APDN

El pasado jueves 22 de Octubre, obtuvo media sanción en el Senado de la Provincia de Buenos Aires, un proyecto que extiende de 12 a 24 horas el plazo en que un menor podrá estar privado de su libertad en las comisarías provinciales.

Del mismo modo, hace dos semanas la Cámara de Apelaciones y Garantías de la Ciudad de La Plata hizo lugar a una apelación presentada por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, habilitando a la policía a detener a niños y niñas en las comisarias por averiguación de identidad o para ser restituidos a sus padres.

Ambas iniciativas, allanan el camino para profundizar la criminalización de la niñez y se dan en un marco donde distintos sectores del poder vienen articulando en bloque una “legalización” de prácticas policiales abusivas, que en lo cotidiano se realizan de facto y que son pasos que buscan legitimar en la sociedad el intento de bajar la edad de imputabilidad.

Desde nuestra conformación como organismo de denuncia hemos sido y SOMOS TESTIGOS de detenciones ilegales de niños y niñas en situación de calle. Detenciones que son acompañadas por torturas de toda clase: golpes, apremios, insultos y vejaciones. Además se los/as encierran junto con adultos, se los/as esposa y mantiene totalmente incomunicados/as.

Los niños y niñas de los barrios del distrito sufren la misma situación, según constatan las organizaciones que componen esta Asamblea. Convirtiéndose estos en crímenes aún más invisibilizados por los medios de comunicación y el poder político.

Como es de público conocimiento, los niños y niñas pobres son utilizados por redes delictivas policiales, para cometer delitos a cambio de dinero o el suministro de drogas. Y cuando ellos/as quieren salir de ese círculo o no aceptan ingresar en él, son amenazados, golpeados, asesinados o desaparecidos, como sucedió con Luciano Arruga en Lomas del Mirador.

Para frenar esta avanzada contra la infancia, convocamos a todas las organizaciones sociales a debatir estos problemas y buscar estrategias para llevar adelante acciones contundentes como respuesta a estos ataques.

Este viernes 20/11 a las 18.30 Hs.
En la Facultad de Trabajo Social (9 y 63)
Aula 6

Asamblea Permanente por los Derechos de la Niñez

Era un día como otro cualquiera, pero no lo fue. Estabas sólo entre los cristales rotos, el olor a meos, la suciedad, pasto de ratas que no se ven, pero se saben...

Envuelto en la frazada mugrienta que te protegía insuficientemente del frío. Hecho un ovillo de brazos y piernas. Sólo se distingue tu pelo enmarañado y áspero. Hoy no hay nadie más que vos...

Te desperezas cuando escuchas nuestras voces y, al estirar un poco la frazada, se descubre tu sonrisa somnolienta, tu rostro pecoso, tus ojos oscuros, llenos de legañas...

Hay café con leche y compañía... ¿querés?

No te sentías bien... Necesitabas levantarte, pero estabas tan mareado que no podías. Te ayudamos a ponerte en pie, necesitabas echar fuera la mierda del día anterior. Esa mierda que te consume de a poco, esa mierda que te hace olvidar tanta otra mierda.

Y salió la mierda acumulándose entre los meos, como un torrente de tu cuerpo que no soporta más, que dice ¡ya basta!, que protesta...

A la penumbra de la mañana, después de sacudir tu cuerpo se sacudió tu alma. Y un remolino de palabras descargó atravesando tu boca. Tus lágrimas gritando la soledad y el dolor. Tus palabras entrecortadas que dicen que ya no puedes más...

Y lloramos los tres... Vos por no tener consuelo, nosotros por no tener otro consuelo que ofrecerte...

Y entre las lágrimas pensé: me das el privilegio de tu confianza. Me permites entrar en ese mundo que muy pocos conocen. Y sólo puedo acariciarte y darte toda mi ternura...

¡Ojalá muchos más pudieran sentir tu dolor!

Y después de la sacudida, vinieron las risas nerviosas. Y después de la risa, la dureza. Te envolviste con ella a modo de frazada, para soportar un nuevo día, para aventurarte a través de la mierda...

Quedará como un secreto entre nosotros, ese momento, ese instante en que sólo fuiste niño... Un niño asustado y tremendamente dolorido... Un niño... que se protege como puede del mundo.

(Capital Federal)

Operadores del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes y el coordinador de un parador denunciaron que el chico, en situación de calle, fue golpeado y amenazado por cuatro miembros del grupo de choque, reconocido como UCEP (Unidad de Control del Espacio Público). Aún no fueron a la Justicia porque el chico está aterrorizado.

Durante tres meses caminó las calles porteñas. Con poco más de 15 años, dejó la escuela y empezó a hacer algunas changas. De noche, buscaba un lugar tranquilo donde poder dormir. La madrugada del viernes 16 eligió el anfiteatro del Parque Lezama. Pero mientras descansaba sobre las escalinatas, sufrió el ataque de personal de la Unidad de Control del Espacio Público. Fueron cuatro hombres vestidos de negro: “Dos le pegaron patadas y puñetazos, otro tenía un bidón con nafta y amenazó con prenderlo fuego si volvía a aparecer por el lugar y, el último, le puso una pistola en la cabeza para asegurarle que hablaban en serio”. Gerardo es coordinador de un parador contratado por el gobierno porteño para albergar a chicos en situación de calle. Actualmente tiene a su cuidado al pibe golpeado y amenazado por la patota de la UCEP. “Intentamos hacer la denuncia, pero el chico está muy asustado y no queremos presionarlo”, dijo a Página/12. Por el momento, tampoco el Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes realizó presentación judicial alguna.

Contusiones en piernas y brazos, varias costillas lesionadas y el riesgo de perder la visión en el ojo izquierdo fueron las consecuencias del ataque del grupo de choque PRO contra el chico de 15 años. Desde la golpiza, el adolescente está siendo atendido por especialistas del hospital oftalmológico Santa Lucía. “El chico tiene mucho miedo”, relató Gerardo que, “por resguardo del pibe”, no quiso decir su apellido ni el nombre del hogar que coordina.

Pasada la medianoche del viernes 16, el chico fue despertado abruptamente. En las escalinatas del Parque Lezama se escucharon las palabras del grupo de choque del gobierno porteño. “Le gritaron: ‘Te tenés que ir de acá. Rajá’ –contó Gerardo–. Al toque lo empezaron a insultar: ‘Si te vas a morir que no sea acá’.” Después, sólo hubo golpes y amenazas. Los agresores del chico fueron cuatro. Todos vestidos de negro e integrantes de la UCEP. En un comunicado de prensa, el gremio de empleados de ATE del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes confirmó la identidad de los violentos funcionarios porteños: “Hubo un testigo que vio toda la situación y aseguró que los tipos eran personal de la unidad macrista”.

Un delegado gremial, trabajador del Departamento de Prevención y Fortalecimiento de Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal –dependiente del Consejo– aseguró que “de manera contraria a lo dicho por (Mauricio) Macri, nosotros denunciamos que este tipo de hechos contra los jóvenes pobres está completamente relacionado con el escaso presupuesto que el gobierno les asigna a las áreas de adolescencia y niñez”. La ciudad tiene entre tres y cinco mil pibes en situación de indigencia y, “paradójicamente, mientras aumenta la exclusión social la única respuesta pública es la UCEP”, explicó el vocero gremial.

Según le contó el chico a Gerardo, “mientras dos de los tipos le pegaban, otro que tenía un bidón con nafta amenazó con prenderlo fuego”. También y para asegurase de que el chico no volviera a intentar dormir por la zona, “le apuntaron con un arma en la cabeza. Después se fueron y el pibe quedó tirado en las escalinatas del parque (Lezama)”, contó el coordinador. El hombre destacó además que “los cobardes nunca se identificaron, pero algunos vecinos dijeron que eran del Gobierno de la Ciudad porque ya los habían visto actuar en algunos desalojos”.

El chico golpeado “llegó, como pudo, hasta la guardia del Hospital Argerich y pidió llamar al 108 –dijo Gerardo–. Entonces, un comando de nuestro equipo de asistencia lo atendió y le sacó fotos para la posterior denuncia, después lo derivaron al hogar”. Sin embargo y como “sabemos que la UCEP está actuando con fuerza por el barrio, no queremos exponerlo y estamos esperando que el propio Consejo (de Niñas, Niños y Adolescentes) derive un informe a la Justicia”. El temor de Gerardo está relacionado con otra agresión de la patota macrista: “Hace unos días, en la plaza Martín Fierro, a otro chico también lo molió a golpes la fuerza parapolicial del gobierno”, denunció el coordinador.

YA LO APROBO EL SENADO

Los menores de 18 años que sean detenidos por la Policía en territorio bonaerense por la presunta comisión de un delito podrán permanecer en las comisarías hasta por 24 horas, tiempo durante el cual el fiscal deberá pedir al juzgado de Garantías que se libre una orden de detención y su traslado a un centro no policial específico para esos casos.

Así lo establece un proyecto que ayer fue aprobado por el Senado que amplía de 12 a 24 horas el plazo permitido por la ley para mantener detenidos a menores en comisarías antes de que la Justicia inicie un proceso en su contra y disponga dónde se lo alojará.

Además, la iniciativa propone extender de cinco a diez días el plazo con los que cuenta la Fiscalía para solicitar al juzgado de Garantías que fije audiencia tendiente a decidir si se aplica o no la prisión preventiva de los menores ante casos "de gravedad".

Los cambios apuntan, explica Acuña, a mejorar aspectos operativos de la administración de justicia para los menores en la Provincia.

Y se sanciona en medio de un fuerte debate en el seno del Poder Judicial y del Ejecutivo por el tema, luego de que la Cámara Penal de Apelaciones de La Plata habilitara nuevamente a la Policía Bonaerense a detener menores por averiguación de identidad o para entregarlos a sus padres, una facultad que le había sido retirada luego de que prosperara un pedido de hábeas corpus colectivo presentado por el defensor oficial Julián Axat.

ARGUMENTOS

En los argumentos, la autora del proyecto señala que la modificación del límite horario para la permanencia de los menores detenidos dentro de comisaría obedece a que el plazo actual, de doce horas, "resulta extremadamente exiguo para que el Juez pueda expedirse sobre una situación tan delicada como lo es hacer lugar a una orden de detención con un tiempo tan escaso para la resolución de esta cuestión".

En cuanto a la reforma del artículo 43, para las causas "graves", el proyecto aprobado por el Senado propone ampliar el plazo de días con los que cuenta la fiscalía para requerir al juzgado de Garantías que fije audiencia con el objetivo de decidir si de dicta la prisión preventiva al joven detenido.

"En la práctica, el plazo de cinco días (que hoy determina la ley) resulta insuficiente para recabar pruebas que se requieren para que el Juez se expida sobre esa cuestión", dice Acuña. "Ante esto es que se plantea extender el plazo en diez días para decidir sobre el pedido de detención en prisión preventiva".

Un fallo de la Cámara platense había autorizado a detener a chicos menores de edad. La sentencia no entró en vigencia porque fue apelada. Pero la policía ya se puso en marcha.

Son tres chicos de entre 14 y 15 años, viven y duermen en las calles de La Plata, no concurren a la escuela, no reciben asistencia en salud y, según una denuncia de la Asamblea Permanente por los Derechos de la Niñez ante la justicia platense, estuvieron detenidos en la Comisaría Nº 1 de esa ciudad entre el 11 y el 12 de este mes. La detención se produjo a 15 días de que la Cámara de Apelaciones de La Plata revocara una medida judicial que impedía la detención de menores de edad, aunque la orden en teoría no debía entrar en vigencia porque fue apelada ante la Corte Suprema provincial. Para el defensor juvenil Julián Axat esta situación generará una “zona gris en el accionar policial frente a los chicos en situación de calle”.

Ricardo De Udaeta es el integrante de la asamblea que encontró a los chicos con moretones y marcas en las muñecas por la presión de las esposas policiales. También es quien realizó la denuncia ante la fiscalía Nº 4 de La Plata. Lo hizo a pesar de que los chicos le dieron a entender que no tenía sentido. “El que los golpee la policía es algo que ellos ya tienen naturalizado”, destacó.

Por eso, en diálogo con Página/12, apuntó que “el caso de los chicos (por los tres detenidos el 11 y 12 de octubre) es paradigmático. Los pibes en situación de calle son sistemáticamente perseguidos por la policía, que les moja los colchones donde duermen y tira gas pimienta en los rincones” callejeros en los que sobreviven.

Además, el integrante de la asamblea denunció que “la única presencia institucional que perciben los chicos es la de la policía. En el caso particular de estos tres chicos, el viernes anterior a quedar detenidos en la 1ª, fueron demorados por efectivos de la 9ª y la asistencia social brilló por su ausencia” (ver aparte).

En octubre de 2008, fue el juez platense Luis Arias quien respondió a un pedido de hábeas corpus colectivo para prohibir la detención o demora de chicos por parte de la policía local por averiguación de identidad, contravenciones, pedidos de captura o para ser entregados a sus familias.

El hábeas corpus fue pedido por el defensor ante el fuero penal juvenil Nº 16, Julián Axat, que la semana pasada salió en su defensa al apelar, en segunda instancia, la decisión de la Cámara de Apelaciones platense ante la Corte Suprema provincial.

“Si la policía desobedece el fallo de Arias está cometiendo un delito, porque la orden (de no detener menores de 18 años) aún sigue en vigencia. Pero la decisión de la Cámara de Apelaciones es una señal fuerte hacia la policía para legitimar las detenciones. Por eso, pido a la Corte que se expida con rapidez y aclare esta zona gris para con el accionar policial frente a los chicos en situación de calle”, resaltó.

La contradicción del accionar policial a partir del fallo judicial también está presente dentro de las órdenes dadas por el Ministerio de Justicia provincial. Es que el Ministerio de Seguridad bonaerense fue el que tramitó la apelación ante la Cámara de Apelaciones para revocar el límite puesto a la policía por el fallo de Arias. Pero aún sigue vigente la resolución de octubre de 2008 con la que el titular de la cartera de Seguridad, Carlos Stornelli, ordenó a las fuerzas policiales platenses el “cumplimiento a la orden judicial (dictada por Arias) hasta que recaiga sanción definitiva”.

La situación judicial actual no es la que provocó que la policía desobedeciera la orden sino que Axat relevó siete casos en que los uniformados “violaron la prohibición a la detención”. Y elevó una causa ante la Fiscalía de Investigaciones Complejas local a partir del caso de un chico de 15 años detenido 43 veces por uniformados platenses. En el caso también aparece la 1ª y la ausencia de asistencia social.

“Es un caso paradigmático en el que muestro la discrecionalidad policial que sigue existiendo y lo que puede ocurrir si la Justicia decide revocar el fallo de Arias y no controlar este tipo de contravenciones policiales.”

Una ONG denunció que tres adolescentes fueron maltratados después de haber sido arrestados dos días seguidos. Los hechos ocurrieron a poco de que la Cámara de La Plata revocara un fallo que considera inconstitucional la detención de menores.

“Esto nos pasa siempre”, dijo resignado uno de los chicos. Tenía el ojo derecho morado, lastimaduras en todo el cuerpo y en las muñecas le quedaron las marcas de las esposas. Sus dos amigos mostraron las mismas heridas. Luego de detenerlos dos días seguidos, los policías les mojaron sus colchones y les tiraron gas pimienta para que no durmieran en la calle. La Justicia investiga si un grupo de efectivos de la Comisaría 1ª de La Plata golpeó y encerró en una celda a tres chicos de 14 años. El hecho ocurrió el lunes 12, tres días después de que la Cámara Penal de Apelaciones de La Plata revocara un fallo que consideraba ilegítima e inconstitucional la detención de menores por contravenciones o averiguaciones de identidad.

“La Comisaría 1ª de La Plata actúa sistemáticamente en contra de los menores que están en situación de calle. Como el Estado no les da contención ni tratamiento a los menores, suple esa falta con la represión policial. Estos chicos fueron detenidos sin causa el 11 y el 12 de octubre”, dijo Ricardo De Udaeta, integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos de la Niñez, organismo que presentó la denuncia el miércoles 14 en la Fiscalía Nº 4 de La Plata, a cargo de Fernando Cartasegna. El número de la causa es 3.578/09.

Crítica de la Argentina intentó obtener la versión de la Comisaría 1ª, presidida por el comisario Piqué, y del Ministerio de Seguridad bonaerense, pero al cierre de esta edición no había obtenido respuesta.

La detención de menores es un tema que está en pleno debate judicial. El 20 de noviembre de 2008, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires ratificó un fallo del juez en lo Contencioso N° 1 de La Plata, Luis Arias, quien prohibió a la policía detener a menores. Así, hizo lugar a un pedido de hábeas corpus colectivo interpuesto por el titular de la Defensoría Oficial Nº 16, Julián Axat.

Pero, el 9 de octubre, la Cámara Penal de Apelaciones de La Plata habilitó otra vez a la policía a demorar o detener a menores en esa ciudad por contravenciones, averiguación de identidad, pedidos de captura o para ser entregados a sus familias. Ese tribunal resolvió favorablemente la apelación presentada por el Ministerio de Seguridad bonaerense contra el fallo de Arias. Axat apeló ante la Suprema Corte bonaerense, que deberá finalmente dirimir la cuestión, porque esas detenciones vulneran las garantías constitucionales y de la Convención Internacional por los Derechos del Niño.

La Comisaría 1ª de La Plata también está involucrada en el caso de un chico de 15 años que vive en la calle, frente a la Gobernación bonaerense, y en un año y medio fue detenido 43 veces por los policías de esa seccional. Axat presentó una denuncia ante la Fiscalía de Investigaciones Complejas de La Plata para que se investigue la actuación policial. “Si el Ministerio Público Fiscal no puede explicar tales detenciones contra un menor de edad, entiendo que parte de las 43 aprehensiones policiales resultan ser provocadas, arbitrarias e injustificadas. Debe investigarse si existieron hechos delictivos por parte de funcionarios policiales”, argumentó.

Según De Udaeta, los menores suelen ser detenidos y golpeados: “Son estigmatizados de manera perversa. Muchas veces son detenidos en comisarías y no quedan registros porque son procedimientos ilegales. Los menores nunca quieren hacer la denuncia porque ya están acostumbrados a que les peguen, les echen gas pimienta y les mojen sus colchones para sacarlos de la calle. Pero nadie los asiste y el gobernador (Daniel) Scioli sólo habla debajar la edad de imputabilidad. Ningún pibe nace chorro”.

OPINIÓN

Una Justicia para pobres

Luis Federico Arias (Magistrado del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº1 de La Plata)

Mi fallo que prohíbe las detenciones de menores por contravenciones y averiguación de antecedentes rige hasta que la Corte Suprema bonaerense no se expida. Es grave si en un comisaría han violado la orden judicial: espero que haya el mismo rigor para juzgar a los policías como el que se tiene con los menores. Hace poco tiempo mataron a un muchacho en un patrullero con un tiro en la cabeza y los policías fueron liberados. Ahí no se dice, como normalmente se suele escuchar, que entran por una puerta y salen por la otra. La Justicia tiene que ser pareja para todos. Pasa lo mismo con mis denuncias contra funcionarios públicos: las causas son archivadas.

Hay una Justicia para pobres. No es verdad que los pobres no tengan acceso a la Justicia: lo tienen, pero en la justicia penal. No hay una crisis de seguridad, sino una falta de compromiso. Se criminaliza a los menores: se los considera delincuentes, asesinos y drogadictos. Dejarlos en situación de abandono es grave; es un delito de lesa humanidad. Hay un terrorismo estatal silencioso y una falta de atención notable hacia las personas que se encuentran en situación de extrema pobreza y vulnerabilidad.

Por Ricardo De Udaeta

Un día después de que la policía bonaerense quedara habilitada para detener en sus correspondencias a menores de edad por averiguación de antecedentes y otras contravenciones, tres de los niños que viven en situación de calle nos contaron que fueron detenidos por la policía de la Comisaría 1º de La Plata, a cargo del comisario Daniel Pique. El saldo de la detención fue la terrible golpiza que recibieron estos niños por parte de la policía, dejándoles los ojos morados, marcas en la muñeca por el apretón de las esposas y otra serie de heridas ubicadas en la espalda y en el antebrazo.

El acontecimiento nombrado anteriormente, fue narrado por los pibes en forma de picardía o chiste, señalando el grado de naturalización que tienen estos jóvenes sobre las prácticas policiales, y ampliando el número de denuncias que tiene la Comisaria 1º de La Plata en materia de maltrato a niños y niñas en situación de calle. Días antes a lo sucedido, estos mismo chicos víctimas del abuso policial fueron demorados en la Comisaría 9º por un supuesto robo.

Ante el marco detallado anteriormente nos preguntamos: ¿Cómo no se intervino desde la Subsecretaria de Niñez de la Provincia? ¿Cómo puede ser que estos niños vivan en la calle, con frió, hambre y persecuciones constantes de la policía?

A poco de cumplirse un año de la muerte de Pedro Oyarse, tanto el Estado Provincial como el Municipal sigue apartando de su agenda la materialización efectiva de la Ley 13298 “De Promoción y Protección de los Derechos de los Niños”, dejando a la intemperie a decenas de chicos y chicas en riesgo moral y material. No obstante, la persecución, el maltrato y demás atrocidades cometidas desde el aparato policial, siguen presentándose como única respuesta devenida desde el Estado.

La ausencia de operadores de calle, de lugares de contención con personal capacitado, de automotores para el traslado de los niños a Centros Asistenciales o de Tratamientos Terapéuticos, de un Servicio Hospitalario Especial conformado por profesionales de disimiles disciplinas, entre otras tantas omisiones que ni siquiera una orden judicial pudo lograr, podría llevarse la vida de muchos de nuestros pibes que viven en situación de calle.

Desde este espacio, consideramos que cualquier daño que pueda pasarle a algunos de los pibes que están en situación de calle o que estos generen a terceros, se debe primero a la omisión del Estado en materia de niñez en riesgo, responsable de destinar políticas públicas de contención hacía los niños y niñas de esta provincia.

Entrevista a Julián Axat


Julián Axat aseguró que el miércoles apelará el fallo de la Cámara platense que avaló el arresto de menores en comisarías sin control judicial. "Esa resolución desobedece lo actuado por la Convención Interamericana en el caso Bulacio", explicó el funcionario judicial

El defensor del fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de La Plata ,Julián Axat, apelará ante la Suprema Corte bonaerense lo dispuesto hace días por la Cámara Penal al avalar la facultad policial de detener a menores -sin control judicial- por averiguación de antecedentes y contravenciones. “Es como darles un cheque en blanco”, dijo.

Esa facultad de la Policía, precisamente, había sido prohibida hace un año por el juez Luis Arias ante un planteo del defensor oficial Axat.
Esa prohibición fue apelada por el ministro de Seguridad de la Provincia Carlos Stornelli y la causa llegó a la cámara platense que ahora revocó el fallo de Arias.

Sin embargo, Axat adelantó que la sentencia que impide demorar a menores sin control judicial y obliga a la policía a realizar las correspondientes derivaciones a los centros zonales de contención “sigue vigente”.

Es que, según aclaró el defensor, ni bien se notifique de lo dispuesto por la Cámara, hará una apelación ante la Suprema Corte bonaerense y radicará una denuncia por “desobediencia” ante la Corte Interamericana de Derecho Humanos (CIDH) con el histórico precedente del caso Bulacio.
Fuentes judiciales confirmaron que el fallo de la Cámara aún no está firme. Y hasta que se expida la Suprema Corte resuelva la apelación del defensor oficial, la Policía seguirá sin poder detener a los menores sin dar aviso a la autoridad judicial.

“Lo que resolvió la Cámara es una barbaridad, porque el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil (creado para dar garantías a los menores) dejaría de tener control sobre la actuación policial frente a la niñez”, explicó el defensor oficial.

Si se da curso a lo planteado por la Cámara, el espíritu con el que se formó el Fuero Penal Juvenil se perdería por completo y quedaría en poder de la Policía”, subrayó Axat.

En octubre del año pasado el juez Arias había decidido otorgar la facultad al Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de controlar la detención de menores por figuras como las infracciones contravencionales, la averiguación de identidad, la entrega de menor, y la actualización del sistema de captura de niños y su caducidad, en una medida para paliar el abuso de autoridad en que podrían incurrir los efectivos de la Policía bonaerense.

Así dio lugar al recurso presentado por Axat, que sostuvo que la facultad que por entonces tenía la Policía de demorar a los menores durante 24 horas era “un cheque en blanco que se empleaba como un mecanismo paralelo, a modo de escarmiento, fuera del contralor de los defensores y los jueces”, porque la Policía no tenía la obligación de notificar aquellas aprehensiones.

Bulacio: un antecedente para no olvidar

La muerte de Walter Bulacio fue el detonante que llevó al cuestionamiento internacional del accionar policial que, por medio de razzias, contravenciones y detenciones por averiguación
de antecedentes, alojaba a los menores en las comisarías durante un día, sin control judicial alguno.

El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2001, condenó al Estado argentino por la muerte de Bulacio, y lo obligó a adecuar su legislación.
El 19 de abril de 1991 Walter David Bulacio, que por entonces tenía 17 años, había ido a ver un recital que Los Redondos de Ricota iban a ofrecer en el club Obras Sanitarias de la ciudad de Buenos Aires. Durante un procedimiento llevado a cabo por la Policía Federal Argentina, tuvo lugar una detención masiva en la que Walter Bulacio fue demorado junto a más de ochenta personas.

Alojado en la comisaría 35º, Bulacio fue golpeado salvajemente por varios efectivos policiales. Tanto él como el masivo grupo de menores detenidos fueron puestos en libertad en los días subsiguientes sin que se abriera una sola causa o se conociera siquiera el motivo de sus detenciones.
Estos episodios nunca fueron notificados ni al Juez de turno ni, en el caso particular de Bulacio, a sus familiares.

Fue por eso que el joven, víctima de la golpiza policial, fue derivado en la madrugada de aquel 20 de abril al hospital Pirovano, luego de vomitar en la seccional. De esto tampoco sus padres ni un juez estuvieron al tanto hasta que el propio Bulacio se lo pudo contar a su papá.
El médico que lo atendió en el Pirovano diagnosticó que el joven llegó al hospital con “traumatismo de cráneo”. Seis días más tarde Bulacio moría a causa de la brutal golpiza de la noche del recital.

En una decisión judicial la policía bonaerense fue autorizada a detener a menores de edad por contravenciones, averiguación de identidad, pedidos de captura o para ser entregados a sus familias.

Así lo estableció un fallo de la Cámara Penal de Apelaciones de La Plata. En la sentencia, que se fundamenta en el respeto por la división de poderes, los jueces María Riusech, Pedro Soria y María Silvia Oyhamburu autorizaron a los integrantes de la policía bonaerense a aprehender a menores en el distrito platense.

La sentencia hizo lugar a una apelación presentada por el Ministerio de Seguridad bonaerense -que contó con el patrocino de la Fiscalía de Estado- contra el fallo dictado en noviembre del año pasado por el juez en lo contencioso administrativo, Luis Arias.

En la resolución, se destaca que "se trata de una cuestión que hace a la esencia de la forma republicana de gobierno, ya que compromete la separación de poderes", mientras se aclara que "no se desconocen los derechos, sino la legitimidad del medio por el que se pretende hacer valer".
En aquella oportunidad, el magistrado había considerado inconstitucional la privación de la libertad de menores que no hubieran cometido delitos, por lo que dispuso prohibir a la policía la detención preventiva de menores de edad en jurisdicción del partido de La Plata.

En su fallo, Arias había sostenido: "No resulta razonable que, habiendo renunciado el Estado a la posibilidad de sancionar penalmente a un menor de 18 años por la comisión de determinados delitos, se promueva la aplicación de sanciones a los mismos por infracciones contravencionales" .

Julián Axat, titular de la Defensoría Oficial N° 16 de esta ciudad, fue quien inició el proceso mediante la presentación de un hábeas corpus, en el que planteó: "Los niños, niñas y jóvenes de esta ciudad padecen una amenaza actual, inminente y potencial a partir del cercenamiento de su libertad ambulatoria, realizado con ilegales, arbitrarias e inconstitucionales figuras policiales que se llevan a cabo sin el debido control judicial del fuero especializado".


Falta de protección

En realidad, el punto de partida de aquella resolución de Arias fue la creciente preocupación reflejada por organismos no gubernamentales, acerca de la falta de protección, salud y seguridad de parte de un grupo de menores en situación de riesgo que merodeaban por la céntrica plaza San Martín, frente a la Casa de Gobierno bonaerense.

Y, precisamente, en el recurso elevado por Axat se objetaba el accionar policial, sobre la base de que sus agentes llevaban adelante detenciones "bajo figuras ilegales, arbitrarias e inconstitucionales".

Pero, con este fallo, la Cámara de Apelaciones platense hace lugar al planteo de la Fiscalía de Estado, acerca de la interferencia de poderes en la que incurría la sentencia de Arias.

Horas después de haber firmado el fallo, Arias había dicho: "Se deben prevalecer los aspectos preventivos ante los represivos, porque estamos hablando de niños en estado de vulnerabilidad, con una enorme problemática desde el punto de vista familiar y social". El debate parece lejos de haberse zanjado.

Por Alberto Morlachetti

Ya no es una suerte de privilegio ser niño, aunque lo era cuando las palabras se parecían a las cosas y la palabra pibe era una gambeta cortita en los potreros. En realidad, ser niño no es más que una escaramuza, un combate que comienza con su advenimiento.
Esos pibes agazapados, entre el dolor y el hambre endémica que agobia los mañanas, aguardando noches enteras y días que no cesan en la esperanza de ser otros. Buscando quién sabe qué futuros detrás de esos tazones vacíos hasta el hartazgo, que empuja a salir como mariposas sedientas sobre los charcos.
Pero la noche les ha dejado apenas el deseo que no tiene más peso que el aire entre los dientes. Bajo constelaciones de escarcha la policía siempre nos sirve un plato de sangre en una esquina cualquiera, sin nombre y sin rostro, de donde siempre salen las víctimas.
Cuando se dice pibe, se dicen todos los derechos, proclama cierta “progresía”. Pero en la mayoría de nuestros barrios nada huele a esperanza, las cosas humanas han dejado de tener importancia. Cuando dicen pibe es un aviso de muerte o un tiro en la nuca.
Pero la memoria de tantos asesinatos no nos va a impedir recordar esas vidas luminosas. Borges diría la muerte -tempestad oscura e inmóvil- desbandará mis horas. Alguien recogerá mis pasos y usurpará mi devoción y esa estrella.

Consecuencias del amparo judicial dictado el año pasado