Este miércoles a partir de las 10:00hs, se estará realizando en el Senado de la Provincia de Buenos Aires, la Audiencia Pública convocada por el ejecutivo para discutir la modificación del actual código contravencional. Mientras alrededor de 196 personas se reunen en el palacio ubicado en calle 7, con un total de 68 expositores, afuera se encontrarán los integrantes de la Asamblea No al Código de Scioli. La asamblea compuesta por casi 50 organizaciones convoca a partir de las 13:00hs a una jornada que incluirá radio abierta, murgas, bandas, títeres y entre otras cosas.
Comunicado del Espacio No al Código de Scioli
En plena democracia, un tema complejo se hace visible en la agenda política provincial: la inseguridad.
Desde los diarios, la radio y la televisión, se realiza una descripción sesgada, y superficial de robos, asesinatos y secuestros, reduciendo la seguridad de la sociedad a la ejecución de algunos delitos del Código Penal.
El Gobierno Provincial, legitimado por estos discursos circulantes, impulsa el tratamiento legislativo de un proyecto que apunta al control social y la restricción de las libertades individuales y colectivas, la modificación del Código Contravencional o de Faltas vigente.
Ante esto debemos decir que:
El origen de los delitos y la violencia tienen raíces complejas y profundas, tanto sociales como institucionales: la falta de equidad social y de distribución de la riqueza, el desempleo, la exclusión y la desarticulación de las políticas educativas. Además el sistema policial-judicial al reducir intencionalmente el concepto de delito, oculta otros como la trata de personas, el narcotráfico a gran escala, el tráfico de armas, los desarmaderos, la estafa y la evasión de empresarios y la corrupción de funcionarios y políticos. Estos delitos no sólo ocasionan un daño social mucho mayor, sino que a través de sus nefastas consecuencias sociales están entrelazados con el origen de los delitos “de calle”.
Desde los diarios, la radio y la televisión, se realiza una descripción sesgada, y superficial de robos, asesinatos y secuestros, reduciendo la seguridad de la sociedad a la ejecución de algunos delitos del Código Penal.
El Gobierno Provincial, legitimado por estos discursos circulantes, impulsa el tratamiento legislativo de un proyecto que apunta al control social y la restricción de las libertades individuales y colectivas, la modificación del Código Contravencional o de Faltas vigente.
Ante esto debemos decir que:
El origen de los delitos y la violencia tienen raíces complejas y profundas, tanto sociales como institucionales: la falta de equidad social y de distribución de la riqueza, el desempleo, la exclusión y la desarticulación de las políticas educativas. Además el sistema policial-judicial al reducir intencionalmente el concepto de delito, oculta otros como la trata de personas, el narcotráfico a gran escala, el tráfico de armas, los desarmaderos, la estafa y la evasión de empresarios y la corrupción de funcionarios y políticos. Estos delitos no sólo ocasionan un daño social mucho mayor, sino que a través de sus nefastas consecuencias sociales están entrelazados con el origen de los delitos “de calle”.
Por su parte los códigos contravencionales han sido usados históricamente para detener sin orden judicial. Sancionan comportamientos ambiguamente tipificados, lo que abre la posibilidad de ser multado/a o encerrado/a por ser considerado “sospechoso/a” o “peligroso/a”, criterio definido por el “olfato policial”.
Cuando se “que la policía gane las calles” se está haciendo referencia a la ampliación del poder que los y las agentes tendrán para detener a personas, ampliando su poder discrecional. Desde la asunción del gobernador Scioli, las políticas impulsadas por el Ministerio de Seguridad apelaron a principios autoritarios en el uso de la fuerza y colocaron el eje en darle mas "potencia de fuego a la policía". De la mano de esto la Policía de la Provincia profundizó la detención de jóvenes y adolescentes por el simple hecho de ser portadores de un estigma. Se utilizan figuras inconstitucionales como “contravenciones”, “detenciones por averiguación de identidad”, aprehensiones injustificadas (a posteriori registradas como “entrega de menor”) y “pedidos de paradero” o “captura” contradiciendo lo establecido en la Constitución y fallos internacionales Estas medidas constituyen un mecanismo de persecución y control social de los sectores más desprotegidos de la sociedad.
El proyecto de Código Contravencional o de Faltas del Gobernador avanza en la criminalización de la protesta social y profundiza la represión de los sectores pobres y excluidos de la sociedad, otorgando más facultades discrecionales y arbitrarias a la Policía Bonaerense.
Así se podrá meter presos a vagabundos, mendigos, borrachos, cuidacoches, limpiavidrios, travestis y prostitutas. Los que participen de despedidas de solteros o tomen una cerveza. Tampoco las personas podrán cubrirse el rostro en la calle, gritar en su propia casa o participar en marchas, piquetes, corte de calles o escribir graffitis y leyendas.
Al mismo tiempo que no se desarrollan políticas de promoción e inclusión que apunten a dar solución a la desigualdad social. Medidas que nunca han sido llevadas a cabo por ausencia de una voluntad política de asignarles recursos, mientras sí se destina cada vez más dinero para políticas de encierro y castigo.
Este conjunto de medidas represivas y discriminatorias afectarán fundamentalmente a los sectores más vulnerados de nuestra sociedad, dando un manto de legalidad a muchas prácticas que ya existen, lo que lejos de ser una solución al problema de “inseguridad” agrava otros.
Todo esto profundiza un modelo social que, ante el aumento de la pobreza, de descontento social y, por lo tanto, de la organización y la protesta popular, sólo responde invisibilizando y encerrando al pobre y prohibiéndonos a todos y todas organizarnos y expresarnos.
No queremos una sociedad “controlada” bajo las armas y la amenaza constante de una institución corrupta.
Queremos una sociedad justa donde las políticas públicas de seguridad inclusivas, solidarias y democráticas, aseguren trabajo digno, salud, educación y vivienda para todas y todos.
Los códigos contravencionales son inconstitucionales
Convocamos este miércoles 3 de noviembre desde las 10 hs en calle 7 y 51 a participar de las actividades en torno a la Audiencia Pública del Senado de la Provincia
Cuando se “que la policía gane las calles” se está haciendo referencia a la ampliación del poder que los y las agentes tendrán para detener a personas, ampliando su poder discrecional. Desde la asunción del gobernador Scioli, las políticas impulsadas por el Ministerio de Seguridad apelaron a principios autoritarios en el uso de la fuerza y colocaron el eje en darle mas "potencia de fuego a la policía". De la mano de esto la Policía de la Provincia profundizó la detención de jóvenes y adolescentes por el simple hecho de ser portadores de un estigma. Se utilizan figuras inconstitucionales como “contravenciones”, “detenciones por averiguación de identidad”, aprehensiones injustificadas (a posteriori registradas como “entrega de menor”) y “pedidos de paradero” o “captura” contradiciendo lo establecido en la Constitución y fallos internacionales Estas medidas constituyen un mecanismo de persecución y control social de los sectores más desprotegidos de la sociedad.
El proyecto de Código Contravencional o de Faltas del Gobernador avanza en la criminalización de la protesta social y profundiza la represión de los sectores pobres y excluidos de la sociedad, otorgando más facultades discrecionales y arbitrarias a la Policía Bonaerense.
Así se podrá meter presos a vagabundos, mendigos, borrachos, cuidacoches, limpiavidrios, travestis y prostitutas. Los que participen de despedidas de solteros o tomen una cerveza. Tampoco las personas podrán cubrirse el rostro en la calle, gritar en su propia casa o participar en marchas, piquetes, corte de calles o escribir graffitis y leyendas.
Al mismo tiempo que no se desarrollan políticas de promoción e inclusión que apunten a dar solución a la desigualdad social. Medidas que nunca han sido llevadas a cabo por ausencia de una voluntad política de asignarles recursos, mientras sí se destina cada vez más dinero para políticas de encierro y castigo.
Este conjunto de medidas represivas y discriminatorias afectarán fundamentalmente a los sectores más vulnerados de nuestra sociedad, dando un manto de legalidad a muchas prácticas que ya existen, lo que lejos de ser una solución al problema de “inseguridad” agrava otros.
Todo esto profundiza un modelo social que, ante el aumento de la pobreza, de descontento social y, por lo tanto, de la organización y la protesta popular, sólo responde invisibilizando y encerrando al pobre y prohibiéndonos a todos y todas organizarnos y expresarnos.
No queremos una sociedad “controlada” bajo las armas y la amenaza constante de una institución corrupta.
Queremos una sociedad justa donde las políticas públicas de seguridad inclusivas, solidarias y democráticas, aseguren trabajo digno, salud, educación y vivienda para todas y todos.
Los códigos contravencionales son inconstitucionales
Convocamos este miércoles 3 de noviembre desde las 10 hs en calle 7 y 51 a participar de las actividades en torno a la Audiencia Pública del Senado de la Provincia
Radio Abierta // Exposiciones // Títere // Intervenciones // Bandas
¡Digamos no al código contravencional!
Convocan: Comité contra la Tortura, Frente Popular Darío Santillán, CIAJ (Colectivo de Investigación y Acción Jurídica), Asamblea Permanente por los Derechos de la Niñez, CTA (Central de Trabajadores Argentinos) La Plata-Ensenada, Colectivo de Educación Popular en Cárceles, Lanzallamas, La Cantora, Frente Territorial 26 de Junio, Partido Proyecto Sur- Pcia. de Buenos Aires, Unión del Pueblo, Campaña por la despatologización de las identidades trans argentina, M.P.R. Quebracho, COPA, FULP Movimiento Estudiantil Liberación, Coordinadora por la Libertad de los Presos Políticos, Juventud Guevarista, ISEPCI , Jóvenes de Pie.
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