. Pero sigue siendo otro desaparecido de la democracia.

(APe).- La noticia publicada el martes 18 de enero en el sitio mdzonline, dice que el gobierno de Mendoza “(…) elaborará un listado con los nombres de los más de 60.000 chicos y jóvenes que viven en condiciones de vulnerabilidad, entendiendo a esta como situaciones familiares de necesidades económicas y de trabajo irregular, que en muchas condiciones (sic) derivan en violencia familiar, según la definición que dio el propio ministro de Desarrollo Humano, Carlos Ciurca. Este padrón permitirá tener identificados los chicos de hasta 26 años que reciben ayuda estatal y realizar un seguimiento de su situación…”. Al final de la nota se refleja cuál es el objetivo de este empadronamiento, según el ministro de Desarrollo Humano: “Al dar la conferencia de prensa, Ciurca dijo que se trata de medidas que apuntan a la integración social y a la disminución del delito.”

El sociólogo francés Loïc Wacquant escribió hace unos años un libro que se llama “Las cárceles de la miseria”. Allí describe cómo, a partir de las políticas impuestas en los Estados Unidos y luego “derramadas” hacia Europa y América Latina, el Estado Social, o Estado de Bienestar, fue perdiendo peso frente al Estado penal-policial, y cómo ese proceso se ha ido desarrollando a través de las agencias estatales creadas para atender la problemática sanitaria, educativa, poblacional y cultural de los ciudadanos, y que luego son utilizadas como instrumentos de control social. En ese contexto, las listas de quienes reciben algún tipo de ayuda social, porque son considerados en “situación de vulnerabilidad”, son luego cruzadas con las listas de las agencias judiciales y policiales, porque, como dice el ministro de Desarrollo Humano mendocino, la lógica que predomina en estos programas es que su función es disminuir el delito.

Quienes vivimos en la Ciudad de Buenos Aires hemos escuchado decir al actual jefe de gobierno Mauricio Macri, cuando hacía campaña electoral para el cargo, que iba a “prevenir el delito” mediante la creación de programas sociales. Es la misma lógica punitiva. La educación pública universal, de calidad y gratuita es un derecho de todos los niños y niñas, así como la salud y la vivienda dignas. El acceso a la universidad, lo mismo. La posibilidad de conseguir un primer empleo, igual. No son “ayudas”, sino obligaciones que el Estado tiene con cada uno de sus ciudadanos, y de manera muy especial, con sus niños y niñas. Y no deben ser implementadas para “prevenir el delito”, sino como cumplimiento de esa obligación. No educamos a nuestros hijos, o los mandamos a hacer deportes, o los ayudamos a encontrar trabajo “para que no cometan delitos”, sino porque entendemos que tienen derecho a estudiar, divertirse y trabajar cuando tengan edad para hacerlo.

Las listas y padrones son una forma de recortar derechos y de controlar personas. Implican una visión estigmatizante en sí misma. Se asocia pobreza con violencia familiar y con delito, y se comienza a marcar a los niños desde que nacen, porque son hijos de determinada familia o viven en un barrio “vulnerable”.

En Mendoza, como en Buenos Aires o en cualquier otra provincia, hay barrios donde se vive en condiciones inhumanas, y hay miles de niños no van a la escuela porque deben trabajar -en la cosecha, en la calle- para ayudar a sus familias. En lugar de enlistarlos, y ponerle nombre y apellido a la exclusión, lo que debería hacerse es remover las condiciones estructurales que ponen a esos barrios, a esas familias y a esos niños en “condición de vulnerabilidad”.

Pero hay casos en los que coincide la percepción de los desesperados con las agujas del reloj, y lo que pasan son las horas. Y con las horas, avanza la muerte.
5 de enero, víspera de Reyes. Los diarios informan que “murió el nene que esperó cinco horas una ambulancia”.
El nene se llamaba Claudio, y en la noche del 30 de diciembre un arma disparada accidentalmente por un adolescente de 16 años le provocó una herida en la cabeza. Vivía en Ingeniero Budge con su abuela y su tío Cristian, de 18 años. Desde que fue llevado al hospital Materno Infantil Oscar Alende de Ingeniero Budge, (Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires) hasta que una ambulancia lo trasladó al Hospital Garrahan, en Parque Patricios (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) pasaron más de cinco horas, para un viaje que no lleva más de treinta minutos.
Una vecina contaba a un diario local: “Claudio no tiene ni mamá, ni papá. Vive con su abuela, tíos y primos. Es un nene divino, que siempre juega con mi hijo, estamos muy mal. Cuando dispararon vi que Cristian estaba con un amigo tirándose el arma, el uno al otro. Se reían, pero en un momento se disparó un tiro y le pegó a Claudito. El pibe salió corriendo por la calle y el tío del nene entró desesperado a buscarlo. Salió a la calle y entre todos los vecinos lo ayudamos. Finalmente los trasladó al hospital Alende un policía que vive en la esquina”.
Pero el Alende no pudo hacerse cargo del niño. Quizá por los mismos motivos por los que, el 20 de agosto de 2009, un conjunto de organizaciones sociales, gremiales y políticas de Lomas de Zamora, nucleadas en el Foro de Salud de Lomas de Zamora, iniciaron una campaña por la provincialización del Hospital Oscar Alende: “Lo hacemos pues desde su inauguración hace 10 años, el hospital nunca funcionó como es debido padeciendo graves carencias de insumos, mantenimiento y personal. El mayor extremo de esto es que siendo un hospital "materno infantil" es habitual que estén descubiertas las guardias de pediatría.” Tal vez por eso hubo que derivarlo, con una urgencia de la que Claudio no gozó.
Los responsables del atraso serán sometidos a un sumario administrativo. El adolescente que disparó el arma “está siendo buscado por la policía”, y tal vez sea encontrado y condenado como el criminal que no quiso ser. El tío del niño cargará para siempre con la culpa de haber participado en el hecho que derivó en la muerte de su sobrino. La abuela seguirá llorando desesperada, como lo estuvo durante esas horas en que la ambulancia no llegaba.
Pero ninguna de esas consecuencias tiene que ver con las causas reales de la muerte de este niño, uno más de los pibes casi sin nombre, muerto, finalmente, porque hay algunos lugares donde las ambulancias tardan demasiado en llegar.